Derechos

José Manuel Cabada

Campeones en technicolor José Manuel Cabada

La historia de la inclusión de personas con discapacidad, cuyo último capítulo en España ha pasado por la palícula 'Campeones', ha sido muy larga y todavía está por terminar.

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Las Jornadas por la Inclusión organizadas por FEAE Madrid, en el palacio de Cibeles los días 8, 9,10 y 11 de enero comenzaron con la proyección de la película Campeones. Una película en technicolor que vieron millones de españoles y que ha supuesto un fenómeno social de mucha relevancia.

Pero antes, hubo películas en blanco y negro y fotogramas que mostraban la realidad y la lucha por los derechos de muchos: 650 millones de personas con discapacidad, la mayor minoría del mundo.

En 1800 apareció el niño salvaje en los bosques de Aveyron, Víctor. El ministro francés se lo encomendó a Itard, joven psiquiatra. Itard trabajó con Víctor durante ocho años. Reconoció que había fracasado: por dirigirse a él solo con el lenguaje oral, por no trabajar con otros profesionales, por trabajar con Víctor, aislándolo de otros niños, por el escaso valor otorgado a Madame Guerín, la persona que le cuidaba. Itard, creador de la educación especial fue muy criticado; el reconoció sus errores, otros no. François Truffaut protagonizó y dirigió la película El pequeño Salvaje, en 1971.

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En 1899, Alfred Binet hacía inscribir el estudio de los niños anormales entre los objetivos de la Sociedad Libre para el Estudio de la Psicología del niño. En 1904, el ministro de Instrucción Pública, Chaumie, nombra una comisión encargada de estudiar la cuestión de los niños anormales y en ella destaca Binet. Se trata de detectar y luego educar a los deficientes escolares para impedir que se vuelvan inútiles, perjudicar moralmente a los demás e, incluso, que sean perjudiciales en la edad adulta. El primer criterio fue: “Se considera anormal a todo niño que no pueda aprovecharse, en una medida media, de la enseñanza impartida por los métodos de la escuela común”. Este criterio fue rechazado y Binet, en seis meses y trabajando con sus hijas, como más tarde haría Jean Piaget, construye la Escala Métrica de la Inteligencia. En el año 1905 instala un pequeño laboratorio-escuela y comienza su colaboración con el Dr. Simon. Se le pregunta a Binet ¿Qué es la inteligencia? y contesta: “Lo que mide mi test”.

En 1911 el norteamericano Goddard escribía sobre Binet que su escala métrica de la inteligencia tendría algún día la misma importancia que la teoría de la evolución de Darwin y la herencia de Mendel. Sí es cierto que el CI tuvo mucha importancia hasta nuestros días, de sus resultados habría mucho que cuestionar.

En España, en el año 1910, el Patronato de Anormales, conminó a la inspección de educación, hasta por dos comunicaciones, que le remitiera el número de anormales en las escuelas de Madrid, no había ninguno.

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En el año 1923 se crea la Escuela Central de Anormales. La dirigía María Soriano, junto con los doctores Juarros y Palancar. María Soriano recibiría en 1991 el Premio Reina Sofía de Integración, cambio de paradigma, visión de futuro.

En 1965, la presión de los padres obliga a que el Ministerio de Educación, por primera vez, se ocupe de la educación de estos alumnos, y lo hace con la creación de una Oficina Técnica en el Instituto Joaquín Turina, un funcionario, una mesa y una silla.

En el año 1968 se hacían muchos diagnósticos en el Instituto Municipal de Educación, Mejía Lequerica 21. Los niños de menos de 50 de cociente intelectual, eran ENTRENABLES y pertenecían al Ministerio de Sanidad y los de más de 50 de CI, EDUCABLES. Nos decían las madres: ”Don José, ¿Por qué no me pone 48 en vez de 52? Así me conceden 3.000 pts. al mes”. ¿Quién tenía o tiene ese metro capaz de medir esa diferencia?

En 1970 se aprueba la Ley General de Educación, ley Villar Palasí, que toma de la Ley de Orientación francesa los centros de educación especial y las aulas especiales en los centros ordinarios. Los cambios de la Ley de Enseñanza Primaria a la Ley General de Educación y la explosión de la escolarización ocultaron los centros de educación especial y las aulas de educación especial.

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Por ello en 1975, se crea el Instituto Nacional de Educación Especial, con la misión de extender esta modalidad educativa. Los padres siguen presionando y aparecen los centros de educación especial en convenio con asociaciones, cajas de ahorros y diputaciones.

En 1978, el INEE elabora un Plan Nacional de Educación Especial en el que se plantean como principios: la sectorización de principios y equipos multiprofesionales, tomada del mundo anglosajón; la normalización, como derecho a un ritmo normal de vida, de los países nórdicos; la integración escolar, tomada de EEUU, y la individualización de la enseñanza, tomada de la pedagogías más innovadoras del momento. El Plan no llegó a las Cortes aunque se incorporó a otras leyes.

