Pocas personas habrá en este país que conozcan mejor el sistema educativo español como Alejandro Tiana. Su responsabilidad actual como secretario de Estado de Educación y su perfil docente investigador en la UNED nos sitúan ante una personalidad fundamental de la educación en España. Así, fue uno de los partícipes en la elaboración de la LOE y también lo ha sido de la actual Lomloe. Experto y entusiasta de las Misiones Pedagógicas, Alejandro Tiana es autor, coautor o editor de 25 libros y más de 200 artículos o capítulos de libro sobre historia de los sistemas educativos contemporáneos y de la educación española de los siglos XIX y XX; política y legislación educativa; modelos teóricos y organizativos de la educación a distancia; organización y tendencias de la investigación educativa; sistemas educativos comparados o evaluación de sistemas educativos, entre otros temas.
Es de destacar que en sus orígenes como docente fue profesor de español para extranjeros, una de las enseñanzas básicas en los centros de educación de personas adultas, como bien ha explicado en su participación en las dos ediciones del Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas. Por eso nos hemos sentado a charlar con él sobre la nueva Ley educativa y cómo afectará al aprendizaje a lo largo de la vida. A continuación transcribimos esa conversación.
¿Qué tenemos que aprender los docentes de hoy en día de experiencias como la de las Misiones Pedagógicas?
La principal lección que podemos extraer de las Misiones Pedagógicas es la del compromiso decidido de un país por el fomento de la educación de su población, especialmente la más vulnerable, la que está en circunstancias de un retraso considerable y en presencia de carencias importantes. Las Misiones no fueron la única iniciativa que puso en marcha el primer gobierno republicano, que todas en conjunto representaron uno de los mayores esfuerzos de reforma educativa que España ha vivido, pero sí una de las más emblemáticas, por sus propósitos, sus destinatarios y los recursos que movilizó.
¿Cómo se puede transferir la investigación educativa llevada a cabo en las universidades a la realidad de los centros y las aulas de la educación no universitaria?
Los mejores resultados de la investigación educativa llevada a cabo en la universidad no se trasladarán de manera automática a la realidad de los centros educativos, es necesario que sean apropiados por el profesorado, el alumnado y las familias. La ciencia sólo es conocimiento si es hecho suyo por la sociedad, en este caso, si la comunidad educativa se lo apropia. En educación pasa lo mismo y seguramente las dificultades para esa transferencia no serán distintas de las que hacen que, por señalar un ejemplo reciente, no se conecten los avances médicos (vacunas) con su aplicación (vacunación). Nos hemos preocupado por esa transferencia y apropiación, motivo por el cual la LOE, especialmente en su redacción en la Lomloe, reconoce la investigación y la innovación educativas como funciones propias de los docentes (en los artículos 91.1.l; 129.d; 132.m; y en la disposición adicional 8ª.2.a), vinculadas a su formación permanente (artículo 102.3) y evaluadas (artículo 106.4), indicando que deben ser favorecidas por las Administraciones Educativas (artículo 105.2.d). Pero la clave para conseguirlo está en la colaboración y el trabajo conjunto entre centros universitarios y educativos al que se refiere la novedosa disposición adicional 35ª de la LOMLOE.
Desde su posición de secretario de Estado, ¿cuáles son los retos prioritarios que enfrenta el sistema educativo español?
Desde mi punto de vista, los retos prioritarios pueden englobarse en tres grandes categorías: modernizar el sistema educativo, revisando y mejorando la ordenación académica y el funcionamiento de los centros educativos; reforzar la equidad en la educación, en sus diversos aspectos, e impulsar y hacer más efectiva la educación inclusiva. Para responder a estos desafíos, la Lomloe incluye un amplio conjunto de medidas orientadas en esas tres direcciones.
Además, la Lomloe incorpora algunas referencias que faltaban en nuestra legislación: a la Convención de Derechos de la Infancia (1990) o a la de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), así como a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También incluye como ejes transversales la perspectiva de género o la educación digital.
Y por otra parte, se recupera un modelo curricular que comenzó a desarrollarse en los años 90 del siglo pasado. Se trata del modelo de enseñanzas mínimas, que implica una construcción compartida del currículo escolar, frente al modelo parcelado de la Lomce. Se refuerza la aplicación de principios constitucionales como el de participación o el de autonomía de centros. Y se aplica al conjunto de las enseñanzas un currículo competencial, reforzando los aspectos que persiguen una educación más equitativa e inclusiva.
No se trata, en muchos casos, de cuestiones totalmente novedosas, sino de extender y acelerar la implantación de estos aspectos.
¿Cuándo alcanzará el sistema educativo español el nivel de inversión en relación al PIB de otros países de nuestro entorno?
En 2018, el porcentaje del PIB dedicado a gasto público educativo estaba en el 4,21% y en tendencia descendente desde 2009. En 2020 (según las últimas cifras disponibles) alcanza el 4,93% y la previsión para 2021 es similar.
Para el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que sólo ejecuta en torno al 4% del total de ese gasto (principalmente, la política de becas y la cooperación con las comunidades autónomas), lo importante no sólo es la cuantía del gasto sino la mejora de la equidad que se logra con él y el hecho de que este objetivo sea compartido por todas las comunidades autónomas. Los programas de cooperación territorial (PCT) son la principal apuesta del Ministerio en este sentido, junto con el extraordinario impulso a la Formación Profesional.
De continuarse con esta línea de crecimiento y equidad, compartida por todas las comunidades autónomas, en los próximos años no estaremos lejos del nivel de gasto público educativo de los otros países.
