España es un país con el 30% de la población en situación de pobreza. Más del 45% de las personas en desempleo no percibe ninguna ayuda del Estado; un 27% de los niños y niñas es pobre; y un gran número de puestos de trabajos de nueva creación son precarios, habiendo aumentado los trabajadores y trabajadoras cuyos contratos laborales les impide salir de la indigencia. Las cifras microeconómicas desmienten a las macroeconómicas. En España, como en los países pobres en los que nunca llegó a consolidarse un Estado del Bienestar, la enseñanza privada se lleva cada año un buen bocado de las arcas públicas para mantener la red de centros. Las familias españolas han invertido durante los años de la “crisis” más de 3.000 millones de euros en educación. Somos uno de los países que más dinero público destina a la enseñanza privada y en el que las familias hacen un mayor esfuerzo económico para invertir en la educación de los hijos y las hijas.
Cuando la brecha de la pobreza aumenta, también lo hace la brecha educativa. Disminuye de manera alarmante la posibilidad de aprender y de desarrollar capacidades, talentos y aspiraciones, de tener un futuro mejor. Como ha señalado la organización Save the Children: “Las cuentas no salen si al multiplicarse la pobreza se resta la inversión”. En resumen: menos gasto público, más alumnado con necesidades, más gasto de las familias en educación y menos becas y ayudas y de menor cuantía. Es una incongruencia no relacionar la situación social de España con los retos y problemas más importantes que tiene el sistema educativo. El reconocimiento de esta malsana realidad social y su impacto sobre la educación de las clases sociales más desfavorecidas sería un primer paso para hablar de pacto.
La realidad desmiente a las buenas palabras. El borrador de Proyecto de real decreto que establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018, del que se informará en el Consejo Escolar del Estado en la primera quincena de junio, es un ejemplo de la política social del Gobierno y de la ausencia del Estado para proteger a las clases más desfavorecidas. El borrador persiste en un modelo de becas y ayudas que compromete seriamente la igualdad de oportunidades. La limitación presupuestaria condiciona por completo el marcado carácter social de las becas y de la ayudas en sus distintas modalidades. Estamos ante un modelo paupérrimo de becas y ayudas en el marco de unos Presupuesto Generales del Estado que abandonan a su suerte a amplios sectores de la población española.
En el curso 2017-2018, el Gobierno invertirá, en términos del PIB, menos dinero en becas y ayudas. Aunque la partida sube un 1,4%, se prevé un aumento nominal del PIB de al menos un 4,1%. La subida se concentrará en una partida destinada a las comunidades autónomas para ayudas a libros de texto, dejando solo un 0,25% para el resto de las becas. Esto significa una congelación de todos los indicadores recogidos en el Programa 323M de becas.
Otra tendencia significativa es la ausencia de datos fiables y actualizados que permitan conocer el impacto real de las políticas de becas y ayudas, cuya evaluación debería ayudar a la hora de orientar la futura normativa. Un año más se hace complicado hacer un seguimiento de los recursos destinados.
Por último, llama la atención que los estudios religiosos superiores y los estudios militares superiores y de Grado se sigan beneficiando de las becas y las ayudas. La Iglesia y el Ejército no dejan de ser “estados” dentro del Estado, con un ingente presupuesto, dinero público, insensible a los muchos años de recortes en detrimento del gasto social.
Pedro Badía. Presidente de la Fundación Investigación, Desarrollo de Estudios y Actuaciones Sociales (http://ffideas.org)
Fotografía: NatAliaQuintana CC0 / Pixabay
