Durante el Estado de Alarma y los inicios de la pandemia nos sorprendió la utilización de un lenguaje militar por parte del presidente del Gobierno y de algunos ministros. El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (JEMAD) llegó a afirmar que el coronavirus nos había llevado en una “guerra irregular”; que se exigía una “economía de guerra”; que todos “somos soldados” y estábamos llamados a hacer realidad “el espíritu de servicio” de los soldados; y que se necesitaba una “OTAN sanitaria”.
Para empezar, digamos con rotundidad que no todos los ciudadanos somos ni nos sentimos soldados. Que vemos la Covid-19 como lo que es: una pandemia a la que tenemos que hacer frente con coraje y valentía, solidaridad y espíritu de servicio. Estas son virtudes y valores que definen el espíritu cívico de las sociedades democráticas y conciernen a todos los ciudadanos. También a los miembros de las Fuerzas Armadas… ¡faltaría más! Pero no confundamos al personal: no hay que ser ni sentirse soldados para vivirlos y practicarlos. Sería mejor hablar de emergencia sanitaria; de planificación económica, término constitucional al cien por cien; de responsabilidad social, y de prioridad del interés general. ¡El lenguaje importa y mucho!
La misión de las Fuerzas Armadas fue definida en el artículo 8.1 de la Constitución y actualizada y puesta al día por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 noviembre, de Defensa Nacional, la cual, en su artículo 15, dice literalmente: “Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente”. Y el 16 contempla “la colaboración con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente”.
Se han dado, sin embargo, algunos pasos más, con una nueva Directiva de Defensa Nacional (la anterior era del Gobierno del PP, en 2012), firmada solemnemente por el Gobierno de España, el 11 de junio de 2020, en presencia de toda la cúpula de Defensa. Una Directiva que amplía las amenazas y riesgos de la estabilidad (de la que se hace a las FFAA garantes y guardianes) a los ataques cibernéticos, la gestión responsable de la información pública y al apoyo y colaboración con las autoridades civiles en casos de emergencia. Se trata, además, de reforzar las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia contra potenciales adversarios que quieran desestabilizar el país. No son cosas de poca monta. Sabemos perfectamente qué significa todo esto.
En los meses de mayo y junio, tuvimos noticia de tres informes que no pueden pasar desapercibidos. Uno es de la Dirección de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejercito de Tierra (GCISAT); otro de la «Real Fundación Instituto Elcano», influyente think thank de estudios internacionales estratégicos. Y un último de la Guardia Civil, alertando de posibles disturbios y sabotajes, en el proceso de transición a la nueva normalidad, por la tensión acumulada.
El primero se centra en los escenarios sanitarios, las consecuencias y las nuevas oleadas de la epidemia, en otoño y el invierno por venir. El segundo, titulado Implicaciones del COVID-19 para la Defensa (mayo 2020), da argumentos a los responsables de la Defensa Nacional para evitar, dicen, que «la defensa vuelva a ser la gran víctima de la crisis»… siendo uno de los argumentos esgrimidos «el ejemplar comportamiento de los militares durante la pandemia», que vendría a demostrar su «utilidad social».
El informe del Instituto Elcano plantea otros temas de fondo: la Defensa como política pública, la suficiencia de la inversión presupuestaria en Defensa, la vinculación directa de estas inversiones a las políticas de I+D+i, las sinergias con el sector civil de industrias de armamento y derivadas, y la dimensión europea de las políticas de Defensa. El Instituto Elcano ha querido hacer pedagogía para convencernos de la conveniencia de que en el debate de los Presupuestos la inversión en Defensa se mantuviera, al menos, en los niveles actuales o se incrementara. Ya el ministro de Defensa, Eduardo Serra, en unas clarificadoras declaraciones en el año 2013 había dicho, literalmente, que el 0,6% de inversión presupuestaria en Defensa era «una broma». No sé qué habría dicho si hubiera sido el 3% como era el de Educación en ese momento. Se trataba, en definitiva, de aprovechar «el aprecio de las FFAA», con motivo de su actuación ante la epidemia, para convertirlo, a largo plazo, en dinero e inversiones en Defensa y que se mantuvieran, «sin complejos», las partidas destinadas al capítulo de la Defensa Nacional y a la investigación científica y tecnológica aplicada a la industria del armamento, «aprovechando el tirón del Ejército» de estos meses.
En agosto pasado, la cuestión eran las prioridades que debían pautar el debate y la aprobación de los presupuestos del Estado, tras el verano. Hay que decir, también sin complejos, que para nosotros las prioridades no eran las explicitadas en el Informe de la Fundación Elcano. Tampoco nos interesaba caminar hacia una sociedad más vigilada, sino avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más libre y más democrática, con la colaboración, eso sí, de todos; una sociedad en la que las prioridades políticas fundamentales no sean otras que la lucha contra la pobreza y la mejora de la Salud Pública y la Educación.
Así las cosas, la referencia a la obra de Michel Foucault Vigilar y castigar (1975) es muy oportuna. El autor nos habla de las medidas de confinamiento, del sistema de registro constante y centralizado, y del Reglamento que se aplicaba, según consta en archivos militares de finales del siglo XVIII, cuando se declaraba la peste en una ciudad. Era, en palabras de Foucault, «un modelo compacto del dispositivo disciplinario». El Reglamento «penetraba hasta los más finos detalles de la existencia, mediante una jerarquía que garantizaba el funcionamiento capilar del poder». El Gran Confinamiento contra la peste «suscitó esquemas disciplinarios», «una organización en profundidad de las vigilancias y los controles» y una intensificación y ramificación del poder: el Gran confinamiento de una parte y la buena orientación de la conducta de otra». Era «la ciudad en estado de peste (…); un diseño de coerciones sutiles para una sociedad futura»: la que podría llamarse, en líneas generales, «la sociedad disciplinaria». La nuestra no sería tan sólo «la sociedad del espectáculo, sino también la de la vigilancia». Somos, concluye, «mucho menos griegos de lo que creemos. No estamos ni sobre las gradas ni sobre la escena, sino en una máquina panóptica, dominados por sus efectos de poder que seguimos nosotros mismos, ya que somos uno de sus engranajes (…). Las Luces, que inventaron las libertades, inventaron también las disciplinas».
La pandemia no puede ser una excusa para dificultar el ejercicio pacífico de las libertades públicas, ni tampoco para ignorar los límites que se imponen a los ciudadanos en aras de la Salud Pública y el bien general. Difíciles equilibrios estos en tiempos de polarización social y política.
Nos preocupan las noticias relacionadas con escándalos en los procedimientos de exportación y venta de armas; el hecho de que España ocupe el séptimo lugar en el ranking mundial de exportadores de armas, entre 2015 – 2019; la bárbara y coloquial ocurrencia de un general retirado de «fusilar a 26 millones» de conciudadanos; las declaraciones y manifiestos de militares retirados y en activo, a finales de año y principios del 2021, exigiendo al gobierno un «golpe de timón». Estos temas han ocupado, con motivo, la atención del Estado Mayor del Ejército y del Ministerio de Defensa. Ciertamente son hechos que producen alarma y hacen sentir vergüenza ajena.
Con gobiernos de diferente significación política e ideológica, también aquí vamos hacia una sociedad disciplinaria (M. Foucault), con fronteras de poder instrumental propias del capitalismo de la vigilancia (Shoshana Zuboff). Un tema para la reflexión y el debate.
