«Como jurista me siento avergonzado». Juan Rodríguez Zapatero, abogado de cabecera de quienes defienden la inclusión educativa, es tajante. La situación vivida por Rubén Calleja desde 2009 (mal trato recibido por parte de su profesorado en primaria, escolarización en un centro de educación especial a pesar de la negativa de sus padres, o el hecho de ver a estos sentados ante el juez acusados de abandono familiar) y sus padres, Lucía Loma y Alejandro Calleja, ha sido el detonante del último dictamen de la ONU en el que se vuelve a criticar con dureza al Estado por sus (escasas) políticas educativas de inclusión.
Rodríguez Zapatero cree que el dictamen tiene una lectura política, moral: «Un claro varapalo que confirma y reitera que el Estado sigue sin cumplir» lo que dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En la línea, recuerda, del informe que en 2018 señalaba el incumplimiento sistemático de ese documento, ratificado por España en 2008. Rememora el abogado, además, el artículo 96 de la Constitución que dice: «Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno».
Pero, a pesar de llevar ya dos tirones de oreja por parte del Comité de la ONU que vigila el cumplimiento de la Convención, parece que un cambio legislativo en la línea de apostar rápidamente por una única vía ordinaria de educación, no va a llegar con la Lomloe.
Joan Mena, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, en la Comisión de Educación, asegura que están trabajando junto al grupo socialista y al Ministerio de Educación en las enmiendas a la Lomloe que, si no hay nuevas prórrogas, comenzaría hoy el plazo de tramitación de enmiendas parciales, después de 13 prórrogas desde el 31 de marzo.
El portavoz de la formación morada asegura que trabajan para que se garantice el derecho de cualquier familia a escolarizar a sus hijos e hijas en centros ordinarios si así lo desean. Un primer paso, afirma, hacia la inclusción educativa.
La eliminación de la doble vía con centros especiales y aulas específicas en centros ordinarios no entra hoy por hoy en la órbita ni del Ministerio de Educación ni de los dos partidos que conforman el Gobierno. Mucho menos en la de la oposición, con el PP a la cabeza, que ha participado de esta discusión siendo la defensora del derecho de las familias a elegir centro educativo, en principio, cuando este es de educación especial (mayoritariamente concertados).
Mena asegura que el escenario del sistema único de escolarización es el que les gustaría pero hoy no parece posible.
Para Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, ya desde la LOE de 2006 ha habido «voluntad» de caminar hacia la mayor inclusión posible. Y, ahora, con el texto de la Lomloe «se propician cambios para acentuar más» esta tendencia, como los relativos al artículo 74 y a la disposición adicional cuarta (que prevé un plazo de 10 años para que el sistema ordinario tenga los recursos necesarios para desarrollar la inclusión de todo el alumnado).
EL secretario de Estado asegura que ahora, una vez en el Congreso, el texto no está en manos del Ministerio, aunque, dice, «no me extrañaría nada que hubiera enmiendas en esa dirección», es decir, en la de ahondar más en la inclusión.
Pero el texto de la ley sigue manteniendo la posibilidad de escolarización tanto en los centros educativos especiales como en las aulas específicas. Bien es cierto que introduce cambios de cierto calado en lo relativo a los dictámentes psicopedagógicos de escolarización que en buena parte de los casos son el germen de una segergación que las familias, primero, no quieren y, segundo, les cuesta años y una gran cantidad de recursos revertir por la vía judicial.
A pesar de esta situación, para Enrique Galván, director de Plena Inclusión, pasos como el de este dictamen o el del informe de la ONU de 2018 pueden suponer que el texto de la Lomloe se acerce, un poco más, a la inclusión educativa. Desde la organización no defienden el cierre de los centros educativos especiales, ni siquiera cree que este vaya a suceder, al menos, en un corto plazo.
