Actualmente, en la situación de desescalada que nos afecta, es imprescindible que las administraciones faciliten la conciliación laboral y familiar, en especial a las familias más vulnerables y con menos recursos para resolverlo. Pero es preciso hacerlo desde su acepción original: el mundo de la empresa y de las administraciones. No puede hacerse desde un concepto que no respeta los derechos de la infancia, que no existe y quiere implantarse: el de la conciliación laboral-escolar. Este es el concepto por el que apuestan las administraciones, casi despectivamente y obviando la seguridad precisa, al plantear abrir los centros de Educación Infantil para que las familias puedan trabajar.
Es importantísimo que la sociedad sitúe y entienda que la escuela es la consecuencia de que el Estado asuma cubrir el derecho a la educación que tienen niños y niñas, y lo haga desde una perspectiva, la de ofrecer instituciones públicas y de calidad, para todos y todas, que respondan a ese derecho.
El Estado tiene, además, la función de ayudar a las familias para que, a su vez, puedan ofrecer el derecho a la educación de sus hijos e hijas como primer eslabón social y en las mejores condiciones. Uno de los aspectos de esta faceta es la necesaria conciliación laboral y familiar, lo que requiere la combinación de políticas laborales, sociales y sanitarias que doten a esas familias de los recursos necesarios para poder “estar” con sus criaturas de la mejor manera posible, porque sin «estar» no hay vínculo y sin vínculo no hay seguridad y equilibrio en la construcción de la personalidad; sin ello se daña de inicio la función de la familia.
La Convención de los Derechos del Niño define estas dos vertientes de apoyo a la educación institucional y familiar con las que se han comprometido los estados al firmarla. Dos vertientes necesarias para proteger y defender esos derechos. La Convención afirma que «la Infancia es el bien más preciado que tiene la sociedad». Cuando una familia aporta una criatura a la sociedad le está aportando un bien, y la sociedad tiene la obligación de proteger y cuidar esa aportación respetando siempre el interés superior infantil que, según establece la Convención, ha de prevalecer en especial cuando entra en colisión con otros intereses.
Pero la infancia, en las actuales sociedades y en concreto en la española, parece que fuera una especie en peligro de extinción por la dificultad que tienen las familias para tener criaturas y para sacarlas adelante y porque, cuando se dan soluciones que pretenden ayudar, lo que hacen es sobrecargar el eslabón más débil al institucionalizarlo como opción más fácil.
Conocer el origen de algo permite comprender acepciones posteriores erróneas, y eso ocurre con el surgimiento de las primeras instituciones para niños y niñas de 0 a 6 años, cuya función exclusiva de “guarda” tuvo como objeto que, en especial sus madres, pudieran trabajar en una inhumana sociedad industrial; para ello, en la mayoría de los casos, se hacinaba a las criaturas por cientos sin condiciones vitales mínimas. Pero con los años se ha ido reconociendo que los niños y las niñas son sujeto de derechos, que el derecho a la educación lo es desde el nacimiento y que es su familia la primera que tiene que tener condiciones para darles acogida y cuidado educándoles con ello.
La función institucional con la que el Estado contribuye a desarrollar el derecho a la educación infantil desde el nacimiento determinó que surgiera esta etapa, como primera del sistema educativo, apoyada en conocimientos científicos, que definen este momento vital como el de mayor influjo ambiental en un organismo en desarrollo que crece y cambia con más rapidez y potencia que en el resto de la vida. Eso es lo que determina la necesidad de cuidar de ese ambiente, para que se puedan desarrollar las potencialidades o para modificar, mejorando no empeorando, las condiciones genéticas y sociales de origen. Es lo que se conoce como epigenética, la confluencia más poderosa para modular el desarrollo que incluye a la personalidad humana.
Las escuelas infantiles y casas de niños son, por ello, la aportación institucional del Estado para complementar las oportunidades que ofrece la familia y para compensarlas, desde este lugar institucional, cuando las condiciones personales o el núcleo familiar son vulnerables. La equidad social se convierte así en una función básica de la escuela, que educa cuidando con la calidad y calidez necesarias en estas edades.
Esta visión asistencialista que pervive se ha evidenciado ahora con la situación de una pandemia que determinó el cierre inmediato de los centros educativos por seguridad. La solución administrativa ante la presión económica, es la reapertura de los centros de educación infantil 0-6, para que padres y madres puedan trabajar, precisamente los más vulnerables y complejos para garantizar medidas de seguridad. Y se hace, además, en contra de los criterios y recomendaciones de la OMS y de la Asociación Española de Pediatría que recomiendan que la etapa de educación infantil sea la última en volver por respeto a sus derechos y características específica, incompatibles con los protocolos sanitarios recomendados. No actúen desde la desvalorización del derecho infantil, desde la imprudencia, incluso desde la temeridad.
Con lo que hoy sabemos por las aportaciones de la ciencia, en ningún caso puede volverse a esa visión asistencial. Lo contrario sería convertir las escuelas en instrumentos para esa conciliación laboral y escolar, concepto inadmisible porque la necesaria conciliación es laboral y familiar.
Las escuelas, colegios e institutos no son instituciones creadas para que las familias puedan trabajar, este pensamiento es un error que hay que erradicar, son instituciones al servicio de la educación desde el nacimiento. No puede recaer sobre las espaldas infantiles y sobre la escuela, el derecho y la necesidad de trabajar de las familias y, mucho menos, en condiciones de inseguridad sanitaria como las actuales.
Son las empresas y administraciones las que han de resolver esa necesidad laboral familiar y compatibilizarla con la de que padres y madres puedan «estar» con sus criaturas para protegerlas y cuidarlas educando. Esto es la conciliación laboral y familiar.
Es por ello que las soluciones, compartidas en reuniones entre colectivos de educación infantil de Madrid y sindicatos (CCOO, CGT, STEM y UGT) para tratar las necesidades creadas por la pandemia, el confinamiento y la desescalada, y hacerlo desde una perspectiva de conciliación compatible realmente con los derechos de la Infancia, deben permitir que políticas públicas desde distintos ámbitos converjan en una mesa técnica de infancia, la misma que pide la Plataforma Estatal de Educación Infantil 06. Esta ha de ofertar soluciones desde las áreas necesarias, desde la sanitaria y escolar, con protocolos ajustados a las edades que, para familias y profesionales, garanticen una futura vuelta segura a las aulas. Desde el mundo laboral se podrían arbitrar subvenciones, permisos retribuidos como los de las bajas maternoparentales, ahora por fuerza mayor, para uno de los miembros de la unidad familiar o para quien la compone en exclusiva en el caso de familias monoparentales; reducción de jornada; alternancia de turnos cuando hay niños y niños que lo requieren, etc. Se trata, en definitiva, de buscar opciones que compatibilicen el cuidado educativo de niños y niñas con la necesidad de trabajar adulta y permitan que la sociedad tenga así futuro. La conciliación laboral y familiar es un instrumento imprescindible para ello.
