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Los editores de libros de texto se quejan por lidiar todos los años con cambios normativos que les afectan

El colectivo asegura que, de media, en los últimos 3 años han tenido que hacer frente a 130 textos normativos que afectaban a su sector. Desde decretos de gratuidad hasta cambios en el currículo.

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Foto: Pixabay

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José Moyano, presidente de ANELE, ha hecho de maestro de ceremonias en la presentación del informe anual de la asociación que aglutina a la mayor parte de las empresas editoras de libros de texto. Un texto en el que ponen negro sobre blanco algunos de los problemas a los que deben hacer frente cada año.

Este ha sido, principalmente, el tema que ha hilado toda la presentación del informe. Las dificultades de las editoras. La primera de ellas, la proliferación normativa que les obliga a estar atentos a una media de 130 textos legales que afectan, todos los cursos, al sector. Desde los relativos a becas y ayudas al estudio, hasta las dificultades que se encuentran para dar respuesta a las diferencias curriculares entre las comunidades autonómicas pasando, claro, por las ediciones diferentes en función de la lengua vehicular de cada territorio. También los libros publicados en las lenguas extranjeras que se estudian.

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La diferenciación curricular por territorios es otro de los problemas. Como ejemplo han utilizado el curriculo de la asignatura de Ciencias Naturales. Dependiendo del territorio hay temas que se estudian en un curso o en otro; en un idioma u otro, con mayor o menor hincapié, según decida la administración competente… A lo que se suma la configuración de las asignaturas que trajo consigo la Lomce.

Que cada autonomía plantee un sistema diferente para las ayudas y becas a las familias tampoco facilita el trabajo. José Moyano expuso, por ejemplo, que hace unos días se ha firmado en la Comunidad de Madrid el acuerdo marco para el sistema de gratuidad de libros de texto. Que se suma a la polémica que ya se planteó el curso pasado con dicho documento y el efecto que tendría sobre los pequeños libreros, dado que las condiciones para acceder a los contratos primaban a las grandes empresas y superficies. Frente a este sistema, contrapuso el de Andalucía, que lleva 14 años de continuidad.

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Todas estas cuestiones, según Moyano, dificultan mucho la gestión de un sector en el que trabajan 17.000 personas. Una gestión quue además debe ser rápida para reaccionar ante los cambios normativos.

Gasto por alumno

Según el informe de la asociación de editores, con los datos que tienen, el coste de los libros de texto, de media, es de 98 euros este curso. Una cifra más baja que en los últimos años, sobre todo en los primeros momentos de la implantación de la Lomce.

Moyano explicó que el precio, en las etapas no obligatorias, tiene un precio fijo, puesto por las editoriales. En las obligatorias, el precio es libre y depende de editores, distribuidores y libreros, quienes son los que ponen la última cifra. En este sentido, aseguran que han estado conteniendo mucho los precios. La subida con respecto al año pasado es del 1%. Los precios han subido por debajo de la inflación, ha asegurado el presidente de ANELE gracias al esfuerzo de toda la cadena: editores, distribuidores y libreros.

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Antonio Mª Ávila, presidente de la Federación de Gremio de Editores, puso el acento en la calidad del trabajo que se realiza entorno al libro de texto. Y señaló que «falta respeto» desde las administraciones públicas en este sentido.

Ávila nombró algunos ejemplos a los que, además de los nombrados por Moyano, han de enfrentarse las editoriales. Empezando por las presiones desde las consejerías de Educación. Presiones sobre el contenido que quieren que haya o no, o cómo deben presentarse. Dentro de que el contenido debe tener fundamento científico, se encuentran con algunas situaciones extrañas. El propio Ávila habló de cómo un representante de la Administración les hizo cambiar parte del currículo de un libro de texto de Formación Profesional por el modo en el que se explicaba el funcionamiento de una caja de cambios.

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Ávila, ante las preguntas de los periodistas, aseguró que estas presiones con los contenidos se dan en todas las comunidades autónomas, no más en unas que en otras. Desde obviar a los Reyes Católicos en la asignatura de Historia; a la eliminación de información sobre ríos en otras. E insistió varias veces: «Son todas, cada una tiene una manía».

En cualquier caso, ambos representantes del sector del libro, aseguraron que las editoriales cumplen escrupulosamente con la normativa vigente. «No hacemos caso (a las presiones de las administraciones) en la medida de lo posible».

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En este sentido, José Moyano, aclaró que los libros de texto son herramientas curriculares que decide el docente o el centro educativo. Que pueden utilizarse o no. O de una forma u otra.

Y la solución…

Para el sector del libro, parte de la solución pasa por un acuerdo entre las 17 comunidades autónoma y el Ministerio de Educación para que haya un currículo aceptado por todas las partes y así evitar, en la mayoría de los casos, las diferencias autonómicas. Que una misma cosa, como ocurre en el currículo de Ciencias Sociales, se enseñe en todos los territorios en el mismo curso. Esto ya supondría no tener que realizar versiones personalizadas por autonomías.

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Sanción de Competencia

A preguntas de los periodistas, José Moyano explicó en qué estado se encuentra el recurso planteado por ANELE así como una treintena de editoriales a quienes la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, multó en la primavera pasada conel pago de 34 millones de euros a cuenta de las políticas realizadas por todas ellas para fijar precios y poner trabas a ciertas empresas competidoras. Ya en su momento la Asociación aseguró que recurrirían el fallo de competencia.

Moyano ha puesto en duda el informe de la CNMC, entre otras cosas, porque tuvo diferentes instructores. También por el hecho, según dijo, de que en no pocos casos, quienes son condenados por la Comisión, consigue reverti los fallos por la vía judicial. Esto es lo que esperan tanto ANELE como las empresas condenadas.

Aunque la resolución puede tardar algunos años todavía, esperan que se resuelva a su favor. Ademas, Moyano defendió el código ético utilizado por ANELE y las editoriales adscritas a él como un ejemplo que ha bebido de otros códigos parecidos en un intento por dar mayor transparencia y seguridad a las empresas en el desarrollo de su negocio en competencia con otras.

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