Reportaje

Militarizar las escuelas y acabar con el legado de Freire: Bolsonaro pone en marcha los cambios en la Educación de Brasil

El ministro de Educación, Ricardo Vélez, empieza los cambios desde la educación preescolar hasta la superior con propuestas que recuerdan a los tiempos de la dictadura.

Bolsonaro felicita a Ricardo Vélez tras su nombramiento. | Foto: twitter @ricardovelez

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Corría 1967 cuando la dictadura militar brasileña (1964-1985), de la mano del general Emilio Garrastazu Médici, impulsó un decreto ley sobre “alfabetización funcional y educación continuada” para adolescentes a partir de 15 años y adultos. La nueva legislación creó una de las instituciones más polémicas del país: el Movimiento Brasileño de Alfabetización (Mobral), a través de la cual el gobierno castrense se propuso acabar en apenas 10 años con el analfabetismo del país, que entonces afectaba a un tercio de la población.

El Mobral sustituyó el método de alfabetización ideado por el pedagogo Paulo Freire. Aunque bebió de su influencia, supuso una simplificación del proceso educativo, reducido al aprendizaje de la lectura, escritura y operaciones matemáticas básicas. El enfoque pedagógico dejó de ser un prioridad y el objetivo se concentró en suplir las necesidades de la industrialización había provocado el “milagro económico” ocurrido durante la dictadura.

Pero además, el régimen militar encontró en la alfabetización un fuerte instrumento para mantener su estatus y ejercer un control ideológico: “El régimen dictatorial estaba escondido y estampado en cada página de los libros de texto y de otras publicaciones de la educación de ese período. Veneración a los héroes nacionales, patriotismo, civismo y exaltación al gobierno, eran mensajes inculcados entre líneas en los materiales didácticos. […] Las figuras de los militares aparecían siempre en actividades colectivas haciendo ‘el bien’, ayudando a otras personas”, escribe la historiadora Leide Rodrigues dos Santos en un artículo publicado en 2010 en Revista Crítica Histórica.

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En 1975, después de 15 años, la recesión económica iniciada en los años 80 y el fin del régimen militar acabaron con el programa.

Hoy, 34 años después, la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro al poder ha recuperado el recuerdo del Mobral al mundo educativo brasileño. El gobierno ha anunciado la militarización de la gestión de escuelas públicas y su intención de colocar a oficiales del ejército al frente de los centros educativos, universidades e, incluso, en la revisión de los contenidos de los libros de texto.

De hecho, una de las primeras decisiones de Bolsonaro fue nombrar al frente del Ministerio de Educación (MEC) a Ricardo Vélez Rodríguez, docente de la Universidad Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais) y profesor emérito de la Escuela de Comando y el Estado Mayor del Ejército.

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Vélez, que nunca había ocupado un puesto de gestión en una institución educativa, no ha tenido ningún reparo en defender el régimen militar: “Las universidades brasileñas, en especial las públicas, controladas a partir de la apertura democrática por la izquierda rabiosa, acabaron haciendo de la memoria de 1964 [el año del golpe de estado] un acto indiscriminado de repudio a los militares y a las directrices trazadas por ellos”, escribió en uno de sus artículos.

El titular de Educación publicó en su blog que las Fuerzas Armadas brasileñas “lucharon para impedir una dictadura comunista en nuestro país. ¿Hay algo malo en eso?”, se preguntó. No es nada extraño, pues, que uno de sus objetivos, según difundió a través de sus propias redes, sea “limpiar todo el escombro marxista que se ha apropiado de las propuestas educativas por parte de no pocos funcionarios del Ministerio”.

Para ello, el presidente firmó un decreto para promover y proponer la adhesión voluntaria de las escuelas públicas al modelo “cívico-militar” de enseñanza. El texto establece la creación de la Subsecretaría de Fomento a las Escuelas Cívico-Militares, colegios que pasarán a ser administrados por oficiales de las Fuerzas Armadas y tendrán como misión “acabar con la prevalencia de ideas de izquierda en las aulas, especialmente en clases de historia y geografía”, según explicó el propio Vélez.

Universidad excluyente

“La idea de universidad para todos no existe. Hay que reservar el nivel superior a una élite intelectual, aunque esa no tenga que ser necesariamente la misma élite económica”. Las intenciones del ministro Vélez Rodríguez en materia de Educación Superior quedaron claras con unas controvertidas declaraciones que espetó el 28 de enero. En su intervención, defendió una reforma de la enseñanza media para “formar jóvenes trabajadores más rápidamente y con capacidades para ingresar al mercado laboral a más temprana edad”.

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El ministro justificó su propuesta con el ejemplo hipotético de un chófer de Uber que estudió para ser abogado: “Ese ciudadano que estudió para ser abogado y terminó como chófer de aplicación pudo evitar perder seis años estudiando la legislación, que no le va a servir en la vida, para ingresar antes al mercado laboral”.

Otro de los focos puestos en el ámbito universitario pasa por acabar con el proceso electoral para elegir a los rectores.

“Hubo una especie de acuerdo vigente durante años de que la comunidad académica local era la que elegía al rector en votación democrática, al menos durante los gobiernos del PT siempre ratificaron los primeros nombres de las elecciones internas de cada universidad. Sin embargo, todo indica que eso no será más así”, explica Patricia Valim, profesora de Historia de Brasil Colonial de la Universidad Federal de Bahía

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“El ministro descalifica las diferentes formas de participación popular en cualquier instancia y las decisiones pasan a ser tomadas por los funcionarios del MEC”, añade Valeria Aroeira Garcia, supervisora escolar de la Asociación de Educadores y Educadoras Sociales del Estado de Sao Paulo (AEESSP).

