Pedro Sánchez comparte la frustración de Teresa Rodríguez y de Antonio Maíllo. El líder socialista no ha logrado convencer al Gobierno de Mariano Rajoy para que aumente el gasto educativo hasta el 5% del PIB, y los dirigentes de Podemos e IU en Andalucía no consiguieron convencer a Susana Díaz con la misma propuesta, vetada por el Ejecutivo socialista hace apenas unos meses.
El PSOE ha vuelto a tropezar este martes con una nueva contradicción interna entre lo que defiende en Madrid, como oposición, y lo que hace en Andalucía, como gobierno. Sánchez ha sacado a su partido de la Subcomisión para el Pacto educativo después de que el Gobierno se haya negado a aumentar la inversión en educación hasta el 5% del PIB, equiparándolo a la media europea. El secretario general de los socialistas y líder de la oposición había trazado esa línea roja 24 horas antes, y no consideraba necesario seguir debatiendo sobre la mejora del sistema educativo español sin que se abordase, de partida, una mejora sustancial de la financiación de las escuelas.
El escenario es muy similar al que se enfrentó el Gobierno andaluz hace unos meses, pero con las tornas invertidas: Podemos e IU registraron en el Parlamento una proposición de ley con un único punto, que pedía reformar la Ley de Educación de Andalucía (LEA) para establecer una “cláusula suelo” en el gasto educativo mínimo del 5% del PIB regional, el mismo porcentaje que Sánchez ha pedido a Rajoy. El Ejecutivo de Susana Díaz rechazó la toma en consideración de la propuesta y, más tarde, PSOE y Ciudadanos la tumbaron en el Parlamento.
El presupuesto de educación del Gobierno de Rajoy ronda el 4% del PIB, y los socialistas denuncian que se prevé una reducción hasta el 3,67%. En 2017, el gasto educativo en la Junta de Andalucía representó el 5,1% del PIB (7.500 millones de euros al año), según datos de la Consejería de Presidencia, una inversión que suma el presupuesto para enseñanzas medias y también para universidades. El presupuesto de la Consejería de Educación para 2018 asciende a 6.329 millones de euros, casi 226 más que en el ejercicio anterior, y representa el 18,2% del total, siendo el departamento que más invierte, por detrás de Salud. El Ejecutivo andaluz tumbó la propuesta de Podemos e IU, no porque invierta por debajo del 5% del PIB, sino porque se niega a blindar por ley ese mínimo de gasto, que es lo que reclamaban las fuerzas de izquierdas para evitar los recortes de profesores y recursos pedagógicos que ha provocado la crisis.
Rodríguez afeó a Susana Díaz en el Parlamento que diera la espalda a una proposición de ley que, entre otras cosas, viene recogida en el programa electoral del PSOE andaluz, que también prometió elevar la inversión educativa hasta el 7% al finalizar la legislatura. Ahora la líder del partido morado denuncia las contradicciones entre la postura de Pedro Sánchez en el Congreso y la de Susana Díaz en la Cámara andaluza.
La reclamación del PSOE en el marco del pacto educativo bebe del mismo sitio que la propuesta de Podemos e IU: la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que presentó en el Congreso una propuesta de diez puntos que incluía una inversión que suponga “recuperar el 5% del PIB en esta legislatura y el compromiso de alcanzar un 7% a medio plazo”. Hace un año que la subcomisión educativa está trabajando en un pacto de Estado, un documento que se ha alimentado de la aportación de casi un centenar de expertos, y que prevé plasmarse en una futura ley que sustituya a la denostada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que cuenta con el rechazo pleno de toda la oposición (solo la apoyó el PP cuando estaba en mayoría parlamentaria). nació sin más respaldo que el del PP.
El Consejo de Gobierno de Andalucía votó en contra de la toma en consideración de la proposición de ley para blindar el gasto educativo porque los servicios jurídicos advirtieron de que esta medida podía chocar con la legislación estatal que controla el gasto público. En efecto, cualquier norma autonómica está sujeta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prima el cumplimiento del objetivo del déficit y la reducción de la deuda pública, a cualquier otra política social. En el origen de este debate está la reforma exprés de la Constitución, que pactaron PSOE y PP para blindar el cumplimiento del déficit en la Carta Magna.
La reforma de LEA para introducir un suelo de gasto del 5% del PIB fue la primera iniciativa conjunta de Podemos e IU en el Parlamento andaluz. En otras ocasiones, la formación morada ha acusado al Ejecutivo socialista de Susana Díaz de vetar proyectos suyos que salen adelante en otras regiones, como Extremadura y Aragón, donde también hay presidentes autonómicos del PSOE, pero condicionados por el apoyo de Podemos. En Andalucía, la Junta se sustenta en Ciudadanos, socio de legislatura, que ha sumado sus votos a los socialistas para bloquear la mayoría de las iniciativas de los grupos de la oposición.
