Nueva ley de Formación profesional (I): FP y sistema educativo

En nuestro país solo el 20% de los jóvenes encuentran trabajo. Es uno de los tres países del mundo que aglutinan más trabajadores jóvenes en riesgo de pobreza y tiene más temporalidad en el empleo que casi cualquier país de Europa. Además, es el segundo país europeo con más jóvenes trabajando a jornada parcial porque no hay empleo a tiempo completo y tiene un 14% de “ninis”, una de las peores cifras de la UE. Hace décadas que somos líderes en abandono educativo temprano; aunque, de hecho, aun poseyendo estudios de bachillerato o FP de grado medio, sólo el 59% de los jóvenes consigue un empleo, una cifra que alcanza el 72% de media entre nuestros homólogos europeos con ese mismo nivel de formación. En nuestro país solo el 15,8% de los jóvenes logró emanciparse el año pasado.

Me pregunto si somos realmente conscientes de lo importante y decisivo que es hacer una buena ley de formación profesional en un país como el nuestro. Y lo importante que es, a la vez, saber acompañarla de otras reformas estructurales igual de necesarias para crear un sistema eficiente, un ecosistema, si queremos utilizar la terminología que el propio Ministerio refiere para definir la Formación Profesional.

El propio sistema educativo le ha restado valor a la formación profesional

El borrador de la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional apareció apenas unos meses después de la aprobación de la octava ley de educación en nuestro país y aun habiendo, en muchos aspectos, una conexión más que evidente entre ambas leyes, parece existir un claro interés por considerarlas separadamente, como si regularan espacios independientes o de naturaleza muy distinta. Como si lo que se proyecta o acontece en la educación obligatoria o en el Bachillerato no tuviera alcance o impacto en la FP. Y nada más lejos de la realidad. Precisamente, la forma en que relacionamos las etapas educativas, los accesos, las conexiones o las transiciones entre ellas, resulta determinante para dar consistencia y equilibrio a todo el sistema. Más aun, cuando la propia ley apuesta de forma determinante por un sistema único e integrado donde los centros educativos van a tener un papel mucho más relevante en la formación ocupacional y continua. Más aun, si se quiere, cuando se ha regulado la concentración, en un único ministerio, de las competencias de propuesta y ejecución de las políticas de formación profesional educativa y para el empleo.

Algunos datos solo para contextualizar. Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) España necesita incrementar, al menos en 10 puntos porcentuales, el número de ciudadanos con un nivel medio de cualificación. Mientras que en España solamente el 22,7% tiene una titulación de este nivel, esta población supera el 40% en la media de la OCDE (42,4%) y de la UE23 (44,8%). Y la gran diferencia está en la FP: sólo el 12% de jóvenes se matriculan en FP frente al 29% de nuestros vecinos europeos. El problema no es menor en el ámbito del reskilling. Los cambios que se suceden en el ámbito fundamentalmente tecnológico, pero también demográfico, climático o en las dinámicas de la competitividad global, repercuten directamente en las necesidades de formación de muchas personas. Muchas ocupaciones y sectores deben actualizarse en alguna medida, concretamente el 54% de los trabajadores necesitaran redefinir o incrementar sus competencias profesionales en poco tiempo, lo cual plantea un reto mayúsculo para cualquier sistema.

Para afrontar esta situación, ningún planteamiento posible puede obviar la formación profesional del sistema educativo. Es un instrumento fundamental para cualificar a una importantísima parte de la población activa y debe mejorarse su encaje y su relación con todo el sistema para poderlo optimizar. Esto parece haberse entendido en la nueva ley. Sin embargo, el origen de muchas de las carencias o fallos, muchos estructurales, que impiden que más alumnos opten y cursen formación profesional
—este sigue siendo uno de los mayores retos—, está precisamente en el sistema educativo o vinculado a él. Algunas de las soluciones más importantes no pueden llegar de la mano de una ley exclusivamente de FP. Por esa razón, de la LOMLOE se esperaban medidas de mayor calado y existe, en ese sentido, una decepción generalizada con la ley de educación. Tres apuntes generales al respecto…

La engañosa “seducción” de los jóvenes por la FP

Durante el inicio del presente curso la prensa ha lanzado titulares inquietantes sobre el “repentino incremento” del interés de nuestros jóvenes por la Formación Profesional. Hemos llegado a leer que “La falta de plazas públicas de FP iba a dejar a una generación de adolescentes a las puertas del paro y el abandono escolar”.  Antes de aseverar que por fin hemos logrado “seducir” a un ingente número de alumnos hacia la FP, los responsables de las políticas educativas y de formación para el empleo deberían hacer un análisis riguroso y amplio de lo que está ocurriendo para conducir las estrategias de orientación y de planificación de la oferta en el mejor sentido.