La lista de medidas polémicas que ha anunciado el ministro Vélez Rodríguez en el mes y poco que lleva al frente de su Ministerio es larga. Además del control de los contenidos y la censura de materias humanistas, como la Historia, pretende reducir la presencia del Estado desde la enseñanza preescolar, y recortar becas y recursos de programas sociales creados durante los años del lulismo, como el Fondo de Financiación Estudiantil (FIES), que creó Fernando Haddad, rival del actual presidente durante la segunda vuelta electoral del año pasado y ministro de Educación entre 2005 y el 2012.

“El gobierno Bolsonaro es una articulación entre el ultraconservadorismo y el ultraliberalismo para agradar al mercado financiero. No aumentará los recursos del área, lo que significa que no se harán programas de expansión de la enseñanza y de calidad de la educación previstos en el Plan Nacional de Educación 2014-2024. Es decir, tendrá que invertir en medidas poco costosas, dedicadas a lo que la ultraderecha ha llamado la Guerra Cultural”, cuenta Daniel Cara, politólogo y miembro del Consejo Universitario del a Universidad Federal de Sao Paulo.

En connivencia con el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, encabezado por Damares Alves, la evangélica que se dio a conocer por la controvertida frase “el niño viste de azul y la niña de rosa”, el gobierno ha impulsado un proyecto para fomentar la enseñanza en casa, sin la obligatoriedad de que los estudiantes asistan a la escuela. La medida ha sido rechazada por la comunidad docente: “Sería una tragedia disminuir el espacio de formación del ser humano, de sociabilidad entre los niños y adolescentes y la comunidad escolar, para que aprendan a interactuar con un mundo más allá del padre y de la madre”, lamenta Patricia Valim.

Denunciar adoctrinamiento

Los lineamientos de Vélez, Bolsonaro, Alves y el conservadurismo brasileño no son nuevos. “Escuela Sin Partido” ha sido la plataforma que ha dado eco a las tesis del nuevo gobierno en materia educativa. El proyecto, que ganó espacio a partir de 2016 con la llegada al poder de Michel Temer, pretende marginar el legado pedagógico de Paulo Freire de las escuelas brasileñas y ejercer un control ideológico sobre los profesores y sus contenidos en clases, bajo amenazas de sanción e, incluso, de prisión.

El movimiento fue creado en 2004 por el abogado Miguel Nagib para instalar “un mecanismo contra el abuso de la libertad de enseñanza”. Para Nagib, el profesor en la clase es una persona con el poder de adoctrinar política e ideológicamente. En su opinión, el sistema educativo público está plagado de profesores que usan las clases como plataforma para difundir el marxismo, el ateísmo y “la ideología de género”, y los métodos de enseñanza de Paulo Freire han sido los que llevaron a esta situación.

A principios de este año, se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que permite a los estudiantes poder grabar lo que ocurre en al interior del aula con el pretexto de controlar posibles adoctrinamientos de los profesores. La iniciativa fue presentada por la cuñada de Nagib y diputada del partido de Bolsonaro (PSL), Bia Kicis, en un segundo intento de impulsarla luego de que el año pasado no prosperara.

“Desde Escola Sem Partido se estimula a que los estudiantes graben el contenido de las clases y denuncien a los profesores que ellos consideren que cometen el delito de ‘adoctrinamiento ideológico’”, apunta Patricia Valim. Para ella, “la idea de construir una sociedad con emancipación a partir de la concientización de la ciudadanía sobre sus derechos y sus deberes son valores republicanos pero, según Bolsonaro y Vélez, bajo la lógica de Escola Sin Partido, ahora son valores comunistas”, añade.

“Fabriquitas de dictadores”

La obsesión del bolsonarismo por acabar con la herencia de Freire apunta también hacia los movimientos sociales, y en especial a las escuelas del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST). El Movimiento cuenta con cerca de 1.500 escuelas para jóvenes de 7 a 14 años, 1.100 de las cuales han sido reconocidas por los consejos estatales de Educación y Cultura. Entre todas, albergan alrededor de 200.000 alumnos y 4.000 profesores, además de los 250 educadores que trabajan en educación infantil y alfabetización.

Apenas fue nombrado, el secretario especial de Asuntos Fundamentales del gobierno, Luiz Antônio Nabhan García, afirmó que va a trabajar para cerrar las escuelas que tachó de “fabriquitas de dictadores”. Su posición fue rotunda: “[Brasil] No puede admitir escuelas de marxistas, de leninistas, de bolivarianos, que enseñan a los niños a invadir y cometer crímenes. Vamos a cerrar las escuelas y castigar a los responsables del adoctrinamiento”, dijo Nabhan que, además, ejerce de representante de los terratenientes.

Sin embargo, las amenazas de las autoridades políticas no echan atrás a profesores, estudiantes, académicos y educadores de Brasil que quieren plantarle cara a la extrema derecha. Valeria Aroeira, desde la AEESSP, apela a la fuerza de los movimientos sociales para contrarrestar las medidas conservadoras y autoritarias que acechan al gigante latinoamericano. “El campo de la educación no formal posibilita diversas maneras y espacios para que discusiones, debates y manifestaciones de diferentes órdenes se den y consigan involucrar a muchos y diferentes colectivos”, dice. Su apuesta es clara: potenciar la relación entre “educación formal, no formal, movimientos sociales y militancia” para plantar cara a la nueva etapa que el país recién enfrenta.

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