¿Cómo podría mejorarse la formación inicial del profesorado? ¿Y la permanente? ¿En qué deberían cambiar los procesos de acceso a la función pública docente? ¿Qué líneas básicas debería contemplar la carrera docente?
Hace poco hemos presentado, en cumplimiento de la disposición adicional séptima propia de la Lomloe, un documento con un análisis de la situación actual en ese ámbito y con 24 propuestas para avanzar en la solución de los problemas detectados.
Se está produciendo un amplio y participativo debate sobre esas medidas y nuestra percepción es que existe un amplio grado de acuerdo en los aspectos fundamentales. Así pues, avanzaremos en reforzar la formación inicial de los docentes, especialmente en lo que se refiere a las prácticas, impulsaremos la formación permanente para que puedan asumirse los objetivos de la Lomloe y se den respuestas a las necesidades actuales de nuestro sistema educativo. Se modificará el acceso a la función pública docente, actualizándose los temarios y el propio procedimiento. El desarrollo profesional deberá recoger, no solo la formación permanente realizada, sino también las valoraciones superadas en los procesos de evaluación y los puestos desempeñados, entre otros aspectos, configurándose en un sistema que contemple las diversas posibilidades de la carrera docente ligado a las retribuciones complementarias.
Supone el respaldo y compromiso con el mejor desempeño de las competencias profesionales docentes, con consecuencias en propuestas y actuaciones formativas por parte de la Administración; en las mayores posibilidades de acceso a los distintos puestos de trabajo propios de la función docente; y en las retribuciones complementarias.
¿Qué papel debe cumplir el ALV del siglo XXI?
La Lomloe incluye entre sus principios la concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
Pero esta ley incorpora un nuevo artículo (artículo 5bis) en el que se afirma lo siguiente:
“La educación no formal en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida, comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos de educación que se desarrollan fuera de la educación formal y que se dirigen a personas de cualquier edad con especial interés en la infancia y la juventud, que tienen valor educativo en sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social tales como la capacitación personal, promoción de valores comunitarios, animación sociocultural, participación social, mejora de las condiciones de vida, artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros. (…).”
Creo que es bastante explícito respecto de nuestra valoración del papel del ALV en la educación.
¿De qué manera se piensa conectar los diferentes subsistemas del ALV (formación para el empleo, EPA, formación sociocultural…)?
Ese artículo que acabo de citar termina con este texto: “Se promoverá la articulación y complementariedad de la educación formal y no formal con el propósito de que esta contribuya a la adquisición de competencias para un pleno desarrollo de la personalidad”.
A ello hay que sumar el ingente esfuerzo y la cuantiosa financiación que se está dedicando al ámbito de la formación profesional para llevar a cabo la evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
¿Qué aspectos de mejora ve usted en relación a la EPA? ¿Es preciso un marco legislativo estatal en EPA?
La Lomloe contiene diversas modificaciones referidas a la enseñanza de personas adultas: se han actualizado los objetivos; facilitado la incorporación a ellas a determinado alumnado; incluido en la EPA la orientación profesional y ampliado las ofertas de formación; y añadido un nuevo artículo 70bis, referido específicamente a las tecnologías digitales y formación de personas adultas.
Por otro lado, frente a la falta de concreción de la ley anterior, el Real Decreto 217/2022, de enseñanzas mínimas y ordenación de la ESO, incluye, como norma básica o estatal, una regulación de las enseñanzas de esta etapa para las personas adultas, con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades, que se regirá por los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal, movilidad y transparencia, y podrá desarrollarse a través de la enseñanza presencial, semipresencial y también mediante la educación a distancia.
¿Qué novedades introduce la Lomloe en relación a la EPA? ¿Algún adelanto del desarrollo que nos espera referente al ALV?
Como acabo de mencionar, la disposición adicional tercera del Real Decreto 217/2022 incluye una regulación específica y estatal para la etapa de educación secundaria obligatoria. Pero también en la disposición adicional tercera del RD 243/2022, de ordenación y enseñanzas mínimas de bachillerato, se determinan las condiciones en las que se puede realizar una modificación y adaptación del currículo para las personas adultas; o de la prueba que les permita obtener directamente el título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado los objetivos y competencias del Bachillerato.
Además, los artículos 41 y 42 de la Lomloe permiten adaptar a este colectivo las pruebas relacionadas con los ciclos de formación profesional, a las que se alude en ellos. En general, la concepción más flexible y abierta de la nueva ley y su concepción de un currículum competencial entiendo que va a facilitar la adecuación de las distintas enseñanzas a todos los colectivos.
¿Qué opinión le merece el Manifiesto ALVA por el aprendizaje a lo largo de la vida adulta?
Creo que se trata de una pieza importante de reflexión y análisis de la situación actual del ALV en España, que se acompaña con un conjunto de propuestas para su mejora. Tras haber leído el manifiesto, creo que incluye sugerencias interesantes para avanzar en este campo. Dado que las competencias en este ámbito están distribuidas entre las distintas administraciones, hay que valorar dichas propuestas de una manera contextualizada. Por ejemplo, mientras que algunas pueden implicar la adopción de elementos normativos comunes para el conjunto de las comunidades autónomas, otras habrán de ser consideradas y aplicadas por cada una de estas. Sabemos que existe una lógica diversidad de respuestas y modelos de ordenación y organización, por lo que corresponde a cada administración determinar las medidas que estima más adecuadas. Incluso hay propuestas que afectan a la organización de los centros educativos (caso de los CEPA), que deben ser valoradas y, en su caso, aplicadas a esa escala. En conjunto, creo que hay que agradecer a los redactores del manifiesto el trabajo que han desarrollado para proponer líneas de mejora en el campo fundamental del ALV.
