Autor: Com. Permanente. “Por otra política educativa. Foro de Sevilla”

Hablar de educación y compromiso social hoy es hablar de democracia. Frente a la ficción de la neutralidad, defendemos que la escuela no es un espacio ajeno a los conflictos y las desigualdades, sino un lugar donde se decide qué ciudadanía se forma y qué sociedad se sostiene. Este texto plantea por qué una educación pública fuerte, con condiciones dignas para el profesorado y una práctica democrática real en los centros, es imprescindible para la justicia social y el bien común.

En los últimos años se ha instalado en el discurso político, académico y mediático una obsesión: todo en educación debe estar “basado en la evidencia”. La expresión se repite como un mantra en conferencias, informes, justificación de prácticas educativas y documentos ministeriales. Se ha convertido en un comodín retórico que legitima propuestas con apariencia de neutralidad científica y que, en la práctica, lo que realmente pretende es clausurar el debate pedagógico.

El documento ofrece una hoja de ruta centrada en la escuela pública, el desarrollo profesional docente y la protección del alumnado en la era digital. Insiste en participación y acuerdos amplios para sostener los cambios.

La investigación-acción crítica devuelve al profesorado su papel como agente que piensa, investiga y transforma. Desde la práctica cotidiana y en colaboración con la comunidad educativa, se generan saberes que cuestionan el modelo neoliberal, confrontan los avances del neofascismo y sostienen una educación comprometida con la democracia, la justicia social y el cuidado del planeta.

La escuela no necesita cruzada contra las pantallas, sino educación digital crítica.

El debate abierto en torno a la formación del profesorado exige menos consignas y más argumentos. Descalificar la pedagogía como “estafa” simplifica un asunto complejo y deslegitima una tarea esencial para la educación pública. La mejora del máster pasa por fortalecer su vínculo con las aulas, garantizar tutores con experiencia y promover una reflexión compartida sobre el sentido de enseñar. La profesión docente se aprende con práctica acompañada, rigor y compromiso democrático.

En el contexto rural, la educación adquiere una dimensión social y política que trasciende la mera transmisión de conocimientos. Las escuelas rurales se configuran como espacios de cohesión, participación y transformación colectiva, donde enseñar implica vincular el aprendizaje con el territorio y con la construcción de una ciudadanía crítica, consciente y comprometida con su entorno.

La cuestión no es qué puede hacer la IA por la educación, sino qué educación necesitamos para orientar la IA al bien común.

En tiempos de retrocesos y repliegues, es imprescindible que el profesorado, formadores, familias y movimientos sociales no permanezcan en silencio. La defensa del currículo como construcción colectiva, situada, ética y comprometida no es una consigna vacía: es una responsabilidad política. Porque, como bien sabemos quienes trabajamos en educación, cada omisión es también una forma de violencia, y cada contenido eliminado deja un vacío que alguien se encargará de llenar.

Se impone un modelo educativo de educación superior instrumental, tecnocrático y excluyente que niega el valor de la formación humanista, la investigación, el pensamiento crítico y la participación democrática. El resultado no es otro que una universidad más fragmentada, más jerárquica y desconectada de las necesidades sociales y del bien común.