Ya no es la derecha, sino la ultraderecha la que gobierna la Comunidad de Madrid. Un ejemplo es el borrador de 58 folios, que ha llegado recientemente a los rectorados desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, sobre la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia propuesto por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este borrador ha desatado una gran controversia en la Comunidad de Madrid y en el resto de las comunidades.
Diversos sectores académicos y sociales han manifestado su preocupación ante lo que consideran una amenaza directa a la universidad pública madrileña. Este proyecto de ley introduce cambios que parecen desdibujar el papel de la educación superior como bien público y la encaminan hacia un modelo empresarial más cercano a la lógica del mercado, donde la rentabilidad y la captación de fondos privados priman sobre el conocimiento y la investigación independientes.
Un modelo de financiación que favorece a las universidades con más contratos con empresas privadas
Uno de los aspectos más alarmantes del borrador es la instauración de un modelo de financiación basado en objetivos. Según esta propuesta, el 30% de los ingresos de las universidades tendrá que provenir de la captación de fondos privados. Esto supone una alteración profunda del modelo público, ya que obliga a las universidades a competir entre sí por atraer inversores y establecer vínculos con el sector empresarial. Además, introduce un sistema de «contrato-programa» (Art. 88.- Financiación por objetivos) que condiciona la financiación pública al cumplimiento de objetivos fijados por la Comunidad de Madrid, lo que deja la autonomía universitaria en una posición de vulnerabilidad extrema. En este esquema, aquellas universidades que no logren atraer suficiente financiación privada o no cumplan con los objetivos marcados verán reducidos sus recursos, lo que acentuará aún más las desigualdades entre instituciones.
Este modelo de financiación favorece a las universidades con más contratos con empresas privadas o cuyos docentes mantienen vínculos laborales con el sector empresarial. Esta dependencia impuesta del mundo empresarial podría traducirse en una privatización de facto de la educación superior, donde las líneas de investigación y los programas académicos quedarían subordinados a los intereses corporativos y del mercado. Esto se agrava con el refuerzo del papel de los Consejos Sociales, órganos de representantes empresariales y que, con esta reforma, tendrían poder para aprobar o vetar los presupuestos universitarios. La intervención privada en la toma de decisiones académicas compromete la independencia de las universidades y convierte la educación en un espacio sometido a los intereses económicos de unos pocos.
Las consecuencias de este modelo son previsibles y alarmantes. El cumplimiento de los «objetivos» impuestos por la Comunidad de Madrid puede derivar en el cierre de grados, doctorados e institutos de investigación que no sean rentables desde una perspectiva económica. Áreas de conocimiento fundamentales para el desarrollo cultural y científico, pero que no generan beneficios inmediatos, corren el riesgo de desaparecer, debilitando así el papel de la universidad como motor de pensamiento crítico y de avance social.
El borrador plantea una reforma que facilita la adscripción de centros privados a universidades públicas, permitiendo que estas instituciones privadas utilicen el prestigio, las infraestructuras y los recursos del sistema público sin estar sujetas a los mismos estándares de calidad y exigencia académica. Esta medida no solo supone una apertura sin precedentes a la presencia del sector privado en la educación superior pública, sino que también introduce un modelo que podría debilitar el carácter público de las universidades, favoreciendo su mercantilización.
La adscripción de estos centros privados podría generar una transferencia de fondos y recursos públicos hacia instituciones con lógicas de gestión privada, lo que, en última instancia, podría desdibujar la frontera entre lo público y lo privado. Además, este modelo podría derivar en un sistema universitario desigual, en el que las universidades públicas con mayor número de centros privados adscritos recibirán un flujo adicional de financiación, mientras que aquellas que mantengan su independencia del sector privado podrían quedar en una posición de desventaja competitiva.
Se abre la puerta a un debilitamiento de la educación superior como bien público
Asimismo, la falta de mecanismos claros que garanticen el cumplimiento de criterios académicos y de calidad homogéneos entre universidades públicas y centros adscritos abre la puerta a un debilitamiento de la educación superior como bien público. Esto podría traducirse en una oferta formativa más orientada a la rentabilidad económica que a la producción de conocimiento y la formación integral del estudiantado. En este contexto, la medida podría acelerar la privatización encubierta del sistema universitario madrileño, subordinando la educación superior a intereses comerciales y erosionando su función social y su papel como espacio de pensamiento crítico e investigación independiente.
Otra de las cuestiones más inquietantes es la introducción de un marco normativo que permitiría a las universidades públicas crear «fondos de inversión u otros mecanismos financieros» para su sostenimiento. Este mecanismo supone la financiarización de la educación superior y la integración de la lógica del mercado en la gestión de los recursos universitarios. El riesgo de que las decisiones académicas queden supeditadas a criterios de rentabilidad financiera es evidente, comprometiendo principios fundamentales como la libertad de cátedra y la independencia investigadora. Si la estabilidad económica de una universidad depende de inversiones, mecenazgos y donaciones privadas, es inevitable que los donantes tengan una influencia directa en la orientación de la docencia y la investigación.
Si los rectores, profesores y estudiantes no reaccionamos con contundencia, seremos cómplices de una reforma que erosiona la autonomía académica y mercantiliza el conocimiento
Como colofón, el borrador introduce un artículo que puede ser interpretado como un intento de limitar la autonomía universitaria y reprimir la movilización estudiantil. El texto señala que «en ningún caso podrá alegarse la autonomía universitaria para dejar de garantizar los derechos fundamentales» y que se promoverá una «colaboración leal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En un contexto de creciente descontento social con las políticas educativas, este punto puede ser utilizado como una herramienta para justificar la intervención policial en los campus y sofocar las protestas de estudiantes y docentes en defensa de la educación pública.
Este nefasto borrador de ley no es una reforma menor, sino un cambio estructural que amenaza con desmantelar el modelo de universidad pública tal como lo conocemos. La dependencia de la financiación privada, el fortalecimiento del control empresarial sobre la academia y la conversión de las universidades en entes sometidos a la lógica del mercado son síntomas de una transformación profunda que pone en riesgo la educación como derecho y la convierte en un producto. En este contexto, el papel de la comunidad universitaria se vuelve crucial. Si los rectores, profesores y estudiantes no reaccionamos con contundencia, seremos cómplices de una reforma que erosiona la autonomía académica y mercantiliza el conocimiento.
Ante esta situación, la movilización social y la resistencia activa se convierten en herramientas esenciales para defender una universidad pública que garantice el acceso universal al conocimiento, la libertad de pensamiento y la producción científica independiente.
