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Las promesas de campaña
En su tercera campaña por la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto como uno de sus principales focos de cuestionamiento. Prometió que suprimiría lo que reiteradamente calificó como “mal llamada reforma educativa”. Con ese discurso acercó posiciones con el sector más radicalizado del magisterio, agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); con un grupo numeroso de académicos críticos con el gobierno priista (del Partido Revolucionario Institucional), y con Elba Esther Gordillo, antigua y poderosa dirigente de la organización gremial más numerosa de Latinoamérica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encarcelada apenas proclamarse la reforma, ahora libre. Por ello, al firmar la iniciativa entregada en los primeros días de diciembre al Congreso de la Unión, aseguró que cumplía su palabra.
La iniciativa será discutida en febrero en las cámaras de senadores y diputados, y luego, de aprobarse, deberá autorizarse por un mínimo de 17 de 32 congresos de los estados del país, para proceder a la reforma constitucional.
El origen
La iniciativa turnada para discusión tiene bases visibles, además de la promesa electoral: la consulta nacional, autocalificada como sin precedentes, con la cual recogieron más de un millón de “propuestas” (textos brevísimos que debían leerse en 3 minutos frente a 600 o más de 1000 personas en foros organizados en las universidades públicas estatales); la narrativa para colocar punto final y comenzar otro capítulo de la historia, ejemplificado en la declaración del coordinador de los diputados del partido gobernante, quien afirmó que, de la anterior reforma, “no quedaría ni una coma”, al mismo tiempo que se realizaban los foros de consulta y se recogían las expresiones sociales.
El contenido
La iniciativa de AMLO, concebida como “proyecto alterno”, ha sido aplaudida por preponderar el interés superior de niños y jóvenes. También, por el reconocimiento al magisterio y la necesidad de su revalorización (pretensión que ya estaba en el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, signado a principios de la década de 1990 entre el PRI y el SNTE de Elba Esther Gordillo), así como un sistema de formación continua (contenido en la reforma en extinción, aunque débilmente articulado).
Una novedad y gran desafío: postula que la enseñanza superior será gratuita y obligatoria, para lo cual, se crearán 100 universidades pequeñas dentro de una red en ciudades medianas y donde no exista oferta universitaria; así como un amplio programa de becas a todos los estudiantes de educación media superior (15-17 años).
La pretensión de reforzar la enseñanza superior contrastó con el amago de desaparecer la educación inicial (0-3 años). Se contradice con el Presupuesto de Egresos entregada a la Cámara de Diputados el 15 de diciembre, documento que contiene el proyecto de gastos para 2019, en el cual sufrieron inicialmente recortes las grandes universidades nacionales (UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Pedagógica Nacional e Instituto Politécnico Nacional), así como las universidades públicas estatales, que de inmediato expresaron su desacuerdo a través del órgano que las agrupa, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ante quienes AMLO había prometido no afectar presupuestos. Por la presión mediática e institucional, el gobierno reculó y les otorgó el mismo presupuesto que 2018, aunque con los efectos inflacionarios disminuirá en términos reales.
Fue el segundo desencuentro del nuevo gobierno con las universidades. El primero, el 12 de diciembre, cuando la iniciativa suprimía de la Constitución general el apartado que consagra la autonomía universitaria, larga conquista que ni los gobiernos más autoritarios se atrevieron a tocar por el enorme poder de movilización y conflictividad que les representaría un enfrentamiento con los universitarios. Ante el hecho, el gobierno rectificó y minimizó señalándolo como una errata.
Otra decisión que despertó polémica es la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado en 2002, y al que la reforma anterior concedió autonomía para desligarlo de la órbita de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y convertirlo en una entidad independiente en la evaluación de componentes, procesos y resultados del sistema educativo. En su lugar, se crearía una instancia subordinada a la SEP, lo que analistas políticos y educativos equiparan a que sea el gobierno quien organice y califique las elecciones. A pesar de sus aportes innegables en distintos campos (producción de información sólida, evaluaciones de estudiantes y condiciones, elaboración de indicadores y reportes, recomendaciones de política, entre otros), al INEE se le achacan, imprecisamente, las dificultades derivadas de la evaluación docente y su “carácter punitivo”.
Palabras finales
México vivirá una etapa distinta en su sistema educativo, con un discurso transformador, pero perfiles difusos en la caracterización de lo que denominan la “nueva escuela mexicana”, combinación de propuestas del pasado que dicen erradicar e intenciones retóricas vagas, con otros tantos lugares comunes, aderezados con desatinos como la afirmación del secretario de Educación, admitiendo que ahora no solo será válido sino que se deberá “copiar” en los exámenes; y lo más delicado, un presupuesto para 2019 que contradice las promesas de revalorar al magisterio y apostar a su formación, con recursos financieros recortados. Una nueva era plagada de buenas intenciones discursivas que pronto se convertirán en hechos o contradicciones.
