Irán atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de las últimas décadas. Desde finales de diciembre, el país vive protestas masivas y generalizadas que han sido reprimidas con una violencia extrema por parte del Estado, en un contexto de colapso económico, apagón informativo y creciente presión internacional. Aunque Irán ha experimentado ciclos de protesta recurrentes a lo largo de los últimos diecisiete años, analistas y testigos coinciden en que las movilizaciones actuales son las más amplias y las más letales hasta la fecha.
De la crisis económica al desafío político
Aunque Irán vivió en 2022 un ciclo de movilizaciones a raíz del asesinato de Masha Amini, el origen inmediato de las protestas actuales parece ser económico. El 28 de diciembre, la moneda iraní sufrió una nueva devaluación abrupta, alcanzando niveles históricos que hicieron inviable la actividad comercial cotidiana. Las primeras movilizaciones estallaron en el gran bazar de Teherán, cuando comerciantes denunciaron que ya no podían operar con una moneda que perdía valor de hora en hora. Rápidamente, el malestar se extendió a la población urbana y rural, y en pocos días las protestas habían llegado a las 31 provincias del país.
Con la extensión de las movilizaciones, las consignas también cambiaron. Las demandas de medidas económicas dieron paso a llamamientos abiertos contra el régimen, con lemas que cuestionaban directamente la República Islámica instaurada en 1979. Este desplazamiento del discurso refleja un descontento profundo acumulado durante años, alimentado por la corrupción, la mala gestión y un sistema político percibido como impermeable a cualquier reforma real.
Violencia estatal y apagón informativo
La respuesta de las autoridades ha sido contundente. Como en otros episodios represivos, las fuerzas de seguridad han desplegado antidisturbios, gases lacrimógenos y munición real. Testigos y personal sanitario describen una escalada clara: de heridos por perdigones o gases se ha pasado a disparos en la cabeza, el tórax y las extremidades, con hospitales colapsados por la llegada simultánea de múltiples víctimas. Algunos médicos hablan abiertamente de escenas propias de una situación de guerra urbana.
Paralelamente, el régimen ha activado un bloqueo casi total de las comunicaciones: cortes de internet, de líneas telefónicas internacionales y, en algunos momentos, incluso de servicios móviles internos. Esta estrategia, ya utilizada en protestas anteriores, busca dificultar la coordinación del movimiento e impedir que trascienda la magnitud real de lo que está ocurriendo.
La cifra exacta de muertos sigue siendo imposible de verificar. ONG de derechos humanos hablan de cientos de víctimas confirmadas, mientras que una organización eleva el balance a más de 600 muertos. Fuentes internas del propio régimen, citadas bajo anonimato por medios internacionales, han llegado a reconocer estimaciones de hasta 2.000 o incluso 3.000 fallecidos, intentando repartir responsabilidades entre civiles y fuerzas de seguridad y atribuir la violencia a supuestos “terroristas”.
Además de las muertes, se han denunciado detenciones masivas, incluida la presencia de fuerzas de seguridad dentro de hospitales para identificar a heridos y arrestarlos una vez atendidos. En algunos casos, familiares de las víctimas habrían sido presionados para aceptar versiones oficiales de los hechos.
Un régimen debilitado en un contexto internacional tenso
Aunque no es el origen directo de las protestas, estas no pueden desligarse del contexto geopolítico reciente. El pasado verano, Israel, con apoyo militar de Estados Unidos, atacó infraestructuras nucleares y objetivos militares iraníes, eliminando mandos clave y debilitando el eje regional de Teherán, incluidas milicias aliadas en Líbano y Gaza. Estas operaciones han contribuido a erosionar la percepción de fortaleza del régimen.
Al mismo tiempo, la reimposición de sanciones internacionales por la cuestión nuclear ha agravado el colapso económico, acelerando una crisis que ya afectaba gravemente al poder adquisitivo de la población. En este escenario, el régimen intenta proyectar autoridad en el interior mientras ve cómo aumenta su aislamiento exterior.
Reacciones internacionales y presión diplomática
La represión ha provocado una oleada de condenas internacionales. En España, el Gobierno ha convocado al embajador iraní para expresar una condena enérgica de la violencia contra manifestantes pacíficos, exigir el restablecimiento inmediato de las comunicaciones, el respeto a la libertad de expresión y el fin de las detenciones arbitrarias. Otros gobiernos y organismos internacionales han expresado una preocupación similar, mientras Naciones Unidas alertan de posibles violaciones graves de los derechos humanos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en un mensaje en la red X que “el creciente número de víctimas en Irán es horroroso” y condenó “el uso excesivo de la fuerza y la restricción continuada de la libertad”.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha afirmado reiteradamente que apoya a los manifestantes, aunque hasta ahora no se ha producido ninguna intervención directa. Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos sectores de la oposición iraní como una posible expectativa de implicación exterior, pero también refuerzan el relato del régimen, que acusa a actores extranjeros de estar detrás de las protestas.
Sin liderazgo claro, pero con una fractura profunda
El movimiento no parece tener un liderazgo centralizado. Como en protestas anteriores, ha estallado de forma espontánea, en parte porque el régimen ha desmantelado sistemáticamente la sociedad civil organizada. Algunas figuras del exilio, como Reza Pahlavi, hijo del último sha, han intentado erigirse en referentes simbólicos, pero dentro del país muchos de los principales disidentes siguen encarcelados.
En este contexto, Irán entra en una fase de incertidumbre extrema, marcada por la combinación de una represión creciente, un malestar social profundo y un escenario internacional cada vez más tenso.
