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Mª Ángeles Llorente

¿Qué es la escuela pública? Es utopía y realidad Mª Ángeles Llorente

Este es el primer capítulo del uno de los nuevos libros que regalamos con la suscripción a El diario de la educación: ¿Qué es la escuela pública?, escribo por M.ª Ángeles Llorente y editado por Octaedro.

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Fotografía: Teresa Rodríguez

Hoy más que nunca es necesario seguir manteniendo vivo el ideal democrático de una escuela pública para todos, un modelo educativo ajeno a la cuna y al destino marcado por el hierro del dinero. Un modelo de escuela pública que haga suyos los ideales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, en una aspiración constante hacia el bien común. Una escuela que tenga como referente fundamental la Declaración universal de derechos humanos, en la que quepan todas las personas, siendo esta una condición esencial de aprendizaje para la vida. La Escuela pública enseña para la vida, porque solo en ella se refleja la vida misma, en toda su vasta diversidad.
Esta característica de universalidad educativa y de convivencia en la diversidad, reconociendo a esta como un valor irrenunciable, es la única que puede aventurar un futuro de justicia, de convivencia, de cohesión social y de paz en las sociedades humanas. Así entendida, la Escuela Pública se convierte en un lugar privilegiado en el que se dan procesos de humanización esenciales y, por todo ello, es el único modelo éticamente defendible frente a modelos elitistas y clasistas que buscan privilegios para minorías concretas que quieren perpetuarse en el poder.

La defensa de lo público implica una conciencia profunda de la colectividad; requiere nobleza de ánimo, voluntad de convivencia desde el respeto a la diferencia, creencia profunda en la igualdad de derechos humanos para todas y cada una de las personas que integran la sociedad. La defensa de lo público tiene un valor ético y moral incuestionable, ya que se inspira en el bien común. «Permitir que el poder económico pueda determinar la calidad de la enseñanza, y lo que es más sarcástico, que el Estado subvencione con dinero público ciertos intereses ideológicos de una buena parte de colegios más o menos elitistas parece, en principio, no solo una aberración pedagógica, sino una clamorosa injusticia» (Lledó, 1994: 61).

No hay democracia sin el carácter público e igualitario de la escuela. «Puesto que toda ciudad tiene un solo fin, es claro que también la educación tiene que ser una y la misma para todos los ciudadanos y que el cuidado de ella debe ser cosa de la comunidad y no privada» (Aristóteles: 11 y ss.).

Escuela Pública es educación emancipadora. Educar para la emancipación supone educar en contextos en los que la libertad y la responsabilidad se hacen efectivos. En la Escuela Pública, profesorado, alumnado y familias se emancipan y empoderan juntos poniendo en juego un conocimiento que lo haga posible. El respeto a los derechos fundamentales de la persona y de los niños debe ser una constante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al tiempo que se cuestionan modelos autoritarios, patriarcales, de delegación y sumisión, y se ponen en práctica otros de autoridad y de poder compartido.

La Escuela Pública es plural ideológica y culturalmente, un espacio laico y aconfesional. En ella están presentes las diferentes culturas que conviven en la sociedad. Es laica, como corresponde a un estado aconfesional, no practica el adoctrinamiento y garantiza la libertad de expresión. Su proyecto educativo propugna valores universales como la justicia social, la solidaridad, el respeto a la diversidad ideológica, cultural y lingüística; el pacifismo, la ecología, la coeducación, la racionalidad frente a los idearios sectarios de los centros privados que contribuyen a incrementar las diferencias ideológicas, culturales y sociales, y a impulsar los fanatismos.

La laicidad es un rasgo inherente a lo público. La Escuela Pública tiene como objetivo fundamental la formación integral de personas libres, democráticas y críticas; personas respetuosas con la diversidad personal, social y cultural bajo el parámetro de los derechos humanos elementales. La escuela debe ofrecer a la persona un marco de valores universales que hagan posible la convivencia con otras personas de diferentes credos y costumbres y que, además, le hagan revisar las propias, en un ejercicio constante de crecimiento personal. En este sentido, el laicismo no impone una visión del mundo, sino que crea las condiciones para que cada persona construya libremente la propia. Libertad de conciencia, igualdad de oportunidades y justicia social son principios esenciales de la educación laica que busca lo
que tenemos en común por encima de las diferencias.

