Dos circunstancias alentaron la exigencia de rendir cuentas: como rasgo característico de sociedades democráticas, con ciudadanía informada, demandante y preocupada por el destino e impacto de políticas, recursos y actuaciones gubernamentales e institucionales; por otra parte, como hija de la desconfianza en instituciones, en este caso, educativas, responsabilizadas de los resultados que logran, a veces al margen de las decisiones de ministerios o autoridades superiores.
El segundo rasgo aparece sobre todo en sociedades menos desarrolladas, políticamente frágiles. Allí se concibe para vigilar instituciones usadas como trampolines políticos, negocios particulares o grupales, y corruptas en sus prácticas frente a la sociedad.
En el cruce de factores se acuñaron discursos y prácticas que privilegiaron la rendición de cuentas, a veces, como acción que tiene sentido por sí misma. El abanico de progresos en el mundo es amplio, pero desigual y precario.
El 24 de octubre se presentó en Nairobi el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2017/18” ante ministros de educación, profesores universitarios, organizaciones de la sociedad civil, donantes y jóvenes. El grupo encargado eligió precisamente el tema de la rendición de cuentas.
Según la página de la UNESCO, los objetivos de la presentación se resumen en tres:
- Informar a los encargados de elaborar las políticas los diferentes enfoques de la rendición de cuentas que se utilizan en distintos contextos, los beneficios y desventajas.
- Compartir recomendaciones pertinentes a los responsables de políticas nacionales, regionales y mundiales.
- Ampliar el perfil del Informe entre los principales actores y organizaciones de la educación y reafirmarlo como herramienta de promoción basada en indicadores para monitorear el progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el número 4, relativo a la educación.
Como se recordará, los 17 ODS son, entre otros, el fin de la pobreza, reducir el hambre a cero, mejorar salud y bienestar, alcanzar la equidad de género, abastecer a todos de agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas.
La ausencia de rendición de cuentas, se afirma, pone en peligro el progreso, porque posibilita prácticas perjudiciales. Su destinatario principal son los gobiernos, porque son los responsables principales de garantizar el derecho a la educación, suscrito por la gran mayoría de los países, aunque solo en una porción de ellos sea justiciable.
El Informe se basa en el examen de 101 sistemas educativos. Coloca varias asignaturas en la agenda: procesos de planificación poco participativos, que impliquen y comprometan, acompañados de rendición de cuentas horizontal. La existencia de defensores del pueblo fue una de las razones para que países latinoamericanos mejoraran el acceso a servicios de educación, salud y vivienda entre 1982 y 2011.
La enseñanza privada es una de las aristas. Ante el aumento de países en donde creció el tamaño de la matrícula atendida en instituciones de ese tipo y la ausencia de reglamentaciones rigurosas, que da paso a ofertas pobres frente a insuficiencias de la escuela pública; escuelas privadas convertidas en negocios puramente lucrativos. Al respecto, alerta sobre la expansión del mercado educativo a través de cadenas transnacionales, un fenómeno del cual América Latina se convirtió en ejemplo para instaurar procesos privatizadores en contextos adversos.
El Informe abarca la educación superior. Relata avances en la instalación de organismos para garantizar la calidad educativa, aunque la mayor parte de los reportes producidos circulan apenas entre expertos. En este ámbito, se registran avances en el acceso, aunque distantes de la universalización; destacan los casos de Brasil y Laos, donde las leyes prohíben la discriminación en el ingreso a estudios universitarios y promueven la incorporación de minorías y grupos desfavorecidos.
Los organismos con ánimo de lucro deben rendir cuentas, juzga el Informe, pues su influencia es notorio y creciente en algunos contextos. Las empresas que sirven alimentos en las escuelas son una de las poderosas; deben transparentar el uso de recursos gubernamentales o de donantes, y para que los beneficios sean adecuados. Chile es buen ejemplo; Ghana, el contrario.
Conclusión
Los avances en las 10 metas del objetivo 4 para el Desarrollo Sustentable son insuficientes y diferenciales. Falta traducir las leyes y políticas en prácticas; los ejemplos son varios, como en Tayikistán, donde muchas escuelas no tienen calefacción en invierno, pese a la reglamentación. Otra urgencia reside en reportar progresos mediante informes nacionales creíbles, que alienten la confianza en que su contenido refleja realidades basadas en evidencias. Además, se precisa una mayor preparación de los implicados, especialmente en el entorno de la escuela y en la prensa, para evitar interpretaciones simplistas.
Los docentes tienen parte de la responsabilidad de rendir cuentas, pero enfrentan presiones crecientes y exigencias contradictorias, pues asumen tareas no reconocidas ni recompensadas, desmotivantes, como la carga de trabajo destinada a llenar informes, así en Suecia como en Japón. En muchos países, reducción de plazas permanentes y disminución de derechos.
El documento cierra con recomendaciones agrupadas en dos bloques: concebir un sistema de rendición de cuentas robusto y ponerlo en práctica. Cuidadosos como son esta clase de informes, los autores balancean sus juicios, aunque no esconden la preocupación de que las tendencias harían inalcanzables las metas trazadas para el mundo, con las reconfirmadas diferencias entre países de ingresos altos, medianos y bajos.
Aunque el eje del Informe es la rendición de cuentas, los avances en metas son motivo de inquietud o franca preocupación. No está aliviado ni cerca el estado crítico de los sistemas educativos en varias regiones y muchos países, pero la rendición de cuentas podría ofrecer elementos para que la sociedad empuje hacia el horizonte deseable y no permita que gobiernos e implicados evadan su responsabilidad histórica.
