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Queda menos de una semana para que empiece el primer curso con el grueso de los cambios de la nueva ley educativa –algunos aspectos entraron en vigor ya el pasado– y más de la mitad del alumnado del país está a punto de plantarse en clase sin tener siquiera currículo oficial. Las direcciones de los centros se inquietan, pero el Ministerio llama a la calma: nadie espera que todo se modifique de un día para otro en septiembre. Este es el curso con más novedades en las aulas en varios años.
Los directores tienen que lidiar con más frentes. Otro de los cambios que trae la Lomloe este curso, a medias con la Ley de la Infancia, es la aparición de la figura del coordinador de bienestar. Los centros van a tener que hacer algún equilibrismo para designar quién se encarga de esta labor: apenas hay información sobre su figura, la regulación del puesto es desigual entre comunidades (y no todas han hecho una) y lo que no habrá son medios ni profesores extra.
En Catalunya tienen sus propias preocupaciones. Además del enfrentamiento entre Generalitat y sindicatos, aliviado este mismo jueves con un acuerdo, el año escolar estará probablemente marcado, otra vez, por la inmersión en catalán. El año pasado hubo tiempo para todo: hubo sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a favor del castellano, hubo desobediencia, hubo nueva ley en Catalunya y hubo rectificación del TSJC; el caso ha acabado en el Constitucional.
Las familias suman otro problema a la incertidumbre de este año: la inflación, que ha disparado el coste de la vuelta al colegio. Las asociaciones de consumidores explican que va a ser el septiembre más caro en 20 años, con una inflación que ronda el 10% a la espera del dato definitivo. Las diferentes encuestas calculan un gasto de entre 200 y 700 euros por hijo este mes, que concentra el 60% del gasto familiar total en Educación, una partida que no ha parado de crecer en los últimos años.
Entre las del PP, solo Madrid cumple
Siete comunidades autónomas que suman 4,75 millones de alumnos (un 58,5% del total) no han publicado aún los decretos de desarrollo autonómico de la ley de Educación, cinco meses después de que el Ministerio aprobara el último de los que les correspondía. Queda menos de una semana para que empiece el curso escolar, el primero en el que se va a aplicar el nuevo método de enseñanza de la Lomloe, y la mitad del profesorado del país no tiene los temarios oficiales de sus asignaturas, aunque la mayoría de los gobiernos autonómicos han ido adelantando los borradores a los centros para que al menos tuvieran algo sobre lo que empezar a planificar el curso.
La situación se ha precipitado como un dominó en varios frentes. Las comunidades no han publicado sus currículos o lo han hecho bien entrado el verano, por lo que las editoriales han tenido muchos problemas para acabar sus libros de texto a tiempo, lo que ha implicado que en muchos colegios aún no han podido elegir sus ediciones ni en consecuencia recomendárselos a las familias para que estas los compren. Y los padres se inquietan.
Andalucía, Islas Canarias, Castilla y León, Catalunya, Galicia, Murcia y Euskadi son las autonomías que aún no han publicado sus currículos. Los Ejecutivos regionales señalan al ministerio como responsable del retraso por aprobar tarde los decretos de mínimos sobre los que cada comunidad debía trabajar después (lo hizo entre febrero y abril) y explican que los plazos del proceso de consulta y el trámite legislativo les han impedido publicarlos hasta ahora. Todos aseguran que han ido adelantando el contenido a los centros para que pudieran ir trabajando.
Galicia admite que no los va a tener listos para cuando empiece el curso. “Se aprobarán en las primeras semanas”, explica una fuente autonómica, que añade que “en todo caso, y frente a la situación creada por el Ministerio, en Galicia enviamos hace meses toda la información a los centros educativos y la compartimos con las editoriales, de manera que pudiera planificarse el curso con antelación”. E insisten en señalar a otros: “Los currículos de Galicia fueron presentados el 19 de abril, solo 15 días después de la aprobación del último currículo del Gobierno central. La tramitación autonómica no puede comenzar hasta que se remate la estatal y, al tratarse de un decreto, supone entre seis y siete meses para cumplir los plazos legalmente establecidos”, eluden la culpa.
Educación replica que ha habido tiempo de sobra desde que aprobó sus decretos. El anterior secretario de Estado, Alejandro Tiana, sostuvo antes del verano, cuando empezaron las críticas, que el Ministerio sí apuró un poco los plazos pero fue compartiendo su trabajo con las comunidades para que no tuvieran que esperar hasta la aprobación de los textos estatales, exactamente el mismo argumento que utilizan ahora los gobiernos autonómicos respecto a los centros educativos. Además, añade Educación, que algunas comunidades hayan aprobado los suyos desmiente que no diera tiempo.
Casual o intencionado, el repaso a las comunidades admite una lectura política: entre las siete no cumplidoras hay cuatro regiones gobernadas por el PP, una por el PSOE (Canarias) y Catalunya y Euskadi por los independentistas. Entre las autonomías populares solo Madrid, habitualmente la más díscola con cualquier cosa que salga de La Moncloa, ha cumplido. Entre las socialistas, solo Canarias no lo ha hecho. Catalunya y Euskadi, que también cuentan que han compartido los borradores con los centros, funcionan como ecosistemas propios desde este punto de vista.
“Vamos con el agua al cuello”
Y de fondo sobrevuela la imposición, negro sobre blanco en la Lomloe, de tener que ceñirse a un calendario de aplicación de la ley inaplazable que fija este curso 2022-2023 como el del desembarco de los currículos en los centros educativos. Esta obligatoriedad con los plazos no siempre fue así y tiene una explicación: cuando el PP de José María Aznar aprobó su LOCE en 2004 reguló su calendario de implantación mediante Real Decreto. Luego perdería las elecciones contra pronóstico y José Luis Rodríguez Zapatero solo tuvo que derogar un RD para paralizar la norma. La LOCE nunca llegó a las aulas y todo el mundo tomó nota: desde entonces las leyes educativas incluyen el calendario en su articulado, de manera que para paralizarlo hay que modificar toda una ley orgánica, y eso no lo puede hacer a voluntad un Gobierno recién llegado. Hace falta un largo trámite parlamentario que garantiza la vida de la norma al menos algún curso.
