La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 obligó a la suspensión de la educación presencial en numerosos países, entre ellos España. Ante esta situación sobrevenida, las administraciones educativas establecieron una serie de medidas e instrucciones de cara a finalizar el curso actual y comenzar el siguiente curso escolar 2020-2021.
A raíz de los debates y la confrontación de posiciones que supusieron buena parte de esas políticas educativas adoptadas durante el tiempo de confinamiento, decidimos realizar una investigación a partir de una encuesta a la que han respondido 3.400 familias y estudiantes de toda España durante los meses de marzo y abril de 2020. Queríamos saber la visión de una parte de la comunidad educativa que se suele tener en cuenta mucho menos de lo que sería necesario.
Uno de los primeros resultados de esta investigación, titulada “Educar y Evaluar en tiempos de coronavirus”, muestra que se quiere un retorno a las clases para el próximo curso escolar, no en turnos alternos como se propone por algunas administraciones educativas, sino con más profesorado y menos alumnado por aula, para poder hacer una enseñanza más personalizada y atender a la diversidad, respetando además la distancia social mientras sigan los efectos de la crisis del coronavirus, pero recuperando la cercanía personal y la convivencia emocional.
De los resultados se extraen cinco ideas fundamentales: 1) la brecha digital se suma y amplifica la brecha social, aumentando la desigualdad en épocas de crisis; 2) las tecnologías, que han sido un aliado esencial en la crisis, no son una alternativa a la relación educativa presencial, pero son una herramienta cada vez más enriquecedora para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje; 3) es necesario repensar el actual currículum enciclopédico para discriminar lo prescindible de lo imprescindible y priorizar los contenidos relevantes; 4) evaluar no es calificar, es entender cómo ha sido el proceso de aprendizaje para ayudar a cada alumno y alumna a seguir mejorando y al profesorado cómo apoyarles, y 5) es necesario que una de las prioridades educativas sea también “cuidar a las personas” y primar su bienestar integral, para “que nadie se quede atrás”.
La labor de compensación educativa que realiza la educación pública de forma presencial se ve radicalmente reducida y recortada en tiempos de confinamiento. A la brecha digital (familias sin recursos tecnológicos ni conexión: un 38% manifestaban tener dificultades para seguir el curso académico) se le suman otras muchas brechas que aumentan la desigualdad y amplifican la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables: la brecha de las condiciones materiales y de espacios adecuados para trabajar en el hogar, la brecha de capital cultural y de formación del entorno familiar, la brecha económica de la precariedad o el paro o la brecha emocional que supone el impacto de la crisis y el estrés de todas sus consecuencias vividas en confinamiento. Muchas brechas que la escuela intentaba amortiguar y compensar presencialmente, pero que ahora se han visto multiplicadas en la soledad del confinamiento.
Una segunda conclusión es destacar el valor de la educación online como una herramienta complementaria a la educación presencial pero no sustitutoria de esta. El contacto, la relación directa, la comunicación, la interacción, la convivencia y la emoción son claves y esenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el periodo escolar de la vida. La fría interacción de una pantalla, nada tiene que ver con la calidez emocional de un encuentro. Sabiendo que la capacidad de autorregulación para mantener la motivación y ser constante en continuar una educación a distancia es reducida, sobre todo en estudiantes de menores edades, pues las evidencias muestran que incluso entre población más adulta menos del 5% de los inscritos completan los cursos online abiertos y masivos ofrecidos por Universidades como Harvard y el MIT.
Una tercera conclusión es la demanda (67,3%) de centrarse en los conocimientos necesarios y fundamentales, en esta situación excepcional, en vez de seguir avanzando en el temario. Esto nos puede llevar a replantear los actuales currículos enciclopédicos que la LOMCE y las editoriales han impuesto en la dinámica escolar y aprender a discriminar lo prescindible de lo imprescindible en los contenidos, priorizando aquellos realmente relevantes. Ya no solo en un momento de crisis, sino como replanteamiento general en la educación.
Una cuarta conclusión es apostar por una evaluación para el aprendizaje y la mejora. El 76% de las personas participantes rechazan el seguir haciendo exámenes sobre nueva materia durante el confinamiento y el 65,4% apoyan claramente un modelo de evaluación «continua, formativa e integradora» en positivo, es decir, donde se tenga en cuenta la valoración de los trimestres presenciales, o se valoren las tareas realizadas en confinamiento en todo caso para mejorar la nota (73%), no penalizando en cualquier caso al alumnado en esta situación tan anómala. Y se centre en el diagnóstico de las dificultades de cara a orientar la acción educativa y la atención a la diversidad de cara al inicio del curso siguiente.
Finalmente, los resultados apuestan claramente por iniciar el curso planificando medidas de apoyo y refuerzo (85%) a partir del diagnóstico de las dificultades que han tenido; que se desarrollen actividades dedicadas a abordar pedagógica y emocionalmente la situación vivida (89%) como también se resalta en otras investigaciones; así como una reducción del número de alumnado por clase y el aumento consiguiente de profesorado (81%: 76% completamente de acuerdo y 15% de acuerdo). Está claro, por tanto, que hay una abrumadora mayoría de familias y estudiantes que, frente a la intención del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas de un sistema mixto que combine la escolaridad presencial con la ‘online’, reclama más recursos para cambiar el modelo educativo con una orientación más comprehensiva e inclusiva.
Obligar a hacer la mitad del curso escolar en casa, además, supone dificultar la conciliación de las familias con su vida laboral, aumentar la tensión de convertir a las familias en tutores y orientadores escolares, sin tener formación ni recursos para ello, o no contribuir a paliar la brecha social y cultural que la escuela contribuye a compensar en cierta medida. Esto parece obedecer no a criterios pedagógicos, sino a prioridades economicistas derivadas del recorte de 9.000 millones de euros que los últimos gobiernos han aplicado a la educación.
Lo que refleja esta investigación, en definitiva, es que esta crisis sí puede ser una oportunidad si se decide, por fin, destinar los recursos públicos al bien común para poder desarrollar una educación personalizada presencial y cercana, atenta al desarrollo de cada estudiante, con retroalimentación constante y donde se puede atender a la diversidad de una forma realmente inclusiva, poniendo en marcha las medidas individualizadas necesarias nada más detectar las posibles dificultades de cada alumno o alumna.
La comunidad educativa pide a los responsables políticos que miren hacia el futuro y replanteen de una vez por todas el modelo de escolaridad “hacinada”, heredado de la época industrial, perpetuado con la única finalidad de concentrar y ahorrar costes en educación, en lo que siempre se debería haber concebido como una inversión.
Necesitamos políticas educativas que apuesten por plasmar presupuestariamente la viabilidad real de la educación inclusiva que proclaman en los discursos. Esto pasa por destinar en España el 7% del PIB a la educación pública e inclusiva, como llevan haciendo tanto tiempo los países más avanzados educativamente, para “que realmente nadie quede atrás”.
No se pueden seguir priorizando las razones económicas en vez de las educativas. Un plan de reconstrucción de este país necesita cambiar radicalmente de prioridades. Y la educación es el futuro de un país. No solo el presente, sino sobre todo el futuro.
Se puede ver la investigación completa publicada en:
https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/remie/article/view/5604
Enrique Javier Díez Gutiérrez y Katherine Gajardo Espinoza. Profesores de la Universidad de León y de la Universidad de Santiago de Chile.