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La Escuela Pública es democrática. Su titularidad, su gestión y todos los criterios que organizan los objetivos y las actividades han de ser públicos, con autonomía pedagógica y de gestión. Además, debe contribuir a la vertebración democrática de la sociedad e impulsar una cultura de participación,contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo personal y comunitario. Solo podremos mejorar la democracia si educamos personas democráticas. Solo se aprende a vivir democráticamente mediante vivencias que posibiliten la participación y la responsabilidad.

En palabras de Ignacio Fernández de Castro (2006), «el objetivo estratégico, la utopía, la última palabra que da sentido al discurso, el sueño que una política de progreso ha de conseguir no puede ser otro que ir construyendo un sistema educativo plenamente democrático». Esto solo será posible en una sociedad de personas libres, conscientes de su propia realidad y capaces de organizarse para participar de todo lo que les afecta como sociedad.

Las sociedades actuales tienen un gran reto democrático: generar estrategias comunicativas y experiencias que provoquen una participación real en los asuntos públicos mediante el empoderamiento de las clases populares. Se hace necesaria una nueva alfabetización política y cultural que permita a las personas ejercer sus derechos de ciudadanía. La Educación Pública es un proyecto comunitario. Un proyecto que se lleva a cabo con todas y para todas las personas, y cuyos principios y fines están decididos por toda la comunidad.

Ganar la batalla ideológica por la Escuela Pública implica contraponer el lenguaje neoliberal de la libertad para unos cuantos, con el mensaje de la igualdad para todos. No puede haber libertad sin igualdad. Implica clarificar que, en una sociedad, lo público es todo aquello que hace referencia a los intereses colectivos y comunes de las personas que la integran, mientras que lo privado se refiere a los intereses particulares de determinados grupos o personas. Por ello, las escuelas públicas son deber prioritario de los estados, los cuales han de garantizar los recursos y medios necesarios para que toda la población reciba una educación de calidad durante toda la vida. La gratuidad de la educación es una condición imprescindible para su universalidad.

La Escuela Pública es inclusiva, no segregadora ni excluyente. En ella caben todas las personas, sea cual sea su cultura, su etnia, su condición física o intelectual, su situación social, su opción sexual, su religión o su lugar de residencia. La Escuela Pública lo es si no excluye a nadie y deja de serlo cuando se impide la entrada, se expulsa o se segrega a aquellas criaturas que no responden a un perfil-tipo que, por otra parte, no existe en la realidad. Para ello hay que reconocer la diversidad como un valor y combatir la desigualdad social que cercena posibilidades, intentando que cada persona desarrolle al máximo sus potencialidades.

«Es deber de la Escuela Pública –y esta es sugran riqueza– no privar a nadie de la consecución de los mínimos necesarios para vivir en esta sociedad con dignidad»
(Rogero, 2000).

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La Escuela Pública es coeducativa. Es consciente de que la mitad de la humanidad son mujeres y de que «el patriarcado (poder de los padres), el androcentrismo (los hombres dominan el mundo y las relaciones sociales), el machismo (prepotencia activa contra las mujeres) y la misoginia (aversión y desprecio hacia las mujeres) han sido y son militantes y están bien pertrechados de violencia, discurso y poder» (Simón, 2003: 96). En consecuencia, una educación emancipadora y liberadora debe hacer conscientes a hombres y mujeres, a la sociedad entera, de esta situación para poder cambiarla.

La Escuela Pública necesita diseños curriculares que permitan una formación básica de calidad para toda la ciudadanía. Una formación que desarrolle en las personas las capacidades y competencias necesarias para acceder, entender y seleccionar la información relevante en cada situación. Una formación de calidad que le proporcione las herramientas necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Esto implica, como apunta Tedesco (2002: 58), «más tiempo de formación común general y obligatoria para toda la población que posibilite la democratización del acceso a los niveles superiores de análisis de realidades y fenómenos cada vez más complejos».

