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La ministra Isabel Celaá tendrá en sus manos liquidar la Ley Wert

Tendrán que decidir qué van a hacer con la Ley Wert y con sus artículos más polémicos, como la financiación pública a colegios que segregan por sexos.

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido separar la cartera de Educación, la de Cultura y la de Universidades. Durante el mandato de Íñigo Méndez de Vigo estas dos competencias estaban unidas junto a Deporte. A partir de ahora, Educación dependerá de Isabel Celaá y el área universitaria será  responsabilidad de Pedro Duque, ya que está incluido en el recién creado Ministerio de Ciencia.

La nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, responsable de esta materia en el Gobierno vasco del lehendakari Patxi López entre 2009 y 2012, tiene varios desafíos por delante. El principal será determinar cuál va a ser el futuro de la Lomce. En marzo, el secretario general socialista fue el  encargado de dinamitar el pacto de Estado educativo ante la negativa del Partido Popular a fijar un suelo de inversión.

Sánchez tomó las riendas de la negociación y con 24 horas de antelación planteó un ultimátum al Gobierno de Rajoy. “Si no ponen encima de la mesa una propuesta de inversión de la educación pública conforme a lo que pasa en otros países, que es situarla en el 5% del PIB, el PSOE se levantará de la mesa”, apuntó en rueda de prensa.

Financiación

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Los populares no dieron su brazo a torcer y los socialistas se levantaron de la mesa. El equipo de Sánchez asume ahora el compromiso presupuestario elaborado por el Ejecutivo de Rajoy que supone el 3,8% del PIB para el 2018. La portavoz socialista de Educación, María Luz Martínez Seijo, recriminó a Méndez de Vigo en su última comparecencia como ministro que la inversión nacional se aleja de la media europea (5,3%).

Pasar página de la Lomce

Este nuevo Gobierno tiene la oportunidad de “pasar página de la Lomce”, una de las  diez prioridades programáticas que presentaron en enero los socialistas para “transformar España” y “liderar el país”. Sin embargo, tendrán que hacer frente a esta decisión sin la otra pata relacionada con la Educación que reivindicaron en ese decálogo, la “suficiencia presupuestaria”. Los retos que subrayaron a comienzo de año eran tres: “reducir la ratio alumno profesor –hoy disparada–, luchar contra el fracaso escolar y apostar decididamente por la Formación Profesional”.

La derogación de las cuestiones más polémicas de la Lomce, como la financiación pública a centros que segregan por sexos o que la Religión cuente en la nota media, no han llegado a aglutinar por ahora una mayoría parlamentaria.  El reciente fallo del Tribunal Constitucional que avala estas medidas, tras un recurso presentado por los socialistas, complica aún más la labor de alcanzar un consenso en el Congreso.

Diálogo con agentes sociales

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Sin embargo, la comunidad educativa tiene esperanzas de que el Gobierno socialista encuentre “la forma jurídica” para modificar la normativa. El secretario general de la Federación de la Enseñanza de Comisiones Obreras asegura que su sindicato ya está estudiando cómo se puede cambiar la ley. “Las partes que son orgánicas tienen que pasar por el Parlamento pero las que no son orgánicas se pueden modificar por otros mecanismos”, reseña. Por su parte, desde el sindicato STEs solicitan a la nueva ministra que “recupere el diálogo con los agentes sociales y la comunidad educativa” para “agilizar los trabajos para la derogación de la Lomce”.

Enseñanza 0 a 3 años

Tras año y medio constituida en el Congreso, la subcomisión donde se debatió el pacto educativo albergó pocos acuerdos, pero hubo un par de medidas que aglutinaron los apoyos de los cuatro grandes partidos: que  el Estado cubra la enseñanza de 0 a 3 años y que la Filosofía recupere peso en el currículum educativo. El Gobierno de Mariano Rajoy no impulsó ninguna de las dos, así que dependerá del próximo ministro promover estas propuestas.

Combatir el acoso escolar

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han presentado en el Congreso todo tipo de iniciativas denunciando “el absoluto olvido” del Observatorio Estatal de la Convivencia, el foro creado para prevenir el acoso escolar, durante los gobiernos de Mariano Rajoy. A pesar de que el informe ANAR alertó de que en 2016 se registraron 1.170 casos de acoso escolar, lo que supuso un aumento del 104,2% respecto a 2015.

En relación a este asunto, los socialistas  presentaron una PNL en el Congreso reclamando un Plan Estatal para la enseñanza y aprendizaje de la convivencia y para combatir el acoso escolar. Ahora que han llegado al Ministerio podrán detallar una nueva estrategia para combatir este problema en las aulas españolas.

