Opiniones

Juan Carlos Yáñez

La política educativa mexicana: mirada regional Juan Carlos Yáñez

Retos y puntos fuertes del sistema que escolariza a más de 30 millones de estudiantes en 250.000 escuelas en las que trabajan más de un millón y medio de docentes.

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México estacionó en un momento político inédito. Envuelto en un torrente de transformaciones declaradas, y creciente inconformidad de opositores al nuevo gobierno, la educación está convertida en uno de los núcleos de polémica, por las dificultades inesperadas que encontraron el gobierno federal y sus aliados para impulsar la reforma que cancele la emprendida en el régimen anterior, promesa que empeñó el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, pero que enfrenta dura resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, disidencia magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el más numeroso de Latinoamérica y con poderosa capacidad de movilización.

En paralelo con la discusión de los actores políticos, sindicatos, partidos y en medios de comunicación, el mundo académico se incorpora de distintas formas, entre ellas, con artículos periodísticos, debates en redes sociales, congresos y foros, así como la producción de libros y compilaciones, cuyos análisis son, al mismo tiempo, testimonio, interpretación y exposición de escenarios futuros para el segundo sistema educativo más grande de América Latina.

En ese panorama de producción de documentos para comprender el pasado reciente y tratar de descubrir pistas por donde transcurrirán las políticas y el funcionamiento escolar, apareció recientemente un estudio que analiza el sistema educativo mexicano desde la perspectiva de esta región mundial. La autoría es de la Oficina Regional del Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación (IIPE), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El informe, publicado a finales de 2018, se realizó por convenio con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Fue presentado a mediados de abril en Ciudad de México por el coordinador del estudio, Néstor López, quien dirigió un equipo conformado por Vanessa D’Alessandre, Noelia Delgado Ferreiro, Malena Seguier y Laura Sanclemente.

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Titulado La política educativa de México desde una perspectiva regional, el libro se estructura en dos partes. En la primera, centra en cuatro focos el análisis de la política: currículo y modelos de gestión curricular; infraestructura, equipamiento y tecnología; docentes y estudiantado. Dedica atención relevante a los esfuerzos del gobierno por cumplir el mandato del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como máxima garantizar el derecho a la educación de calidad para todos, desde la enseñanza preescolar (3-5 años de edad) hasta la media superior (15-17 años), llamada en otros países, secundaria superior. Una de las preguntas centrales que orienta el análisis es: “¿Logran las diferentes políticas implementadas reducir las brechas históricas en el acceso al conocimiento?”.

El objetivo es aportar al debate actual sobre la política educativa, con una mirada fundada en dos perspectivas: observar el sistema mexicano como resultado de la historia, con una invitación a pensar el futuro; la otra, que pone en diálogo seis aspectos destacados de la política mexicana con otros países del subcontinente.
Las consideraciones finales de la primera parte pueden resumirse así: solidez del sistema educativo, pues a pesar del tamaño en la educación obligatoria [casi 250 mil escuelas, 1.6 millones de maestros, más de 30 millones de estudiantes] se “evidencia el proceso de acumulación que se fue dando a lo largo de la historia, y que permite suponer la presencia de una oferta educativa en casi la totalidad del territorio”. La grandeza del territorio, su diversidad y complejidad, sin embargo, constituyen un escenario adverso frente al cual “universalizar su oferta”, por el tamaño demográfico, el peso de la población infantil y juvenil y la heterogeneidad geográfica, donde conviven ciudades enormes con una inmensa cantidad de poblaciones pequeñísimas, dispersas y de complicado acceso. Los autores sostienen que el problema se centra más bien en la calidad de la oferta que la presencia territorial.

Una segunda conclusión basada en los focos de análisis conduce a los autores a suponer que existe un esfuerzo histórico innegable para “mantener vivo ese sistema”, sosteniéndolo, reproduciéndolo y tratando de mejorarlo. Dan cuenta también, brevemente, de los procesos históricos de redireccionamiento de la política educacional, cuya expresión más reciente y controvertida es la Reforma de 2013, pero, advierten, “la Reforma Educativa no es la agenda de la política educativa de México”.

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Dicha agenda dialoga con la historia y el conjunto de la política educativa; lo que efectivamente introduce la Reforma de 2013 es la aspiración de universalizar el derecho a la educación de calidad, como así lo hacen otros países de la región, pero: “No es posible analizar en sí a la Reforma Educativa, sino en su capacidad de incidir sobre el flujo permanente de acción que define a la política educativa de México”; esto es, una mirada histórica, relacional, no coyuntural y circunscrita a un periodo de 6 años, duración de la presidencia del país.

La información analizada en el documento conduce a los responsables del estudio a observar un sistema “que se transforma”, y ejemplifican con avances en la expansión de cobertura, reducción en brechas de acceso y mejora en indicadores de graduación. Concluyen la primera parte con un enunciado que delinea la complejidad de las tareas por delante: “Cada avance en el funcionamiento del sistema educativo representa la conformación de un nuevo escenario cuyos próximos pasos son más difíciles”. Parece perogrullada: en la medida que se van resolviendo problemas, los restantes tienen mayor grado de complejidad, eso explica que, sorteado un umbral, los progresos se ralentizan.

Muchos de esos otros desafíos, algunos históricos, desbordan al sistema escolar y, por tanto, obligan a la convergencia con otras áreas y políticas del gobierno, práctica todavía reciente en México, que podría alargar (incluso aletargar) los progresos en el anhelado propósito de concretar el derecho a la educación, cuando el siglo XXI todavía suscite esperanzas y no haya cincelado epitafios prematuros.

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