Sin pretender anonimizar las problemáticas propias de una etapa que arrastra sistemáticamente el peso de preceder a la selectividad, una primera consideración, casi automática, es el convencimiento de que sería impensable leer en nuestro país titulares semejantes referidos al bachillerato. Para acceder al bachillerato basta con tener la ESO mientras que el acceso a la FP está condicionado a la disponibilidad de plazas.  Hay que admitir que esta desigualdad estructural y creciente entre ambas ofertas expresa un sesgo cultural e institucional persistente que no desaparece de un curso para otro y que condiciona todo un sistema fuertemente orientado hacia la vía académica como la opción preferente.

La FP, un sistema refugio

También es importante considerar dinámicas anteriores. Entre el año 2008 y el 2015 la matriculación del Grado Medio en España se incrementó más de un 40%. Hoy sabemos que la crisis económica influyó de forma determinante en ese aumento y que no significó, en realidad, una modificación de las preferencias del alumnado. De hecho, durante el mismo período la tasa neta de matriculación (jóvenes de 16 y de 17 años que se matriculan en CFGM) se redujo ligeramente, mientras que la misma tasa en el Bachillerato se incrementó más de 10 puntos porcentuales. Fue la falta de oportunidades laborales la que mantuvo en el sistema a muchos jóvenes que, de otro modo, lo habrían abandonado y la que obligó a otros muchos a retornar.

¿Podemos asegurar que el reciente interés de más jóvenes por la formación profesional responda a un cambio real en las preferencias del alumnado en la educación post obligatoria? Los datos disponibles del presente curso reflejan un incremento de los alumnos escolarizados en FP del 4,1%. Los del Bachillerato, aunque en menor medida, también han aumentado un 2,3%. ¿Sabemos cuántos son el resultado de una reorientación como alternativa al abandono de bachillerato? ¿Sabemos cuántos acceden para continuar estudiando? ¿Sabemos qué aumento se debe a la mejora en las tasas de graduados en la ESO? Hay que desarrollar sistemas de información que permitan identificar y estimar estos datos para darles un significado preciso en su contexto. Una crisis socioeconómica como la que arrastramos actualmente —la pandemia y sus efectos no han desaparecido—, puede tener una influencia decisiva en la elección de las opciones formativas. En ese contexto la FP puede ser percibida como una opción más rápida y segura para la obtención de un empleo que todo lo demás. Resulta fundamental determinar si existe realmente esta relación y qué parte del crecimiento de la demanda de FP puede imputársele.

Lo cierto es que a la FP se le ha atribuido una especie de “superpoder” en términos de empleabilidad que se ha ido alimentando con políticas de márquetin; entre otras, campañas de atracción basadas en presupuestos engañosos (un índice de empleo importante, sí, pero en buena parte inestable y de menor calidad que la de los titulados universitarios), una idealización completamente irreal de la FP dual (para todos, como establece la futura ley), o grandes alianzas público-privadas que para muchos pretenden, más allá de una relación estratégica que beneficie a todo el sistema, una clara influencia de los principales grupos económicos en la forma y el contenido que debe tener la formación de los futuros empleados y empleadas.

Todo lo anterior sirve muy poco a la solución de los problemas reales, pero resulta tremendamente fotogénico para las administraciones. Mientras las noticias se enfocan ahí, la falta de una política de orientación consistente, la contención y precarización de la oferta pública, la tremenda falta de inversión y de instrumentos eficientes de diálogo social y análisis prospectivo, entre otros, han ido degradando progresivamente la situación: la oferta privada a distancia ha crecido de forma desorbitada y descontrolada y las Universidades, fundamentalmente privadas, pero también algunas públicas, han aprovechado el nicho de mercado generado por la ausencia connivente de políticas públicas de verdad en materia de formación profesional. Y todo esto no ha pasado en dos días. Se denuncia desde hace muchos años, cual crónica anunciada.

El grave problema estructural de la falta de plazas públicas

No es la primera vez, ni será la última, en la que miles de personas se quedan sin plaza pública de FP en nuestro país. Los datos son determinantes al respecto: tenemos un grave problema estructural de falta de plazas públicas. No es casual ni reciente, sino exponencial. Cualquier solución en formación profesional pasa por ampliar generosamente la oferta de plazas públicas —al amparo de lo que establece el artículo 109 de la propia LOMLOE— y por lograr que muchos más alumnos transiten hacia la FP como oportunidad formativa de calidad y de futuro, sin vías muertas o excluyentes, no como “socorro” o recurso alternativo al fracaso en otras opciones. Y claro que la tarea fácil no es, pero poseemos conocimiento para aportar soluciones cuya integración en las normas depende, fundamentalmente, de la voluntad política del legislador.

