«El Ministerio de Educación y Formación Profesional acudirá a los tribunales en defensa del derecho de todos». Así termina la intervención que la ministra Isabel Celaá ha hecho, mediante un vídeo enviado a la prensa, en el que aclara que la decisión de la puesta en marcha de un pin parental en la Región de Murcia, según el criterio de la Administración «no es otra cosa sino objeción de conciencia encubierta, no aplicable al sector de la educación como la Sentencia del Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de decir en 1987».
Además de esta sentencia, la ministra esgrime que el pin parental vulnera el derecho fundamental de los niños y niñas a ser educados, además de vulnerar también tratados internacionales firmados por españa como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Derechos del Niño.
En palabras de la ministra «las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que estos tienen atribuídas por ley para tomar sus decisiones curricular».
Por todo ello han tomado la decisión de llevar la cuestión ante los tribunales. Durante los últimos meses, la pretensión de VOX de imponer este pin parental, la autorización expresa de las familias a que niños y niñas participen en determinadas actividades complementarias si estas pueden entrar en contradicción con las creencias o ideas de madres y pares, ha entrado con distinta fuerza en los acuerdos que están soportando los gobiernos de algunas autonomías como Murcia o Andalucía.
Hace unas horas se conocía, de hecho, la negativa de la Junta de Andalucía a esta herramienta por contravenir tanto la normativa estatal como autonómica vigentes.
Desde los sindicatos, así como desde organizaciones de madres y padres, también se había alzado la voz ante la posible ilegalidad de dicha actuación por parte de los departamentos de Educación y también se habían anunciado posibles medidas legales para intentar evitarlas.