El año 1981 fue declarado por la ONU el Año Internacional de los Impedidos y se celebró la Conferencia Mundial sobre las Acciones y Estrategias para la Educación, Prevención e integración, organizada por el Gobierno Español en colaboración con la Unesco. Fue un gran trabajo en el que participaron 113 países. Fue elegido presidente Federico Mayor Zaragoza y, en el día de la clausura al presentar el informe Final, la Reina Sofía le encomendó que lo presentara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas; dos días después lo hizo.

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La Asamblea General de la ONU, con el Informe Final y trabajos posteriores, aprobó el Programa de Acción Mundial para las personas con Discapacidad para el decenio hasta 1992. España contribuyó con el Informe Final, el cual ni se conoció ni tradujo hasta el año 1987 y fue gracias a gestión de la Secretaría Ejecutiva del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía.

En 1982 se aprobó la Ley de Integración de Personas con Minusvalía, LISMI, (sin conocimiento del Programa de Acción Mundial) que fijaba unos objetivos y medidas para su cumplimiento en 10 años. Dedica el Título Sexto a la Rehabilitación y, dentro de él, la Sección Tercera a la Educación: 1. El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que la presente ley le reconoce. 2. La educación especial se impartirá transitoria o definitivamente a aquellos minusválidos a los que resulte imposible la integración en el sistema educativo ordinario.

En 1985, el Ministerio de Educación pone en marcha un Plan Experimental de Integración Escolar. A lo largo de ocho años se va implantando. En una primera fase con carácter voluntario, para los centros y, en una segunda, de forma generalizada y ampliada para la integración de estos alumnos en los centros ordinarios. Fue positivo porque cada año se generaban recursos, porque algunos buenos profesores, al ver a estos alumnos distintos, se dieron cuenta de que todos eran distintos. No fue positivo porque la carga se ponía sobre el alumno que venía pero la estructura y todo seguía sin cambiar, se mantenía rígida.

En ese mismo año, el 6 de marzo, se publica el Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial que supuso, teóricamente, la atención a alumnos de 2-5 años (aunque no lo hizo en la realidad) y la ordenación de los Centros y Aulas de Educación Especial. El art 20 decía: “Los centros en los que se imparta la educación especial facilitarán, siempre que sea posible, el paso a los centros ordinarios de los alumnos disminuidos o inadaptados en ellos atendidos. En todo caso se coordinarán actividades extraescolares de sus alumnos con los de los centros ordinarios”. No solo no se cumplió sino que se incrementó el número de alumnos que de los centros ordinarios pasaron a los centros de educación especial.

La LOGSE (1990) recoge y refuerza los principios de normalización e integración e introduce el término de necesidades educativas especiales, del ámbito anglosajón, que va a desembocar en la diversidad del alumnado.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas ante el escaso cumplimiento del Programa de Acción Mundial, aprobó las Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: “d) 120. La educación de las personas con discapacidad debe efectuarse en la medida de lo posible dentro del sistema educativo general. La responsabilidad de su educación debe incumbir a las autoridades de educación y las leyes relativas a la educación obligatoria deben incluir a los niños de todos tipos de deficiencia, incluidos los más gravemente discapacitados.”

En el año 1994, en Salamanca, se aprueba el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales. El Gobierno Español, la Unesco y los gobiernos de 92 países aprobaron el Marco para las Necesidades Educativas Especiales. Basado en las Normas Uniformes y en la Declaración de Educación para todos, proponen que las necesidades educativas especiales se refieran a todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o dificultad de aprendizaje. En vez de proponer que todos los alumnos tienen en algún momento necesidades educativas especiales, la realidad supuso que los alumnos con estas necesidades fueran los que antes eran disminuidos, minusválidos o con discapacidad. No se tuvo en cuenta tampoco lo que se establece: ”Los padres tienen un derecho intrínseco sobre la forma de educación que mejor se adapte a las necesidades, circunstancias y aspiraciones de sus hijos”.

En el año 2003 se aprueba la LIONDAU, de igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las Personas con Discapacidad. Fue derogada por la Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad. España fue el noveno en firmar la Convención, pero se tardó tiempo en las adaptaciones normativas y más en su cumplimiento. Sus principios son: el respeto a la diferencia, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. En su art 24 sobre educación dice que los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida.
Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán: que las personas con discapacidad no queden excluidos del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que los niños y niñas no pueden ser excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás personas en la comunidad en que viven.

La ONU emitió un duro informe sobre España por el incumplimiento de la inclusión educativa; los medios informaron del caso de dos alumnos que siguieron en el centro educativo y que un juez hizo cumplir la ley a un centro y a una Administración educativa, pero nada más; parece que no es un tema importante, cuando es un tema de derecho y que afecta a miles de personas y a sus familias.

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