Política educativa

UGT calcula que faltan de 40 a 60.000 profesionales en la educación concertada

El sindicato reclama al Ministerio la redacción de un nuevo decreto de la concertada después de 33 años del vigente que contemple cambios importantes.

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Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT; Maribel Loranca, secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, y Jesús Gualix, responsable del Sindicato de Privada de FeSP-UGT.

«No hablamos de más o menos concertada», dice Jesús Gualix, responsable de educación concertada en la FeSP-UGT. Quieren una mejor educación sostenida con fondos públicos. Y para ello, creen imprescindible una mejora de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en ella.

Actualmente hay entre 140 y 150.000 docentes en la educación concertada. «En el mejor de los casos con 25 horas lectivas», según Maribel Loranca, secretaria de enseñanza de la FeSP-UGT. Y serían necesarios alrededor de 60.000 más, según Gualix. Pero la discusión de las cifras exactas no urge tanto, dicen, como un análisis real de la situación del coste de la concertada y de hasta dónde debería llegar el gasto para que las enseñanzas fueran plenamente gratuitas.

La enseñanza sostenida con fondos públicos depende del Real Decreto 2377/1985, pero no solo. También entra en algunos puntos en cuestiones relacionadas con la situación laboral de sus docentes. Después de más de tres décadas, el sindicato entiende que hay que renovarlo. Los tiempos han cambiado, así como las necesidades en general del sistema educativo.

Para realizar ese trabajo de análisis, el sindicato pidió ayer, en una reunión mantenida con el secretario de Estado de Eduación, Alejandro Tiana, la reunión de la mesa establecida por la disposición adicional vigésimo novena de la LOE. Una mesa que no se reúne desde el curso 2010-2011, cuando ya trabajaron sobre un documento que llegó incluso hasta el Consejo de Estado. Con el cambio de legislatura a finales de 2011, sus trabajos quedaron paralizados.

Entre las cuestiones que reclama la FeSP-UGT se encuentra, además del aumento de las plantillas docentes, la fijación de los periodos lectivos a 20 para infantil y primaria y 18 para el resto de las enseñanzas, o que el personal de administración y servicios (PAS) y el personal complementario entren dentro del marco del pago delegado. Es decir, que como en el caso de maestras y maestros, sea la Administración educativa la que pague la nómina, aunque sea la empresa la que hace los contratos.

También señalan la necesidad de que se recupere los presupuestos para formación docente, una actividad, dijo Loranca, que ahora mismo realizan maestras y maestros en su tiempo libre y pagada de sus propios bolsillos.

Maribel Loranca quiso aclarar en varios momentos que la patronal de la concertada también debe hacer parte del trabajo en algunas cuestiones, principalmente relacionadas con las cuotas que se cobran en los centros concertados y también en relación a una escolarización más equilibrada del alumnado.

Todas estas reivindicaciones llegan a un día de que se reúna la Mesa Sectorial de la Pública en el Ministerio de Educación y, en unos días, la Mesa General de la Concertada.

 

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