Pedagogías del siglo XXI

Mientras dure la guerra

Una secuencia del film de Alejandro Amenábar, “Mientras dure la guerra”, sirve para mostrar la larga sombra del franquismo y para explicar lo que está ocurriendo en Catalunya

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Foto: Catalunya Plural

No es mi intención comentar este excelente film de Alejandro Amenábar que se inicia con el golpe de estado franquista del 18 de julio de 1936 y que se centra, sobre todo, en cómo lo vivió Miguel de Unamuno, un intelectual instalado en su propio mundo, con sus contradicciones, peripecias y cambios de posicionamiento. Me interesa únicamente destacar un comentario del general Franco, el golpista que tomó el mando de la insurrección, sobre la necesidad de prolongar la Guerra Civil: “Porque si la ganamos pronto, ¿luego qué hacemos, de qué nos sirve?”. Lo tenía muy claro: se necesitaba tiempo para provocar más destrucción, escarmiento y muertes en el frente republicano, organizar una represión selectiva -con los pertinentes encarcelamientos, fusilamientos, depuraciones y exilios forzosos-, para destruir por completo las instituciones y la obra republicanas; para crear un nuevo orden político, basado en el patriotismo más reaccionario y excluyente y en el catolicismo ultraconservador; para crear los instrumentos de prohibición y represión sobre el ejercicio de los derechos y libertades democráticas, y para organizar los aparatos ideológicos de control sobre la educación y otros espacios de socialización.

Conviene recordar que la represión se cebó especialmente con la enseñanza: el cuerpo de funcionariado del Magisterio fue el más depurado, y miles de docentes tuvieron que tomar el camino del exilio (Salomó Marquès, en el reciente libro 1939: l’exili del magisteri de Catalunya, contabiliza casi 600). Ni que decir tiene que la “nueva España” se convierte en un desierto cultural y educativo, sin renovación pedagógica alguna, con muchos niños y niñas sin escolarizar y un alto índice de analfabetismo. A Marta Mata, la fundadora de Rosa Sensat, le oí decir en más de una ocasión que la escuela pública republicana de Barcelona -a la que ella asistió- jamás había ido tan lejos en sus logros renovadores -convirtiéndose en un referente europeo-, y que tampoco nunca la escuela había retrocedido tanto como durante el franquismo.

Es evidente que el régimen franquista tuvo sus fisuras y aperturas pero su arquitectura política e ideológica mostró una sólida musculatura que cuajó en el inconsciente colectivo. Por eso, la dictadura termina con la muerte de Franco pero no el franquismo, con una sombra muy alargada que dejó poso. La transición democrática no fue modélica debido a una serie de condicionantes objetivos y subjetivos de extraordinaria complejidad y que ahora no vienen al caso. Se alumbró la Constitución de 1978, un texto que se presta a muchas lecturas, a veces diametralmente opuestas, y se recuperaron las libertades.

Justo es reconocer que, en el transcurso de las últimas décadas, se han experimentado importantes avances en la conquista de derechos democráticas -entre ellos el derecho a la educación de cierta calidad con una amplia cobertura en todos los tramos-, merced a la aprobación de distintas leyes parlamentarias y a las reivindicaciones y luchas de los movimientos sociales. Pero la transición y las políticas de los gobiernos de turno han cerrado los ojos o no han tenido el valor suficiente de pasar factura a la dictadura como sí han hecho otros países: continúa hasta hoy la impunidad de los crímenes cometidos durante el franquismo e, incluso, algunos de sus ejecutores intelectuales o materiales han ocupado cargos públicos y han sido condecorados; se han recortado los escasos fondos destinados a la apertura de fosas comunes para la localización de cadáveres para que su familiares puedan enterrarlos dignamente; hasta después de casi medio siglo, no se ha planteado sacar los restos de la momia de Franco del Valle de los Caídos, un monumento que el propio dictador se dedicó a sí mismo y a su triunfo en la Guerra Civil; los cuerpos de seguridad no se han democratizado suficientemente y aún perviven resabios del pasado, y la judicatura, a pesar de que no es monolítica, es uno de los poderes que más reacio ha sido a la transición. Y, sin duda, existe una restricción a la libertad de expresión con la actual “Ley Mordaza”.

Otra herencia franquista que subsiste es el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Vaticano, por el cual el Estado destina millones de euros a la oferta obligatoria de la religión en los centros educativos, y las subvenciones a la Iglesia Católica no han cesado de subir en los sucesivos gobiernos democráticos. Podríamos poner más ejemplos, aunque son suficientes para explicar que todo ello tiene sus consecuencias en la situación actual, en los acontecimientos que se viven en Catalunya.