La Escuela Pública es investigadora y crítica. Promueve que el alumnado y el profesorado sean los constructores de sus conocimientos y cultura. Fomenta el espíritu crítico y el pensamiento divergente. La Escuela Pública que defienden los movimientos de renovación pedagógica (MRP) es heredera de las muchas prácticas impulsadas por las pedagogías críticas y transformadoras, que con sus errores y sus aciertos son responsables de las mejores aportaciones que se han hecho a la educación: metodologías activas centradas en los intereses del alumnado, investigación frente a la mera transmisión de conocimiento, uso de materiales curriculares diversos frente a uso exclusivo del libro de texto, reflexión, análisis e implicación del alumnado frente a la clase magistral, trabajo cooperativo frente a individualismo, autoridad frente a autoritarismo y poder, interdisciplinariedad y globalización frente a una excesiva parcelación del saber, etc.

La Escuela Pública practica procesos de evaluación emancipadora. Promueve la evaluación interna como herramienta de reflexión y análisis que permita mejorar la práctica educativa y acepta la evaluación externa como un proceso de comunicación para el cambio y la mejora educativa, estableciendo siempre medidas compensadoras y no punitivas, clasificadoras o sancionadoras. La Escuela Pública practica una evaluación formativa y orientadora, continua, global, adaptada a las necesidades del alumnado, recíproca y fruto de un proceso colegiado, frente a la evaluación castradora como elemento de control y poder sobre el alumnado para segregarlo o excluirlo, culpabilizándole de los resultados.

La Escuela Pública está abierta al entorno y lo considera materia de estudio y aprendizaje. Pretende educar en la vida y para la vida, por eso se abre, sale y se compromete con la realidad, interaccionando con ella. La vida ha de entrar en la escuela y esta debe ser consciente de que la acción educativa solo será transformadora si sale, si traspasa las paredes y los muros de la escuela y tiene alguna incidencia en la vida cotidiana del barrio, pueblo o ciudad en la que está inmersa. Es necesario convertir las escuelas, institutos, universidades y todos los demás ámbitos de educación formal y no formal en agentes públicos que actúen sobre las políticas locales, que tengan incidencia en la vida de sus comunidades. Es preciso que la escuela integre a otros profesionales, al voluntariado y a los agentes sociales, y que los centros educativos proyecten cultura hacia el exterior, como focos de desarrollo cultural para toda la comunidad en la que se inserten.

La Escuela Pública tiene una voluntad de mejora, de renovación constante. Por eso, es esencial la formación permanente del profesorado y de las familias por separado y conjuntamente. Una formación que aúne teoría y práctica, centrada en aquellos temas que consideramos relevantes para los fines educativos que pretendemos, vinculada a la realidad social, política y cultural de cada momento, y que analice los contextos y sus consecuencias en la práctica educativa de los centros. Una formación que sea útil y gratificante, que invite a seguir formándose continuamente. Una formación cooperativa, en equipo, transdisciplinar, que favorezca el intercambio y la reflexión compartida en centros, entre centros, entre seminarios temáticos, entre instituciones educativas, con ámbitos de la educación no formal, etc.

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La Escuela Pública aspira a ser un eslabón de un sistema educativo de tronco único, con un cuerpo único de docentes, que favorezca la cohesión pedagógica del mismo. La coordinación y colaboración entre las diferentes etapas educativas –Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y universidades– es una necesidad urgente. El desconocimiento y descoordinación entre los profesionales es abismal. La supeditación de cada etapa a la siguiente se va acrecentando a medida que avanzamos en el escalafón, lo que perjudica gravemente los objetivos y fines relacionados con el progreso individual de cada persona según sus capacidades y en función de sus intereses. Esta estratificación de los docentes imposibilita la reflexión conjunta sobre el hecho educativo y conlleva una pérdida de visión de la globalidad educativa, de los fines y fundamentos de la educación y del conjunto de los que intervienen en ella, lo que reduce la capacidad informada de intervención democrática y aumenta, en cambio, las capacidades y poderes para una intervención tecnocrática y conservadora.

La Escuela Pública mantiene una actitud de rebeldía frente a las injusticias y de reivindicación permanente de las mejoras que le permitan garantizar una enseñanza de calidad. Hace conscientes al profesorado, al alumnado y a las familias de cuáles son sus derechos y sus deberes, y enseña a defenderlos y a hacerlos posibles. «El puente que va de la esclavitud, ya sea la esclavitud de la pobreza, la ignorancia, la droga o el poder, a la libertad se llama educación. La educación permite la participación cívica, esencia de la democracia; propicia el desarrollo económico y fomenta la paz» (Federico Mayor Zaragoza, 2002: 25).

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