“Los centros que tenemos que aplicar esto en el día a día nos vemos con el agua al cuello”, explica César González, director del IES Mata Jove, en Gijón, y presidente de la asociación de directivos de centros públicos asturiana Adespas. “Estamos un poco desesperados, tenemos todo sin preparar. Aunque algunas materias no cambien mucho [respecto a la extinta Lomce], hay otras que cambian de curso y no puedes tratarlas igual para un 1º de la ESO que para un 3º, por ejemplo Valores Éticos. O la nueva de digitalización, que se parecerá mucho a la antigua tecnología, pero algo cambiará”, elabora.
La incertidumbre con la Lomloe, el retraso con los currículos y el cambio metodológico que trae la ley tiene a buena parte del profesorado inquieto. La apuesta real por lo que se ha venido a explicar como el paso del conocimiento a las competencias –estas ya figuraban en leyes anteriores, pero no habían bajado a los currículos oficialmente– implica la enseñanza mediante “situaciones de aprendizaje” que los docentes deben diseñar.
Los currículos de mínimos que elabora el Ministerio se han vaciado para dar más libertad a los docentes, que según el grado de concreción que haya añadido después cada comunidad podrán decidir qué contenidos concretos son más apropiados para sus clases. Incluso los centros pueden destinar, si así lo han dispuesto sus Gobiernos regionales, parte del horario escolar para las tareas que decidan. Pero más libertad implica más trabajo, recuerdan los profesionales. “Trabajar por competencias es un esfuerzo muy grande para el docente, esto es una realidad”, admite Toni González Picornell, presidente de la Confederación de asociaciones de directivos de centros públicos de Secundaria Fedadi, que exige que las administraciones ofrezcan formación.
Para capear esta incertidumbre y ante la falta de indicaciones, el profesorado se trata de organizar de cara al curso. Casi 4.000 docentes se han juntado en un grupo creado en Telegram de programación didáctica para compartir materiales adaptados a la nueva ley. El asunto es complejo: cada asignatura, cada etapa y cada comunidad autónoma tiene sus particularidades; el grupo suma ya una veintena de subgrupos y seguirá creciendo.
¿Quién será coordinador de bienestar?
Otra de las cuestiones que ocupa a los directores estos días. La figura del coordinador de bienestar se crea en función de la Ley de Protección de la Infancia y debe estar presente en todos los centros a partir de este curso. Pero la ley apenas la esboza y, como todo en Educación, deja en manos de las comunidades autónomas su definición. No todas lo han hecho, explica Héctor Adusar, responsable de Función Pública de CCOO, y en cualquier caso se está intentando hacer “sin recursos”.
Según explica el orientador escolar y sindicalista, hay tres tipos de modelos en las comunidades. Están las que han liberado alguna hora semanal de clase para que el docente designado la utilice para esa función específica. Oscilan por el momento, siempre según información de CCOO, entre una hora semanal y cuatro, según la comunidad o el tamaño del centro, sobre jornadas semanales que están entre 18 y 20 horas lectivas habitualmente. Es la vía elegida por Asturias o Canarias. Un segundo grupo ha optado por juntar en una especie de paquete las horas liberadas para esta figura del bienestar, pero también para el fomento de la lectura y la digitalización. Castilla-La Mancha sigue este método y libera entre 6 y 8 horas lectivas a institutos y entre 3 y 7 a colegios, que deciden cómo repartirlas. El último método es el de no liberar nada: que los profesores dediquen parte de su tiempo complementario (el que no es lectivo) a la cuestión.
En lo que coinciden todas es en que la figura tiene que ser un profesor que de la plantilla y que no cueste dinero. “Va a ser complejo”, anticipa el director Picornell. “Aplicar la ley con los casos que estamos conociendo está siendo complejo. Ese coordinador no puede ser un docente, tiene que ser un especialista con conocimientos científicos de la materia”, reivindica.
Adsuar cree que “el mejor perfil” sería el que corresponde a la especialidad de servicios a la comunidad o los orientadores, aunque esta última “es deficitaria a nivel de recursos (hay pocos profesionales) en todas partes”.
La inmersión lingüística
En Catalunya, Lomloe aparte, se hablará de inmersión y del catalán en la escuela. El pasado curso parecía que iba a ser el del desenlace del conflicto en torno a la inmersión lingüística, que lleva enquistado en el plano judicial desde hace una década. El Tribunal Supremo avaló la sentencia que obligaba a la Generalitat a ofrecer al menos un 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo (esto es, en una asignatura troncal además de la de Lengua). Las instancias judiciales pusieron fecha para su ejecución, pero cuando parecía que el Govern estaba entre la espada y la pared, el Parlament aprobó por amplia mayoría (con PSC, ERC, Junts y Comuns) una ley de lenguas que fijaba el catalán como lengua “vehicular” y el castellano como “curricular” y sin porcentajes.
Este nuevo marco normativo llevó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a reconocer que ya no se podía ejecutar la famosa sentencia del 25% y mandó el texto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la ley alumbrada por la Cámara Catalana. La decisión del Alto Tribunal será la que marcará el futuro de la inmersión en las aulas. Mientras esto no ocurre, el Departamento de Educación ha ido un paso más allá y ha animado a todos los centros sobre los que pesaba una sentencia del 25% –un total de 27– a que dejen de aplicar el porcentaje.
