En la reflexión pedagógica se utiliza el término innovación asociado a la mejor y más eficaz manera de alcanzar los propósitos más nobles de la tarea educativa, como servir de ascensor social, contribuir a la definición de una sociedad más justa o promover el mayor y mejor desarrollo personal, social, cultural y ciudadano.
Sin embargo, observamos que en la práctica los resultados de muchas de las medidas calificadas de ‘innovadoras’ no crean más posibilidades de promoción social, más solidaridad, más y mejor progreso humano, cultural… sino todo lo contrario. El despliegue de dichas acciones no supone una mejora en justicia social y equidad para el sistema educativo, ni proporciona más oportunidades de desarrollo personal.
Existe un modo de pensar y hacer en educación que pretende ‘innovar’ espoleando la competitividad entre centros, profesionales y estudiantes, implantando la selección de centros y formatos curriculares (muchos de los actuales programas de bilingüismo…), facilitando cobertura legal a la preselección del alumnado y a la implantación selectiva de centros especializados de Excelencia, STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), Tecnológicos, Bilingües… Este modo tecnocrático de gestión, calificado por muchas administraciones de ‘innovador’, a nuestro juicio, es incompatible con la finalidad genuinamente educativa de fomentar la inclusión.
Este tipo de acciones podríamos calificarlas de ‘originales’, ‘diferentes’, ‘imaginativas’, ‘técnicas’… al servicio de intereses de parte, pero no de ‘innovadoras’ desde una óptica educativa. Entre otras razones, porque las finalidades y ventajas a las que responden ni son encomiables, ni justas, y no debemos legitimar por el hecho de denominarlas ‘innovadoras’.
Esta misma línea argumental la mantienen estudios específicos como los de Brindusa Anghel, Antonio Cabrales y Jesús M. Carrola, Unicef, Acción Educativa, Save de Children y los de F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido…
… políticas como el fomento de la educación privada, de la competencia de centros mediante la publicación de rankings o la creación de un distrito único, pueden configurar sistemas educativos inequitativos que atentan contra la igualdad de oportunidades. Murillo y Martínez-Garrido
… la concentración de alumnado de perfil socioeconómico bajo en España afecta al 46,8% del total de los centros y 9 de cada 10 de estos centros son públicos.” (Mézclate conmigo, Save de Children)
En la Comunidad de Madrid, el aumento de la segregación dentro de la escuela pública entre los años 2012-2015 está relacionado con la implementación del programa bilingüe. (Mézclate conmigo, Anexo: Comunidad de Madrid,
Save de Children)
Más allá del disenso conceptual que estos enunciados pueden sugerir, lo preocupante es la realidad que ponen de manifiesto y sus consecuencias negativas en la formación y aspiraciones de las clases sociales más populares.
El dogma de la selección
Este modo tecnocrático y selectivo de pensar y de hacer en educación se sustenta en la idea (no escrita en declaraciones formales) de que, sólo salvaguardando, favoreciendo y garantizando la ‘óptima’ educación de las élites culturales, económicas o profesionales del país podremos protegernos, como colectividad, de las turbulencias de un futuro incierto y salvajemente competitivo. Esta idea se complementa con la falacia interesada de que… una vez hayamos alcanzado esa ‘optimización’, irá llegando financiación y más cobertura al resto de la sociedad y al sistema educativo en su conjunto.
Estas afirmaciones sin base científica (de ahí que utilicemos el término ‘dogma’) defienden que lo beneficioso para las élites financieras, propietarias y profesionales del país beneficia, por añadidura, al resto de la sociedad.
La realidad cotidiana, sin embargo, es terca y falsea continuamente este ‘dogma’. Después de cuarenta años de aplicación de las referidas políticas y programas calificados de innovadores (desde los ochenta, con la revolución neoliberal de Ronald Reagan y Margaret Thatcher), la mejora de la calidad de la educación no ha llegado a los grupos sociales más débiles. De hecho, las posibilidades de promoción y aspiraciones de las clases populares se han visto visiblemente mermadas.
Frecuentemente se anuncian medidas que supuestamente aseguran la mejora educativa y, sin embargo, desatienden las necesidades de los colectivos con más dificultades (beneficiarios de programas de compensación y atención a la diversidad…), no se avanza en la inclusión escolar, ni en la formación del profesorado… El índice de segregación escolar sitúa a España en el sexto lugar de los países europeos más segregadores (por encima del promedio de la Unión Europea), se ahonda en el deterioro del liderazgo en los centros escolares públicos, las ‘ratios’ siguen aumentando, las plantillas de los centros públicos no se dotan adecuadamente, aumenta el horario lectivo de los docentes de la enseñanza pública, no se sustituyen sus ausencias…
Paralelamente se favorece la selección y categorización de los centros por especialidades, se amplía la aplicación del actual formato del programa bilingüe (más allá de los resultados que avisan de sus consecuencias segregadoras); el número de unidades concertadas aumenta, se concierta el servicio de orientación educativa y se dispara el gasto en educación de las familias, aumentando en un 36% (INE, 2018-2010), ante el miedo de que sus hijos pierdan oportunidades de promoción social. Madres y padres se hacen cargo (quienes pueden) del pago de cuotas ilegales en centros de enseñanza obligatoria (el reciente estudio de la FAPA ‘Giner de los Ríos’ y CICAE determina que el 33% de los estudiantes madrileños asisten a centros concertados y pagan una cuota media mensual de 153 euros, circunstancia confirmada por la ONG Save the Children, en su estudio ‘Mézclate conmigo’).
