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El Ministerio estudia un tercer requerimiento a Catalunya por adoctrinamiento

Tanto el ministro como C's y el PP ven la necesidad de dotar de mayores competencias a la Alta Inspección de Educación para que pueda trabajar menos subsidiariamente frente a las CCAA.

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El ministro Íñigo Méndez de VIgo durante una sesión del Pleno. Fotografía: Congreso de los Diputados.

Así lo aseguró el Ministro de Educación tras la sesión de la comisión parlamentara de Educación en la que se habló del Pacto por la educación. Según recibiendo denuncias de familias por adoctrinamiento en las aulas de Catalunya y se analizará la posibilidad de un tercer requerimiento al Departamento de Educación para que estudie los casos. “Casos puntuales” se insiste desde el Ministerio, puesto que, según Íñigo Méndez de Vigo, no existe ningún problema con el sistema educativo catalán en su conjunto.

La sesión de la Comisión, a pesar de ser para hablar del Pacto por la Educación, pivotó alrededor de la situación en Catalunya en varios momentos. Con insistencia en las peticiones que desde el Grupo Popular, el Grupo de Ciudadanos y el propio ministro insisten en la necesidad de revisar el papel de la Alta Inspección del Estado en materia educativa.

Este organismo de control trabaja de manera subsidiaria de las inspecciones de las comunidades autónomas. En caso de discrepancias por parte del Ministerio con algún elemento de la educación de alguna autonomía se requiere a la inspección a que actúe. Sí no hay conformidad con sus actuaciones, es la Alta Inspección la que toma cartas en el asunto.

Los diputados de ERC y de PNV le criticaron a Méndez de Vigo esta iniciativa por creer que servirá solo para un mayor control de las comunidades autónomas “díscolas”.

En este sentido Joan Oloriz, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya defendió el sistema educativo catalán y señaló que en los próximos meses “no habrá modelo propio en Catalunya siempre y cuando se quiera hacer lo que se ha dicho”, en relación a la aplicación del artículo 155 en el ámbito educativo. Ayer mismo, estaban convocadas concentraciones frente a los ayuntamientos catalanes en defensa del modelo catalán de escuela frente a las posibles injerencias del Estado.

Un pacto cada vez más complicado

El ministro Méndez de Vigo compareció ayer ante la Comisión de Educación para hablar de su punto de vista sobre el Pacto de estado al final del proceso de las intervenciones de los últimos 9 meses. Más de 80 en total.

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Ahora queda por delante que los partidos se pongan de acuerdo en el procedimiento para, con toda la información recabada en este tiempo, redactar el informe de diagnóstico y análisis del pacto que se elevará al pleno del Congreso para su aprobación.

Una vez se apruebe, con él el Ministerio debería poder escribir una ley educativa de consenso. Siempre, en palabras del ministro, con la colaboración de los grupos parlamentarios. También con el diálogo con la comunidad educativa y con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial en la que tienen representación todas ellas.

“No confío” fue la expresión con la que Javier Sánchez, de Unidos Podemos abrió su intervención, para interpelar al ministro por el hecho de que el Ministerio de Economía y Hacienda haya enviado un documento a Bruselas hace unos días asegurando que el presupuesto de Educación bajará hasta el 3,8% en el próximo año. También criticó duramente el Real Decreto ley 14/2012 que afianzó algunos de los recortes más duros como el aumento de horas lectivas, de ratios y la no sustitución de las bajas hasta los 15 días.

Algo que también señaló Luz Martínez Seijo, portavoz de PSOE, que le pidió al ministro algún tipo de compromiso presupuestario para que acompañe al texto del pacto educativo para su posible puesta en marcha. Algo que anunció Méndez de Vigo pero que no puede cuantificar, desde su punto de vista, y que dependerá de lo ambicioso de las peticiones del pacto.

En cualquier caso, los grupos anunciaron su intención de seguir trabajando como hasta ahora para que a final de año exista ese informe sobre el sistema educativo sobre el que establecer nuevos consensos para llegar a una ley de educación, pero las reticencias en cuanto al presupuesto futuro del propio ministerio, así como a la financiación que podrá tener o no el pacto, o la situación de Catalunya con la aplicación del artículo 155, ponen las cosas muy complicadas para que, en palabras del Joan Oloriz, haya “tranquilidad para un pacto posible”.

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