Para Galván, el quid de la cuestión es que el Estado, las administraciones, vean la cuestión de la inclusión no como una metodología o como un principio. «No incorporan una visión de Derechos Humanos». Critica, en el caso de Rubén Calleja (uno de los más emblemáticos de los sucedidos en los últimos años), que una familia ha de estar litigando durante años con la Administración pública para que esta cumpla con el derecho que asiste a este joven y que queda reflejado en la legislación española.
A los responsables políticos les falta conciencia de lo que supone la inclusión, cree Galván. Es decir, «una reforma del sistema educativo (no una adaptación del chaval al sistema) no de la educación especial», asegura. Esto requeriría, entre otras cosas, un cambio en la formación del profesorado, en la accesibilidad de los centros educativos; un trabajo con las AMPA para evitar el estigma según el cual, que haya alumnado con necesidades educativas especiales supone la bajada de aprendizaje del resto de compañeros; una mayor personalización y recursos para apoyos en la escuela ordinaria,… Un largo etcétera que necesita de recursos. De muchos rescursos económicos.
Alejandro Tiana insiste en la necesidad de que el movimiento por la inclusión vaya más allá del sistema educativo para que consiga la fuerza necesaria para convencer a la sociedad de que aquella, la inclusión, es beneficiosa para el conjunto. Y en cada paso del camino preguntarse «¿hasta dónde podemos llegar?». Certifica, el secretario de Estado, la dificultad en este campo, en el que la discusión sobre la posibilidad de que todo el alumnado, sea cual sea su circunstancia, pueda estar en los mismos centros. Una discusión que ocurre, incluso, entre los colectivos de personas afectadas.
«La reforma educativa podría ser una oportunidad si sacamos la lucha partidista y nos enfocamos en la mejora», asegura Enrique Galván. Aunque también tiene claro que en la coyuntura actual, con la Covid-19 desbaratando de muchas maneras el normal curso lectivo, va a ser muy complicado conseguir acercar posturas o que la inversión educativa aumente lo necesario. En cualquier caso, para él, la inclusión es un proyecto a largo plazo y que no se podrá solucionar en una legislatura.
Más alla de la Lomloe. Otros efectos del dictamen
Además de este «varapalo moral», Rodríguez Zapatero señala las posibles consecuencias del texto. En él se recogen algunas recomendaciones en relación a la legislación educativa española y otras cuestiones de obligado cumplimiento que tienen que ver con resarcir tanto a Rubén Calleja como a sus padres: indemnización económica por las costas de todos los juicios que han tenido que realizar hasta la fecha, por los daños morales causados en este tiempo, el que se asegure la matrícula en un ciclo formativo de FP en condiciones de inclusión. También ordena una investigación en relación a las denuncias de mal trato y discriminación que han interpuesto sus padres a lo largo de los años («y asegurar que se depuren responsabilidades a todos los niveles»), el reconocimiento de la vulneración de los derechos de Rubén a una educación inclusiva y a «una vida libre de violencia y discriminación». El dictamen también exige que el Estado dé publicidad al propio texto, «en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población».
En este sentido, Rodríguez Zapatero, que ha estado ayudando y asesorando a la familia Calleja Loma desde el inicio del proceso, afirma que, aunque la Convención no se haya visto transpuesta en el ordenamiento jurídico español con un texto que determine, por ejemplo, el tipo de indemnizaciones que el Estado tendría que pagar en casos como este, hay un precedente que puede ayudar a la familia a dar pasos en esa dirección a partir de ahora.
El dictamen habla de resarcimiento. Pero no es el Estado el que lo hará motu proprio, sino que la familia tendrá que reclamarlo. Y Juan Rodríguez señala un precedente que puede ayudar en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2018 en la que se impuso al Estado a pagar una indemnización a una madre por los daños morales causados por el asesinato machista de su hija. La sentencia vino provocada por un dictamen del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, explica el abogado. Rodríguez asegura que el funcionamiento de ambos organismos es muy similar y que podría ser esta una vía para la reclamación: el Tribunal Supremo.