Una colosal promoción y beneficios fiscales
Este modo de pensar y hacer en educación se alimenta de una actitud autoritaria pretendidamente respaldada por ‘datos técnicos y, en apariencia, neutrales’. Acapara el debate en foros profesionales, RRSS, entre administraciones y en los medios de comunicación, convirtiendo a sus líderes en ‘gurús’ del conocimiento sobre innovación educativa, su razón de ser y modos de proceder. La abrumadora difusión de este marco de interpretación y acción, de corte económico-neoliberal y gerencial-empresarial, ha marginado toda argumentación crítica de tipo más social, cultural, político, crítico y emancipatorio.
Esta conceptualización que pretende ser universal ha contado con el apoyo de grandes ‘holdings’ empresariales, algunas fundaciones y un sinfín de acuerdos de patrocinio (las grandes corporaciones han redescubierto que ‘la educación encierra un tesoro’, en este caso económico). Es notoria la entrada ‘a saco’ de la ‘nueva filantropía estratégica’, y lo atractivas que fiscalmente resultan estas iniciativas. Se concede una enorme presencia mediática a un único discurso, muy difundido también por las administraciones, que invisibiliza otras concepciones, otros modos de conocer y otras formas de pensar y hacer en educación.
Esta ‘colosal’ promoción sitúa a determinados sectores de la sociedad en un espacio de privilegio, mientras excluye al resto, y otorga a la parte más fuerte el poder de veto sobre la promoción y el sustento de la parte más débil. Su concepción sobre lo que es o no conocimiento, sobre lo que es ‘buena gestión’… y su posición mediática aventajada les afianza en un estatus al que no están dispuestos a renunciar.
El fracaso del gerencialismo-selectivo en educación
Después de años de promesas y aplicación de este modo de pensar y hacer en educación (recordemos las decisiones de distintos responsables del Ministerio de Educación como el Sr. Suárez Pertierra, la Sra. Esperanza Aguirre, la Sra. Pilar del Castillo, el Sr. Mariano Rajoy…), deberíamos encontrarnos en un sistema educativo de éxito, en el que las anunciadas mejoras ya habrían alcanzado a los más débiles. Según su ‘dogma’ y tras cuarenta años de aplicación de medidas (entre ellas la reforma LOMCE) sería esperable que las ventajas conseguidas para las élites ya habrían alcanzado también a las clases populares.
Tendrían que haber reportado beneficios para todos medidas como la libre elección de centros y la ‘zona única’ de escolarización, la concepción académica de la enseñanza (por miedo a bajar el ‘nivel’), la organización del currículo centrado en las materias ‘fundamentales’, los experimentos sobre itinerarios educativos diferenciados, el apoyo a la educación privada concertada, el abandono de la enseñanza pública, las propuestas gerenciales de programas como ‘Calidad Total’, los conceptos de libre mercado regulando la ‘calidad del sistema escolar’, la evaluación por estándares y un largo etcétera.
Sin abusar de la presentación de indicadores sobre el estado actual de nuestro sistema escolar y más allá de los que hemos venido comentando, a continuación, reproducimos algunas afirmaciones, a este respecto, e invitamos a la detenida consulta de las fuentes.
“… en España sigue habiendo numerosos niños, niñas y jóvenes que a pesar de estar escolarizados están privados del derecho a una educación plena y con sentido. (…) los procesos de exclusión o inclusión no se generan de forma natural por determinadas características intrínsecas de los individuos, sino que se construyen de forma social y relacional a partir de diferentes marcos de oportunidad.” (Los factores de la exclusión educativa en España: Mecanismos, perfiles y espacios de intervención, Unicef)
“El sistema educativo español tiene deficiencias que no permiten que todo el alumnado tenga trayectorias educativas exitosas y genera desvinculación, bajas cualificaciones y menores oportunidades profesionales y vitales para los más vulnerables. En la actualidad, casi la mitad del alumnado, en España, está escolarizado en centros que sufren concentración de alumnado vulnerable” (Mézclate conmigo. Save de Children)
“La Comunidad de Madrid es la región española con mayor segregación escolar (0,36) y lidera el ranking también a nivel europeo, (sólo por detrás de Hungría) y es la comunidad que más ha crecido en los últimos 10 años (35,8%, más del doble que la media en España)” (Mézclate conmigo, Anexo: Comunidad de Madrid. Save de Children)
En el último informe de la Comisión Europea que recoge la evidencia cuantitativa y cualitativa más actualizada sobre el sistema educativo de cada Estado miembro de la UE, en referencia a España afirma…
“Los avances hacia la reducción del abandono escolar prematuro se han ralentizado. Aunque el porcentaje de las personas que abandonan prematuramente la educación y la formación descendió del 28,2% en 2010 al 17,9% en 2018, sigue superando la media de la UE y el objetivo del 15% fijado por la Estrategia Europa 2020 para España. En 2018, en doce de las diecinueve regiones este porcentaje se mantuvo estable o aumentó.” (Monitor de la Educación y_la_Formación de 2019. Comisión Europea)
Es evidente que las iniciativas a las que nos venimos refiriendo, que de manera interesada se han dado en calificar como ‘innovadoras’, no lo son desde una óptica educativa. Tal y como lo entendemos, sólo merecerían esta consideración las medidas y actuaciones de desarrollo humano que pretendan mayores cotas de justicia, equidad e inclusión. Estamos necesitados de ciudadanos y ciudadanas educados en una ética sólida y fundamentada en los derechos humanos.