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Universidad

Todavía no ha echado a andar el nuevo Gobierno y ya hay sorpresas en el ámbito universitario. Pedro Sánchez ha decidido separar la Universidad del Ministerio de Educación para meterla en el de Ciencia, en lo que se interpreta como una apuesta por fomentar la labor de i+d+I que se realiza en los campus, que durante estos últimos años de crisis y gobiernos populares ha sufrido un gran retroceso.

El astronauta Pedro Duque será el responsable del devenir de la institución universitaria durante el tiempo que dure la legislatura. Y tiene tarea por delante, si se decide a acometerla: cambiar el sistema de becas, mejorar la financiación de las universidades, bajar las tasas, atacar la precariedad e inestabilidad laboral de buena parte de las plantillas docentes, negociar un Estatuto del Personal Docente e Investigador y el del Personal Investigador en Formación y, por supuesto, impulsar la investigación científica.

Becas

Con la separación de Universidad y Educación no queda claro a quién corresponderán las becas para los estudios no obligatorios, pero lo que es seguro es que el PSOE querrá cambiar un sistema que lleva criticando desde el mismo día que lo implantó el PP. Las broncas en la Comisión de Educación del Congreso a cuenta del sistema y los números han sido notables estos años. Otra cosa será que pueda cambiarlo. Según explican fuentes del partido, el nuevo decreto está a punto para ser aprobado, los plazos corren y la convocatoria tiene que salir ya.

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En cualquier caso, el nuevo decreto sí contempla una reducción de la nota exigida para obtener una ayuda hasta el cinco (el PP se enmienda a sí mismo, la había subido a 6), aunque los socialistas querrán ampliar este requisito a todos los cursos, y no solo el primero como se contempla ahora. Eliminar la parte variable de las becas (que depende del rendimiento de todos los becados) será otra prioridad, además de acabar con las peticiones de devolución que los populares impulsaron. Los años del PP con las becas se resumen en más becarios, pero que reciben menos dinero, hecho criticado reiteradamente por el PSOE.

Tasas y financiación

Dos cuestiones no tan diferenciadas. Cuando el Gobierno del PP recortó la financiación de las universidades, que ha caído un 27%, trató de mitigar este varapalo permitiendo a las comunidades autónomas subir las tasas de matriculación (lo hicieron un 31% de media, aunque hay algunas que no las tocaron, como Galicia o Andalucía), lo que en parte compensó la caída (pero no del todo). Esto es, pasándole a las familias parte de la financiación de la universidad.

El PSOE se ha pasado años de oposición criticando que esta subida, combinada con la caída de las cuantías en las becas, ha dejado fuera de la universidad a muchos jóvenes. Incluso algunas comunidades gobernadas por socialistas, como Andalucía, van a aplicar una especie de gratuidad universitaria parcial a los estudiantes que vayan aprobando todo.

Además, los rectores llevan años lamentando el sistema de financiación universitaria, muy ligado actualmente a los caprichos del Gobierno autonómico de turno, y piden uno ligado en parte a objetivos pero que para las universidades sea a su vez más previsible en el medio plazo, de manera que puedan saber con qué recursos contarán en un horizonte de unos cinco años.

Precariedad laboral

Tras años de silencio, las figuras más precarias entre los docentes universitarios se revuelven. Los profesores asociados de la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia y la Universidad de Barcelona están en huelga desde hace varias semanas. Profesionales con la misma carga docente que algunos de sus compañeros que cobran entre 300 y 600 euros al mes, según las horas de clase que tengan.

Además, durante la crisis (con la tasa de reposición al 10%, esto es, no se sustituían las jubilaciones) su peso en los campus ha aumentado porque era una figura que sí se podía contratar. La temporalidad de las plantillas universitarias está disparada también, por encima incluso de los límites que permite la ley. Ramón Caballero, responsable de Universidad de CSIF, añade también que “las plantillas están muy envejecidas” y es necesaria la convocatoria de plazas en los cuerpos docentes funcionarios y del PAS.

Investigación y ciencia

Una de las patatas calientes inevitables que se va a encontrar este ministerio o al que le corresponda (ahora lo lleva Economía) es la negociación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). Este estatuto afectará a los jóvenes investigadores predoctorales, entre ellos a los FPI y los FPU, los jóvenes con a priori más futuro en la ciencia en España.

El Gobierno saliente del PP inició el proceso de negociación e incluso había algún borrador de Estatuto circulando. Ahora se paraliza todo. Las cuestiones sobre la mesa: el salario, cuántas horas de docencia deben dar los estudiantes y si tendrán derecho a indemnización cuando se acaben sus contratos para investigar.

Los retos que aborda el nuevo Gobierno en cuestión de investigación científica están explicados en este artículo.

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