El gobierno de la Comunidad de Madrid pretende aprobar en el último trimestre de 2025 una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que unificará las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas y las escuelas de negocios en el mismo paquete. El sistema universitario madrileño está formado actualmente por seis universidades públicas y trece privadas. Y va a más la privatización universitaria que impulsa el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Esta futura ley, lejos de responder a las necesidades reales de la educación universitaria pública, constituye un paso más en la consolidación de un modelo regresivo, privatizador y excluyente que avanza a pasos agigantados en esa comunidad. Diversos colectivos educativos, asociaciones de profesorado e investigadores, así como parte del estudiantado universitario, han expresado su profundo rechazo a esta norma, que se ha tramitado sin una participación social y académica efectiva y que amenaza con alterar de forma estructural los principios sobre los que debería sostenerse la educación superior en una sociedad democrática.
El texto de la propuesta de ley favorece abiertamente la proliferación de universidades privadas, aligerando los requisitos para su creación y funcionamiento, y eliminando la obligación de desarrollar una actividad investigadora real. Esta permisividad normativa no solo banaliza el concepto mismo de universidad, que, por definición, debe articular enseñanza, investigación y proyección y mejora social, sino que revela una intención política de reconfigurar el sistema universitario madrileño bajo la lógica del mercado, la competencia, el beneficio y la ganancia de quienes controlan los recursos y los medios. De hecho, se abre la puerta a que entidades mercantiles puedan obtener el reconocimiento institucional sin garantizar estándares académicos sólidos ni contribuir al desarrollo del conocimiento científico y del bien común.
Desde la asociación Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla, hemos advertido en múltiples ocasiones sobre los riesgos de una educación que se vacía de su dimensión ética, social y transformadora. Cuando el conocimiento se somete a los intereses de la rentabilidad económica, la educación pierde su potencial emancipador y la universidad no puede reducirse a una empresa de títulos ni a una incubadora de competencias instrumentales descontextualizadas y únicamente al servicio del mercado. Su función debe ser mucho más profunda: formar personas críticas, comprometidas con la realidad y capaces de intervenir en ella para mejorarla.
El Foro denuncia que esta ley representa un ataque frontal a la universidad pública, ya que consolida la desinversión crónica que viene arrastrando la Comunidad de Madrid (y otras comunidades autonómicas) al tiempo que fomenta un sistema dual donde las universidades privadas son tratadas con indulgencia normativa y financiera, mientras las públicas se ven sometidas a recortes, precariedad, sanciones e instrumentalización política.
La ley se aprobará en un contexto de creciente movilización universitaria. En los últimos meses, se han producido encierros en facultades como la de Matemáticas de la Universidad Complutense, paros estudiantiles, manifestaciones y huelgas convocadas por sindicatos y plataformas de defensa de la educación pública. Denunciando una situación de infrafinanciación que alcanza niveles alarmantes: la Comunidad de Madrid destina actualmente menos del 0,5 % del PIB regional a la educación superior pública, muy por debajo de las recomendaciones internacionales (al menos el 1 %, UNESCO) y las establecidas en la propia LOSU, que se sitúa en el 1 % del PIB, ya por debajo de la media europea. Esta política presupuestaria empobrece las condiciones de trabajo del profesorado (cada vez más con contratos más precarios), limita el acceso de los sectores populares a la universidad pública y pone en riesgo la sostenibilidad misma del sistema público. Pero a la derecha le importa poco, ya que la destrucción de todo lo público para impulsar el negocio privado, que es el que da beneficios a sus accionistas, forma parte de su anacrónica ideología.
Ante las críticas a este proceso de privatización radical, la propuesta de ley también contempla duras sanciones económicas. Entre las infracciones graves se incluyen manifestarse sin autorización o realizar escraches, con multas de hasta 100.000 euros. Colocar pancartas no autorizadas podría suponer sanciones de hasta 15.000 euros, y los centros universitarios podrían enfrentarse a multas de hasta un millón de euros por incumplimientos imprecisamente definidos, como permitir vulneraciones de derechos fundamentales en el campus.
