Opiniones

Xavier Besalú

Una agenda educativa renovada Xavier Besalú

La discusión educativa parece haberse estancado, aunque la educación sigue siendo un elemento clave para el porvenir. Apuntamos algunos de los temas clave sobre los que habría que tratar.

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La presión del pensamiento reaccionario –disciplina, contenidos, religión, patriarcado–, por un lado, y el peso de algunas cuestiones de gran calado –como la crisis climática, la desafección política de la ciudadanía o la tecnología digital– han aletargado estos últimos años el debate educativo, al menos en la esfera pública. Por ello, son bienvenidas las iniciativas que tratan de resituar la educación como un elemento clave de un futuro más pleno y más justo para todos, y que se esfuerzan por renovar el guión de la agenda educativa. Estos serían algunos de sus epígrafes.

La innovación. Ante los cambios propiciados por la globalización económica y la digitalización omnipresente, este es un debate ineludible. Los centros educativos tienen la obligación de adaptarse a esas nuevas condiciones, pero la innovación no debería convertirse en una simple estrategia mercantil.

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El lugar de lo digital –internet, móvil, redes sociales– en la escuela. La buena pedagogía nunca ha dado la espalda a las posibilidades que brindan las tecnologías disponibles al servicio de la formación y, en este sentido, prescindir de este entorno sería suicida. Pero también es cierto que la escuela debe cumplir una función homoestática, que equilibre los olvidos, los vacíos y los descartes de lo que ocurre fuera de ella.

La descentralización administrativa. Es decir, el papel de las administraciones locales en la educación, más allá de ocuparse de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones escolares o del transporte escolar. No es de recibo que las entidades locales sean casi unos simples espectadores sin competencias ni presupuesto para intervenir en la organización de lo escolar y, tanto o más importante, para extender el tiempo educativo sobre todo para los que cuentan con menos recursos.

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El acceso a la función docente, las oposiciones. Al parecer hay dos acuerdos inamovibles al respecto: que es un sistema inadecuado para evaluar la competencia docente de los candidatos y que es el menos malo de los posibles, porque garantiza unas mínimas condiciones de objetividad. Pero si el acceso a la formación inicial fuera exigente, si lo fuera también esa formación inicial, tal vez un buen proceso de inducción –de uno o dos años– supervisado por distintos agentes sería eficaz y más que suficiente…

La carrera profesional del profesorado, íntimamente relacionada con su formación permanente, con su implicación en el centro educativo, con la rendición de cuentas de su labor y también con su retribución, sigue siendo un tema tabú. Pero su abordaje parece ya perentorio: es insostenible que malos profesionales sigan ejerciendo a base de ir cambiándolos de centro y no parece lógico que quines hacen bien su trabajo no lo vean reconocido ni profesionalmente, ni económicamente.

La educación postobligatoria: la formación profesional y el bachillerato. El diseño de la Logse –recordemos: 1990– era meridianamente claro: una vía académica, el bachillerato, con distintas modalidades y muy poco atento a las competencias profesionalizadoras; y una vía para la inserción en la vida profesional, con distintos grados de especialización y sin apenas contacto con lo académico. El modelo, desde luego discutible, se ha ido adulterando con los años, al tiempo que afortunadamente ha ido aumentando el número de jóvenes escolarizados hasta los 18 años. Es hora de repensar esa formación postobligatoria, con un modelo híbrido o con vías diferenciadas pero transitables entre ellas.

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El lugar y la función de las familias en los centros educativos. La formación de los hijos es una de las principales preocupaciones de las familias de hoy, integradas por otra parte por personas con un nivel académico sustancialmente más elevado que hace 40 años. No pueden tener la consideración de simples usuarios de un servicio, ni asumir funciones técnicas propias de los docentes. Pero tienen todo el derecho a saber qué, por qué y cómo se organiza y se trabaja en el centro donde escolarizan a sus hijos, a someterlo a la crítica argumentada y a que se tengan en cuenta sus iniciativas y propuestas…

El currículum oficial. Es hasta cierto punto lógico que una sociedad establezca una cultura mínima común para la enseñanza obligatoria, más todavía en un estado pretendidamente plurinacional, con las competencias en educación transferidas a las comunidades autónomas. Pero el actual currículum oficial es un documento excesivo, farragoso, repetitivo y desconfiado. Si estamos de acuerdo en que la educación obligatoria debe garantizar el dominio de unas competencias básicas, casi eso sería suficiente si los poderes públicos confiaran en un profesorado suficientemente preparado para desplegar un proyecto educativo acorde con dichas competencias, sobre todo si además son evaluadas y contrastadas periódicamente como es el caso.

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La lucha por la erradicación de la profunda segregación escolar que, a día de hoy, muestra la composición social de los centros escolares de una misma ciudad o área escolar. Si una de las funciones primordiales de la educación obligatoria es promover y garantizar la convivencia entre personas de condiciones socioeconómicas y familiares desiguales, y de orígenes, cosmovisiones y prácticas culturales distintas, de forma que sea posible vivir en una sociedad mínimamente cohesionada y armoniosa, es imprescindible poner coto a la existencia de centros guetizados (donde solo se escolariza alumnado extranjero o gitano o pobre) y de centros blindados (que, a través de métodos diversos impiden la escolarización de aquel alumnado).

Si la ciudad es para todos, si los servicios públicos son para todos, también la escuela debe serlo. Si las personas con alguna discapacidad tienen derecho a la ciudad –que debe garantizar no solo su acceso sino también su uso- no es de recibo que sigan existiendo escuelas especializadas en atender al alumnado con necesidades específicas temporales o permanentes. Por eso, la educación inclusiva es un imperativo moral que exige poner los recursos ya disponibles en estos momentos y los adicionales que sean necesarios, para que todos los niños y jóvenes, sean cuales sean sus condiciones físicas, psicológicas o conductuales, puedan compartir un mismo espacio de formación y relación.

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La gratuidad de la enseñanza básica que, en España, no incluye ni la educación infantil de 0 a 2 años, ni el material escolar, ni la comida, ni las actividades complementarias, ni las extraescolares… Ciertamente no hay dinero para todo, pero este es un debate que merece ser abordado con prudencia y decisión, entre otras cosas para sacarlo de la lucha partidista y para ser coherentes con la consideración de la educación como un de los pilares básicos del estado de bienestar.

Y es hora también de abordar la estructura del sistema educativo español, esa triple red que parece inamovible, pero que no debería serlo: una escuela pública mal dotada y mal financiada (los barracones, por ejemplo, deberían ser una medida provisional, pero son miles los alumnos que han vivido toda su etapa escolar en ellos), una escuela privada (nada que decir en una sociedad de libre mercado) y una escuela privada concertada, mayoritariamente religiosa, que ni responde a una sociedad donde la Iglesia católica ya no debería gozar de unos privilegios hoy día inaceptables, ni es asimilable en muchos casos a la educación pública, como rezan teóricamente los conciertos.

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Xavier Besalú es profesor de pedagogía de la Universidad de Girona

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