No será una legislatura fácil. Con una mayoría parlamentaria frágil y en una Cámara con las derechas (sean nacionalistas, españolistas o independentistas) en posiciones mayoritarias, será necesario hilar muy fino para sacar adelante políticas de progreso como las que necesita nuestro sistema educativo.
Lo primero que queremos señalar es que no todo está hecho. Podría ocurrir que los y las responsables ministeriales consideraran que, con la aprobación de las grandes reformas educativas, poco más queda por hacer, salvo completar los desarrollos normativos pendientes. En sentido contrario, desde CCOO consideramos que hay una serie de cuestiones de urgente abordaje, que le tendrían que dar cuerpo y sentido a la legislatura que ahora comienza.
Si algo nos han enseñado las últimas crisis vividas (la económica y la sanitaria) es la importancia de lo público como eje vertebrador del Estado social. En el contexto del nuevo mapa de poder autonómico, mayoritariamente en manos de alianzas de la derecha conservadora y la extrema derecha, la defensa de la educación pública, equitativa, laica, inclusiva, democrática y garante de la cohesión social, y de que el bien común se sitúe por encima de los intereses del mercado y del beneficio privado, se convierte en una prioridad. Y al Ministerio de Educación le corresponde una clara función de liderazgo en este empeño.
La disminución de las cohortes de alumnado, fruto de la caída de la tasa de natalidad, está siendo aprovechada por muchas administraciones educativas como una oportunidad para recortar y privatizar. Así, mientras la enseñanza pública ha perdido, en los últimos cinco años, 202.000 alumnos/as (el 7,06%) y 3.490 aulas, la red privada concertada ha perdido, en el mismo periodo, 102.000 alumnos/as (el 7,45%), lo que se ha traducido en una imperceptible reducción de 72 aulas. Es imprescindible aprovechar la bajada de alumnado como oportunidad para mejorar en calidad y en equidad, con ratios menores, con mayor atención a la diversidad y con medidas que favorezcan el éxito educativo de todo el alumnado, superando la perspectiva privatizadora que anima en este momento a la mayoría de las administraciones educativas.
Cerradas las grandes leyes educativas, el gran debate pendiente es el profesorado. La puesta en marcha de un Estatuto Docente con rango de ley que contenga un modelo de profesión, desde la formación inicial, pasando por el acceso a la profesión y el ingreso a la función pública docente, o el modelo de desarrollo profesional, atractivo, articulado y bien incentivado es, con seguridad, una de las prioridades. Esta tiene que ser la legislatura del profesorado. El Estatuto Docente debe regular, además, aspectos como la reducción de la carga lectiva del profesorado, el A1 y la subida de niveles para el conjunto de los y las docentes, la mejora de los procesos de formación permanente o la concreción de las funciones del profesorado para evitar la acumulación de tareas y el exceso de burocracia.
Hay que avanzar en la reducción de las ratios de estudiantes por grupo y asociar esa reducción a la diversidad: que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos de cálculo de la ratio. Y, hablando de atención a la diversidad, hay que aumentar los apoyos específicos para las necesidades especiales, desventaja social/compensación educativa y establecer apoyos para las dificultades específicas de aprendizaje. Y hay que incrementar la red de orientación educativa y psicopedagógica en todos sus perfiles profesionales, para la adecuada detección y seguimiento de todo el alumnado.
La extensión de la oferta pública de plazas en el primer ciclo de Educación Infantil y en la Formación Profesional es ineludible. En este terreno, cabe señalar que no puede fiarse todo el esfuerzo a los fondos europeos, que por su naturaleza están limitados en el tiempo. La etapa educativa con mayor crecimiento en los últimos años es la FP, superando el millón de personas matriculadas. Sin embargo, miles de jóvenes se quedan cada año sin plaza pública de FP, negándoseles así su derecho a la educación y a la formación. Actualmente, hay más de 300.000 personas obligadas a pagar por una titulación de FP en centros privados. La falta de plazas públicas se ha convertido en un déficit estructural en muchas CC. AA., lo que resulta especialmente sangrante en un país en el que el 17,2% de jóvenes entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja, frente a un 14,7% de media en la OCDE. Mientras, la privatización avanza imparable: el resultado de explotación de las empresas privadas que operan en el campo de la FP ascendió en el curso 2020-2021 a 102,11 millones de euros, un beneficio un 313% mayor que en el curso 2014-2015.
Los temas relacionados con la salud mental, la convivencia y el bienestar de la comunidad educativa requieren de una apuesta decidida y recursos específicos, articulados en un Plan Integral que incluya medidas preventivas y actuaciones efectivas, que hay que elaborar y consensuar, dotado presupuestariamente y que comprometa al Estado y a las CCAA.
Sigue pendiente la Ley de Enseñanzas Artísticas, cuya tramitación quedó paralizada por el adelanto electoral. Un texto que para CCOO adolece de algunas insuficiencias, siendo la más destacable que no termina de abordar la integración de pleno derecho de los conservatorios y escuelas superiores de enseñanzas artísticas en un marco equivalente al universitario. Queda pendiente también la regulación del cuerpo de profesorado de EE. AA. en lo que se refiere a régimen de dedicación, y cuestiones fundamentales relacionadas con la docencia, la investigación, la movilidad, entre otros.
Es fundamental avanzar en la formación del profesorado, alumnado, padres y madres en las nuevas tecnologías, y en su uso inclusivo y responsable.
Hay que reforzar la educación en valores inclusivos que haga posible una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Avanzar en la compensación de desigualdades requiere un sistema educativo que incluya curricularmente la educación en la igualdad de género, que rompa estereotipos y que avance hacia una sociedad respetuosa en las diferencias sexuales, culturales y sociales.
Habrá que hablar también de centros medioambientalmente sostenibles y adaptados al cambio climático, de aumentar el sistema de becas y ayudas al estudio reforzando su carácter compensatorio, de escuela rural, y de protección a la infancia.
Y, para dar soporte a la agenda esbozada, hay que hablar de financiación. Desde CCOO seguimos reivindicando un horizonte del 7% del PIB en inversión educativa. Las medidas que acabamos de esbozar suponen un incremento del gasto público educativo del 7,41% y un incremento del 0,33% sobre el PIB, cifra esta última que supone un tercio del punto del PIB que se recortó en educación con la excusa de la crisis. Cifras abordables y razonables teniendo en cuenta que la educación no es un gasto, sino una inversión en futuro.