El grueso de la comunidad educativa catalana, tan pronto se conoce la sentencia que condena a los nueve presos y presas independentistas del “procés” -políticos y activistas sociales-, a penas de entre nueve y trece años de prisión, emite comunicados de protesta por considerarla injusta y desproporcionada, y porque entiende que no se respetan derechos básicos, y muestra su apoyo a todas las movilizaciones pacíficas. Todo ha sido desmesurado: la injustificada prisión provisional durante un par de años, con el consiguiente dolor para presos y familiares; la instrucción inicial y la acusación de rebelión por parte de la fiscalía y de VOX, el partido de extrema derecha que no se sabe a cuenta de qué actuaba de acusación particular (otra anomalía de la justicia española); la negación del pase, en el juicio, de las imágenes de las cargas policiales del día del referéndum -ilegal pero con una nutrida participación-, para contrastar los testimonios -¿no se dice que una imagen vale más que mil palabras?-, y la elevada pena de prisión por un delito tan ambiguo o complejo como el de sedición, en el que no hay prueba alguna del uso de la violencia. Esta condena abre la puerta a que, a partir de ahora, otras protestas, basadas en la legítima resistencia pasiva, puedan ser igualmente criminalizadas con unos cuantos años de cárcel.

Sucede lo que sucede por la falta de diálogo entre los gobiernos catalán y español, y entre los distintos partidos políticos. Y cuando no hay diálogo desaparece la política y todo se judicializa: el peor escenario para la resolución de un conflicto.

Catalunya ha vivido estos días dos escenarios absolutamente antagónicos: marchas y concentraciones multitudinarias sin un solo incidente y episodios minoritarios de violencia, ejercida por jóvenes y por la policía, con excesos impropios de una policía moderna y democrática. La lista de heridos y detenciones sube día tras día. El lunes 20, según la cadena pública catalana TV3, la cifra de heridos asciende a 600, entre manifestantes y policías, y algunos siguen ingresados en estado grave; y la de detenidos a 194, 28 de los cuales han ingresado en prisión provisional y sin fianza, acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, delito castigado con entre uno y seis años de reclusión. Todos los actos de violencia son igualmente condenables

Es importante averiguar qué hay detrás de la ira de estos jóvenes. Puede tratarse de un fenómeno específico pero con similitudes con otras rebeliones juveniles. Conviene un análisis profundo, más allá de las simplificaciones, al que también deben contribuir los medios de comunicación, con frecuencia solo atentos al morbo de la espectacularidad de las imágenes.

Lo decíamos antes: no hay más solución que el diálogo amplio, sostenido y sin apriorismos. Quizás lo mejor para Catalunya sea convocar elecciones: para clarificar un panorama confuso e incierto; para generar nuevos consensos; para reactivar la acción de gobierno y para aprobar los presupuestos, algo imprescindible para revertir los recortes de hace una década.

Hace apenas un mes el consejero de Educación de la Generalitat decía que sin presupuesto poco podía hacerse para eliminar el millar de barracones o módulos que aún existen; para afrontar la inclusión educativa con suficientes recursos; para atender la extensión de la educación infantil o para cubrir otro tipo de necesidades.

En España ya están convocadas las elecciones generales para el 10-N. Tras la incapacidad de tejer pactos para gobernar y la convocatoria de una nueva cita electoral –y van cuatro en cuatro años– existe un alto y justificado grado de indignación, hastío y desafección hacia la clase política, que fácilmente podría traducirse en una alta abstención.

Pero conviene tener presente que el voto también tiene incidencia en las decisiones, en la medida que pueden fortalecer una democracia que pasa por horas bajas o, por el contrario, afectar a la restricción de derechos y libertades, sometidas a las presiones y derivas autoritarias y franquistas, por aquello de la sombra alargada de un proyecto ideológico que nunca acaba de desaparecer del todo y que se reinventa, adaptándose al nuevo contexto social, como ocurre en otros países europeos y latinoamericanos.

Las políticas pueden favorecer la inclusión o afianzar la segregación; apostar por la educación pública o abrir nuevas vías a la privatización; extender la igualdad de oportunidades en la oferta de las actividades extraescolares y culturales o blindarlas únicamente para las clases medias; recuperar la memoria histórica desde una perspectiva antifranquista o instalarse en el olvido y la desmemoria; enriquecer la participación democrática o restringirla a los argos unipersonales; ejercer el pensamiento crítico o limitarse a la transmisión del conocimiento; pensar el aula como un lugar donde se pueda hablar de todo, evitando la incitación al odio y respectando a los Derechos Humanos y de la Infancia o como un espacio donde la libertad de expresión que se encuentra amenazada a la hora de plantear temas social o políticamente controvertidos. Además, están en juego cuestiones tan cruciales como la educación por la paz o por un consumo responsable, contra el racismo, la violencia de género o el cambio climático.

Votar, por tanto, es una opción política en mayúscula. Pero abstenerse también lo es. Porque la política la haces o te la hacen. La neutralidad es una falacia. Es lo que siempre te decía el franquismo: no te metas en política, claro, porque ya la hacen ellos. (De la neutralidad y del necesario compromiso político hablo extensamente en mi último libro La educación es política).

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