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Política educativa

Los años de recortes dejan las plantillas universitarias envejecidas y precarizadas

Un 42% del personal docente e investigador en la universidad pública española tiene un contrato temporal, dato que excede el límite máximo permitido por ley. Los campus tienen un 4% menos de profesores que hace seis años y se ha invertido la tendencia por la que los funcionarios eran mayoría: ahora lo son los contratados.

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Andrew Tan / Pixabay

Las decisiones políticas adoptadas por la crisis han dejado unas plantillas universitarias de personal docente investigador (PDI) precarizadas y envejecidas. “Es una realidad objetiva que esto ha pasado”, concede Carlos Andradas, presidente de la Comisión de Asuntos Académicos de la Conferencia de Rectores (CRUE), “porque con la tasa de reposición no se han podido reponer las bajas”.

Se refiere a que por ley y para ahorrar, desde 2010 hasta este año las universidades solo han podido reponer entre un 0% y 10% de los profesores que se han ido jubilando. Donde había profesores titulares funcionarios, ahora hay asociados en precario.

La situación ha llegado a un punto en el que la CRUE ha levantado la voz para lamentar la situación. En una nota, muestra su “preocupación por las condiciones laborales de PDI (profesores) y PAS (personal administrativo y de servicios) pidiendo, entre otras acciones, (…) la eliminación de la tasa de reposición [que ahora está al 100%, lo que permite reponer a los jubilados, pero no recuperar personal perdido], así como medidas para la estabilización del trabajo temporal y la mejora de la promoción interna de ambos colectivos”.

El trabajo temporal al que alude la CRUE es uno de los principales indicadores de la calidad del empleo en la universidad, que tiene un reflejo también para los alumnos. Y los datos no dejan muy bien a los centros públicos. De hecho, la media de temporalidad en las universidades está por encima del máximo que permite la ley.

La normativa establece que las universidades no pueden superar un 40% de temporales (personas) en sus plantillas de PDI. Y sin embargo la media estatal está en el 42,4%, según datos aportados a partir de la estadística oficial del Ministerio de Educación por Vera Sacristán, profesora de la Universidad Politécnica de Catalunya y miembro del Observatorio del Sistema Universitario catalán. Hace dos cursos la cifra era del 39,3%.

Y eso de media, porque hay comunidades autónomas que se pasan por mucho como las Islas Baleares (57,9% de temporales), Catalunya (54,3%), Navarra (52,6%) o Castilla La Mancha (50%). Solo seis comunidades están en los límites legales de temporalidad: Galicia (26,1%), Asturias (27,5%), Andalucía (32,6%), Canarias y Extremadura (35,8% las dos) y La Rioja (35,9%).

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Sobrepasando el límite legal

Hay más. Por un lado, la evolución en la relación en los campus entre funcionarios y contratados. Con carácter general, en los últimos años se ha invertido la estadística habitual y ya hay más profesores contratados que funcionarios. Sin ir más atrás en el tiempo, cuando la diferencia a favor de los funcionarios era notable, hace seis años ambas categorías estaban ya en un empate técnico en cuanto a número total en las plantillas. En el curso 2015-2016, los profesores funcionarios suponen un 46% de las plantillas y los contratados un 48% (el resto son profesores eméritos y otras figuras).

El problema con esta estadística de funcionarios-contratados es que no desagrega los contratos temporales de los laborales, que es donde se encuentra la precariedad, según explica Julio Serrano, responsable de Universidad de CC OO. “Hay una mayor temporalidad de la que aparece en los datos del ministerio”, explica. “Sin tener en cuenta a los profesores asociados —que están cubriendo la docencia de los jubilados y es una figura que se debería usar para profesionales de su sector que imparten alguna clase en la universidad— sale una precariedad importante, en torno al 50% de los contratados”, calcula Serrano.

El asociado como (mala) solución

A este cambio de mayorías entre contratados y funcionarios se llega a partir de la imposibilidad que han tenido las universidades en los últimos años de sustituir a los funcionarios que se han ido jubilando por la eliminación de la tasa de reposición. Para llenar el vacío que esto les ha generado en la docencia, han recurrido a contratar, entre otras figuras, a los profesores asociados sobre todo, según admite Andradas.

“Casi todas las vacantes que ha habido estos años se han repuesto por la vía de los contratos de asociados”, explica. “Y esto afecta mucho a las universidades. Repercute en horas de atención a alumnos, en la calidad de la docencia y en la investigación, no se les puede exigir actividad investigadora”, añade. Además de que es una figura muy mal remunerada (cobran unos 300 euros al mes por tres horas de clase y tres de tutoría a la semana) que contribuye a precarizar las plantillas.

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Y eso cuando se hace bien, porque en ocasiones los profesores asociados ni siquiera cumplen los requisitos que marca la ley. Quienes entran en la universidad bajo esta figura laboral deben ser profesionales de otros sectores que den clase puntualmente en la universidad para contar su experiencia laboral concreta, en la que son especialistas. Es obligatorio que tengan un trabajo ajeno a la universidad durante todo el tiempo que estén dando clase. Sin embargo, se está contratando bajo esta figura a personas sin ninguna otra actividad para ejercer docencia de manera continua (los llamados falsos asociados).

Las plantillas

Las plantillas en sí, en cuanto a números brutos, no han variado tanto, aunque sí lo hayan hecho, como se ha explicado, las relaciones de funcionarios-contratados y fijos-temporales. Desde el curso 2010-2011, y como consecuencia fundamentalmente de la eliminación de facto de la tasa de reposición, el conjunto de universidades públicas en España han pasado de tener 100.331 profesores a 95.601 en el 2015-16, el último del que hay estadísticas oficiales. Esto supone que los campus tienen 4.730 docentes menos, un 4% de caída, según los datos oficiales del Ministerio de Educación.

El envejecimiento

Respecto a la edad de las plantillas, la eliminación de la tasa de reposición ha provocado un envejecimiento de las mismas. En los cuatro cursos académicos que van desde el 2011-2012 al 2015-2016, la edad media de los trabajadores universitarios ha pasado de 48 a 50 años, según estadísticas del ministerio.

Bajando al detalle, el cuerpo de funcionarios ha pasado de tener 51,6 años a 54 y los contratados de 43,7 a 45, según datos recopilados por Serrano a partir de la misma fuente. Por franjas de edad, el porcentaje de la considerada “plantilla joven” (menores de 35 años) también ha caído: de un 9,7% de media hace cinco cursos al 6,1% el último año. Por último y siguiendo la línea, el personal en “proceso de jubilación” (los que tienen entre 60 y 66 años, susceptibles de retirarse cuando quieran) han subido desde un 10,8% al 12,9%.

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Y esto es un problema, razona Sacristán: “Lo que más consecuencias tiene es la falta de captación en plazas adecuadas de estudiantes de doctorado y postdoctorales. No tener jóvenes en la fase pre o postdoctoral que puedan servir de cantera para el futuro es dramático”.

“La universidad puede sobrevivir un tiempo con más asociados y gente en precario, pero estás hipotecando el futuro. Cuando las generaciones del gran boom de la universidad española nos jubilemos, ¿dónde está el relevo? ¿Dónde están los jóvenes que van tirar del carro, montar equipos? No los estamos cogiendo y estamos generando un gap respecto al futuro”, advierte.

Esta noticia ha sido publicada en eldiario.es

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