La reciente aprobación por la Comunidad de Madrid, comunicada ayer en el BOCM, de 52 colegios públicos de Infantil y Primaria autorizados para impartir también 1.º y 2.º de la ESO —los llamados “CEIPSO”— ha reabierto el debate sobre la legalidad de esta medida frente al marco estatal del Real Decreto 132/2010, que regula los requisitos de los centros educativos