LOMLOE y la Formación Profesional. Una vía de ‘evacuación’, una fórmula reversionada de la FP Básica de Wert

Volvamos ahora a la LOMLOE y su potencial impacto en la FP. La nueva ley educativa ha “barnizado” la FP Básica de la LOMCE que, por su parte, ya anticipó la orientación hacia la vía profesional antes de finalizar la ESO, e incorporó la posibilidad de obtenerla si se superaban todos los ámbitos de un currículo proyectado con una perspectiva fundamentalmente aplicada. Los ciclos de grado básico (LOMLOE), proyectados por ámbitos (generales y profesional), están pensados para aquellos alumnos que “requieren un entorno de aprendizaje vinculado al mundo profesional para alcanzar las competencias de la ESO” (alguien debería explicar qué quiere decir esto exactamente). La superación de todos los ámbitos conduce, por un lado, a la obtención de la ESO y, por otro, a la del título de Técnico Básico, al parecer, este último, a los efectos exclusivos de acreditar la especialidad profesional correspondiente.

Aunque revistamos el lenguaje de diversidad o inclusividad y a pesar de la pretendida equivalencia en la obtención de las competencias básicas gracias a ese “entorno de aprendizaje profesional”, la medida supone para muchos, en el fondo, la institucionalización de una vía de acceso a la FP exclusiva para alumnos que no van a finalizar la ESO por la vía prevista mayoritariamente para todo el alumnado. Podríamos decir que el sistema está creando, en el marco de la escolaridad obligatoria, una vía de “evacuación” de los alumnos con más dificultades para culminar con éxito la vía “académica”, incorporándolos a un itinerario teledirigido a la formación profesional, que vuelve a asumir el papel red de seguridad de los alumnos que no encuentran respuesta en la “otra” ESO. Una cosa es diseñar medidas para alumnos que requieren alternativas de aprendizaje, de continuidad o de reinserción el sistema educativo y otra bien distinta diseñar orgánicamente un itinerario en la ESO previsto, en realidad, para los que “probablemente no van a llegar” al Bachillerato. Esto es, para algunos, una forma de segregación educativa y nada tiene que ver con la equidad ni con el principio de inclusión que la LOMLOE generaliza en todo el sistema educativo, incluida la FP.

Y así, los que defendíamos con esperanza la posibilidad de recuperar y mejorar los Programas de Cualificación Profesional Inicial, por ser la mejor apuesta —al menos hasta el momento que se ha regulado en nuestro sistema para recuperar, a través de la FP, al alumnado que no pudo obtener la ESO en su momento, nos hemos tenido que contentar con una fórmula reversionada de la FP Básica de Wert.

Ninguna pretendida mejora debería obviar dos hechos objetivos. Por un lado, hay que tomar conciencia de que para que nuestro sistema de FP sea capaz de formar a los profesionales que vamos a necesitar en el futuro debe recibir y trabajar con alumnos de todas las potencialidades e intereses (solo el 26% de los alumnos que se matricula en el GM tiene la edad teórica para hacerlo); por el otro, no olvidar que si la FP pudiera prescindir del dominio de las competencias básicas que se adquieren en la escolaridad obligatoria, no sería posible ni cierto que más del 35% de alumnos que inicia un Grado Medio —más del 40% en algunas comunidades—, con un currículo netamente competencial, lo acaba abandonando sin el título. En la FP del sistema educativo hay problemas graves en ambos extremos —entrada y salida— y no parece haber en la LOMLOE una solución capaz de mejorar significativamente esta situación.

En ese contexto, la actual concepción de los ciclos formativos de grado básico, no son la mejor opción; la solución, entre otras, debe estar mucho antes, en aplicación de medidas universales en la escolaridad obligatoria para mejorar las expectativas de todo el alumnado, en crear las condiciones para que los profesionales de la orientación puedan hacer bien su trabajo, en planificar y crear plazas públicas y en desarrollar los instrumentos y las acciones para la educación inclusiva sea, de una buena vez, un hecho y no un reto.

Por otro lado, como analizaremos en un próximo artículo, la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional plantea algunas novedades, con efectos de diversa consideración en la FP del sistema educativo, pero con escaso impacto en los problemas estructurales y de fondo.