La presidenta de la Comunidad ya había expresado su intención de intervenir en la vida universitaria, alegando que está dominada por la izquierda, especialmente en la Universidad Complutense. Lo que pretende es una universidad silenciosa y callada. Lo que quiere es prohibir, perseguir y sancionar a quienes se manifiesten ante sus recortes de la Universidad Pública y el estrangulamiento financiero al que la está sometiendo, como han denunciado los rectores de las universidades públicas madrileñas. Esta normativa es propia de un régimen autoritario. Porque las multas y sanciones económicas quiebran la capacidad y la posibilidad de muchos estudiantes de expresarse, de disentir, de ser críticos. No le importa incluso que este nuevo régimen sancionador entre en conflicto con la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, lo que intensifica la polémica. Todo ello se suma a los ya constantes ataques a la libertad de expresión y manifestación y la permanente presencia policial en los campus universitarios madrileños, retornando a la época de la dictadura. En definitiva, lo que Ayuso recupera es el franquismo universitario y el falangismo académico, uniéndose a la ideología y las políticas de extrema derecha para quienes la presidenta de Madrid es un adalid y un referente. De esta forma, la presidenta Ayuso pone en marcha, de nuevo, aquellos tiempos donde los “grises”, la policía franquista, entraban a caballo en la Universidad y a golpe de porra terminaban con cualquier manifestación.
Pero el problema no es solo de libertad de expresión y económico. La nueva ley también incide en aspectos de gobernanza institucional, debilitando la autonomía universitaria y facilitando una mayor injerencia del poder político en la toma de decisiones académicas y administrativas. Esto supone un retroceso democrático de gran calado. Las universidades dejan de ser espacios de autorregulación democrática y se convierten en estructuras más fácilmente controlables desde fuera, reduciendo la capacidad de la comunidad universitaria para definir sus propios proyectos académicos, científicos y culturales.
Desde nuestra perspectiva, una ley de este tipo no puede leerse como una simple reorganización técnica del sistema universitario, sino como una operación ideológica profunda. Se impone un modelo educativo de educación superior instrumental, tecnocrático y excluyente que niega el valor de la formación humanista, la investigación, el pensamiento crítico y la participación democrática. El resultado no es otro que una universidad más fragmentada, más jerárquica y desconectada de las necesidades sociales y del bien común, poniendo en peligro la convivencia democrática y la construcción de una ciudadanía responsable, crítica y con capacidad de transformación a favor de los valores humanos fundamentales.
En lugar de promover políticas que garanticen el derecho a la educación superior pública como parte del derecho universal a la educación, el gobierno de la Comunidad de Madrid opta por políticas que lo convierten en un privilegio vinculado al poder adquisitivo, al rendimiento estandarizado y al encaje en un mercado laboral precario y cambiante. Este enfoque contradice las recomendaciones de organismos internacionales que advierten del papel clave de la universidad pública en la cohesión social, la innovación con sentido y la promoción de la equidad.
Es por todo ello que, desde el Foro de Sevilla, se hace un llamado a la comunidad universitaria, a la ciudadanía y a los movimientos sociales a no aceptar esta ley como un hecho consumado. La universidad no puede ser abandonada a su suerte ni entregada a los intereses de quienes ven en ella solo una oportunidad de negocio. Es urgente construir una alternativa: una política educativa que parta del reconocimiento de la universidad pública como bien común, como espacio de creación crítica y de formación para la ciudadanía democrática.
Lo que está en juego no es solo un modelo de educación superior que puede extenderse a otras autonomías donde gobierna la derecha y la extrema derecha, sino un modelo de sociedad y conocimiento. Defender la universidad pública no es un acto corporativo, sino una apuesta por una democracia más justa, más culta y capaz de afrontar los desafíos del presente y del futuro para construir un mundo mejor.
