Que la educación pública está sufriendo ataques constantes es una evidencia social y estadística. En los recientes informes presentados por CCOO se puede constatar que en diferentes etapas educativas se están favoreciendo y protegiendo los intereses privados en detrimento de la defensa y fomento de la educación pública de gestión directa, que es la única a la que se puede llamar pública de verdad por mucho que algunos quieran manipular el lenguaje. La Lomloe deja claro lo que es un centro público en su artículo 108 y lo define como aquellos de titularidad de una Administración pública.
En la educación infantil y primaria asistimos a supresiones de unidades en los colegios públicos que no se producen en la privada-concertada, que incluso crece en algunos casos, todo esto cuando la reducción de alumnado es similar e incluso algo superior en la privada-concertada. Esta situación en breve llegará también a secundaria.
En la formación profesional asistimos a un crecimiento exponencial de la privada, especialmente de la modalidad a distancia, y solo un pequeño crecimiento de la pública.
En bachillerato vemos que se buscan fórmulas para financiar, en la práctica, con fondos públicos a la privada y podemos comprobar que el bachillerato privado está creciendo y el público no.
La intensidad, las fórmulas y las situaciones resultantes son distintas dependiendo de la comunidad autónoma, pero el problema es estructural. El sistema permite a las administraciones privatizar a voluntad aprovechando cualquier oportunidad para ello y, por tanto, la situación requiere de medidas globales para resolverse.
Lo primero sería asumir que debe ser solucionado. Esto requiere de una clara voluntad política y un convencimiento real, y no solo teórico difuso, de potenciar la educación pública. En la Lomloe se explicitan elementos en esta línea, específicamente en su artículo 109: “Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”. Y también: “Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”.
No basta con declaraciones de intenciones genéricas. Es imprescindible desarrollos, normativas y medidas reflexionadas y efectivas que produzcan el efecto deseado: que no se recorte en ninguna parte, que el sistema educativo crezca y mejore en calidad y desarrollo para todas y todos.
Si se tiene responsabilidad social y política no se debe aprovechar el descenso de la natalidad sostenido para suprimir unidades en infantil y primaria. Es imprescindible, dadas las necesidades sociales y del sistema educativo, que se aproveche para bajar las ratios y no solo a nivel generalizado, sino especialmente donde más se necesita. Para esto la propuesta de CCOO es clara: que además de las bajadas generales, se establezca que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (todo es todo, necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, dificultades específicas de aprendizaje, situación de desventaja social, etc., pues todas están contempladas en la Ley) cuenten doble a efectos de ratio en todas las etapas y enseñanzas. Esta medida facilita, junto con otras, la mejor atención al alumnado más vulnerable, que está comprobado es en el que más beneficio produce la ratio más baja y una atención más personalizada. Generaría más grupos de los que se han perdido. Además tendría en cuenta la situación de que entre el 75 % y el 80 % del alumnado con necesidades específicas está escolarizado en centros públicos.
El impulso y crecimiento de la formación profesional no se puede aprovechar para favorecer a lobbies, corporaciones y fondos privados, y no se puede permitir que la calidad educativa dependa del cálculo de coste-beneficio que hagan para ganar lo máximo posible en este sector, que ven como un enorme nicho de negocio. Es inadmisible y un contrasentido social y legal que la pública crezca menos que la privada cuando la demanda está creciendo. Esto producirá, y ya está sucediendo, que no se cumpla el principio de asegurar la oferta pública. La solución a esto no puede ser otra que una mayor inversión de las administraciones educativas en la FP pública para incrementar la oferta, con los recursos para asegurar su máxima calidad.
No se puede permitir tampoco que el resto de las enseñanzas, de régimen general y de régimen especial, continúen en un proceso de privatización y de adelgazamiento de la oferta pública. Debe blindarse e incrementarse la oferta de plazas públicas.
Las medidas y desarrollos normativos para asegurar ese objetivo, explicitado en la Ley educativa, deben partir de una premisa clara para ser efectivas: no recortar el sistema en ningún aspecto e incrementar la oferta pública aprovechando dos tipos de demandas: por un lado, la demanda de mejora de calidad del sistema que requiere reducción de ratios; y, por otro lado, el aumento de demanda de plazas en las enseñanzas en las que esto está sucediendo.
CCOO tiene propuestas cuantificadas, rigurosas, reflexionadas y razonables, pero a la vez ambiciosas, para que el sistema mejore y crezca en su conjunto, sin perjudicar a nadie y beneficiando a trabajadores, trabajadoras y a toda la ciudadanía.
El sindicato ha demostrado sobradamente su solvencia analítica y propositiva, y si la Administración tiene voluntad política y de diálogo se podrán afrontar conjuntamente los retos del sistema educativo y generar progresos históricos. Si no tiene voluntad, habrá que generársela desde la denuncia, la movilización y la reivindicación de la comunidad educativa y de nosotras como sus representantes.
