Los cinco partidos con representación en el parlamento andaluz han votado a favor de una Proposición No de Ley (PNL) que contraviene el ordenamiento jurídico español. La cámara andaluza aprobó hace dos semanas una iniciativa de Ciudadanos en defensa de los centros de educación especial y que insta al Gobierno a que garantice el derecho de los alumnos con necesidades educativas especiales a ser escolarizados en centros ordinarios, de educación especial o aulas específicas.
El problema, según explican desde la Plataforma por una Escuela Extraordinaria, compuesta por asociaciones, familias y profesionales en pro de la inclusión, es que España suscribió en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que todas las personas tienen derecho a una educación inclusiva en centros ordinarios.
«La aprobación por unanimidad del texto es tremendamente preocupante porque porque parte de la carencia de un diagnóstico mínimamente riguroso sobre la inclusión escolar de las personas con discapacidad (…) y demuestra un profundo desconocimiento de los tratados internacionales suscritos por España», asegura la Plataforma.
Lo explica José Miguel Martín, miembro de la organización: «La PNL obvia que la educación inclusiva [todos los niños juntos en los mismos colegios y aulas] es un derecho reconocido, y al hacerlo olvida la Convención de la ONU y la propia Constitución, que en su artículo 10.2 dice que los derechos humanos deben tratarse de acuerdo a las convenciones internacionales«.
También han parecido obviar los partidos andaluces el hecho de que las convenciones internacionales suscritas por los países tienen mayor rango legal que sus leyes nacionales. Esto incluye al PP, a Ciudadanos, a Vox y Adelante Andalucía, pero también al PSOE andaluz, cuyo portavoz tuvo que hacer malabarismos para justificar su apoyo a una moción que surge de una crítica a su propio partido nacional, partidario de la inclusión absoluta.
«El Convenio está por encima de todas las leyes orgánicas y autonómicas, es una vulneración flagrante», recuerda Martín.
Los incumplimientos de España en la materia le han costado dos sanciones de la ONU, una en mayo de 2018 y la ratificación de aquella en abril de 2019 porque «en España, la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a violaciones graves de su derecho a la educación», según el organismo.
«Hacemos un llamamiento a los partidos. O cumplen la ley o la denunciamos y salimos de la Convención de la ONU si no estamos dispuestos a cumplirla», piden desde la Plataforma.
El problema es algo más complejo, señalan los defensores de la educación especial. Por un lado, hay una realidad: un 50% de los profesores son «indiferentes» a la atención a la diversidad y uno de cada seis está en desacuerdo con la inclusión, según un estudio de la doctora en Pedagogía Marta Medina.
Por otra parte, la ley es la que es, pero la realidad también. «Soy la primera a la que le encantaría una mayor inclusión educativa y social», explica Iris Carabal, maestra de Pedagogía Terapéutica, «pero faltan recursos y el sistema educativo actual en centros ordinarios no es capaz de evaluar al alumnado con dificultades específicas del aprendizaje e intervenir de manera efectiva, y pretenden que se asuma la atención a alumnado con necesidades de carácter grave y permanente».
Los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan profesores de apoyo en muchas ocasiones, que son justamente los que más se han visto golpeados por los recortes por la crisis. Y, explican los defensores de los centros especiales, en la educación especial no se escatima.
Lo que Educación nunca dijo
La situación no es nueva, pero lleva camino de convertirse en un conflicto. Ciudadanos impulsó la medida en Andalucía bajo el argumento de que la nueva ley que prepara el Gobierno central prevé cerrar paulatinamente los centros de educación especial, algo que el Ministerio de Educación ha negado repetidamente.
Sí existe una intención del departamento que dirige en funciones Isabel Celáa de matricular a los alumnos que están en centros especiales en centros ordinarios siguiendo lo que marca la ley y lo que varios tribunales han dicho a diferentes administraciones en unos cuantos juicios: que los alumnos con discapacidad deben escolarizarse en el sistema ordinario por defecto.
Incluso el Tribunal Supremo se ha manifestado sobre la cuestión, en una sentencia que daba la razón a una familia en su decisión de matricular a su hijo en un centro ordinario frente al Gobierno de la Rioja, que pretendía llevarlo a uno de educación especial. En su texto de finales de 2017, el TS establecía que las administraciones están obligadas por la Convención de la ONU a escolarizar a los alumnos con discapacidad en centros ordinarios, «excepto en los casos realmente excepcionales» y que debe mantenerse así, realizando «las modificaciones y adaptaciones (…) necesarias y adecuadas», excepto si resultan «una carga desproporcionada o indebida», que en ningún caso significa agotar las medidas disponibles, sino las posibles.
Un 20% de personas con discapacidad escolarizadas en centros de educación especial, como es la situación española, no parecen los «casos realmente excepcionales» a los que se refiere el Supremo.
Esta última parte es clave. El alto tribunal especifica en su sentencia que son las medidas de apoyo y refuerzo y las que deben acudir a los niños en centros ordinarios, y no al revés. Una idea que va en línea con las propuestas que suelen hacer los partidarios de la inclusión y que se desprende también de las intenciones del Ministerio en su nueva ley: que los centros de educación especial se conviertan en centros de recursos y que se aproveche todo el conocimiento de sus profesionales.
La inclusión radical también es la línea que se sigue en países cercanos a España recientemente, recuerda Martín. En Portugal, donde partían de unas cifras de escolarización de personas con discapacidad en centros de educación especial similares a España (un 20%), «se tomaron en serio la convención de la ONU y en 10 o 12 años han bajado al 1%», explica. «Y el sistema no ha colapsado. Es más, todos los indicadores educativos llevan 15 años mejorando», afirma. Algo parecido ha sucedido en regiones de EE UU, Canadá o Italia.
«Si hubiera una voluntad política de cumplir las leyes, muchos niños que están en educación especial deberían pasar con los recursos y apoyos necesarios a los entornos ordinarios», reflexiona Martín. «También hace falta un entorno educativo con otras metodologías, porque dar clase con un libro haciendo todos el ejercicio 4 de la página 25 a la vez no favorece la inclusividad, pero tenemos otros ejemplos de metodologías que atienden a un rango más amplio de personas», concluye. «En realidad, la PNL no tiene más recorrido que el que le quiera dar el Gobierno, lo preocupante es el desconocimiento de todos los partidos».
