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Erika tiene diez años y cursa 5º de primaria en un colegio público de Zaragoza. El pasado mes de marzo, al igual que miles de niñas y niños españoles, vio cómo sus clases quedaban suspendidas de la noche a la mañana. Durante tres meses tuvo que seguir el curso desde casa. Con una particularidad: es una alumna sorda y el confinamiento se convirtió para ella en un hándicap a la hora de continuar su educación a distancia, obligada a prescindir del aprendizaje presencial, el apoyo in situ de sus profesores y de la comunicación cara a cara. “Era más difícil, me costó un poco y mi madre me ayudaba”, explica ahora en una entrevista por videollamada.
Hasta la explosión de la pandemia de COVID-19, no había tenido demasiados problemas en el colegio. Gracias a un implante coclear, que permite a las personas sordas procesar y recibir sonidos, y apoyada en la lectura labial y los gestos faciales y corporales, podía seguir con cierta facilidad las clases incluso sin intérprete, aunque domina bien la lengua de signos, con la que creció en su familia. A partir de marzo, sin embargo, su aprendizaje pasó a ser exclusivamente online y surgieron las dificultades. “Tenía muchísimas videollamadas orales, incluso ejercicios de listening en inglés”, relata a su lado su madre, María Ángeles Muñoz. “Al ser clases virtuales, muchos compañeros hablaban a la vez y la información que el ordenador recibía estaba auditivamente al mismo nivel, por lo que no podía discriminar cada una de las voces”.
En la familia de Erika todos sus miembros son sordos: su padre, su madre y su hermana Carlota, de 12 años. Esta última, que cursa segundo de ESO, siguió con menos dificultades las clases durante el confinamiento gracias a que contaba con una intérprete de lengua de signos que continuó dándole servicio a distancia en sus clases telemáticas. Sin embargo, con la vuelta al cole en septiembre, marcada por las recomendaciones sanitarias, el uso obligatorio de la mascarilla se interpuso entre ella y el resto de la clase. Lo mismo le ocurrió a su hermana. Y a decenas de niños y niñas sordos.
“Ahora no entiendo tan bien a mis compañeros”, se queja. “Y en las clases en las que la intérprete no está, como en inglés o francés, antes el profesor podía acercarse para explicarme algo mejor, pero ahora hay que guardar la distancia”.
Su madre, María Ángeles, siente impotencia y miedo. Teme que sus hijas se queden atrás, pero, sobre todo, que los profesores no sean consciente de la situación de las menores y que las administraciones públicas, encargadas de suministrar recursos como el servicio de intérpretes de lengua de signos, no respondan a las demandas del colectivo. “Esto de la COVID nos pone en una situación incluso peor de la que teníamos. Las personas sordas somos una minoría y, si ya importábamos poco, ahora con la pandemia importamos todavía menos”, concluye con tristeza.
Las organizaciones que aúnan a las personas sordas en España corroboran que la COVID-19 ha puesto sobre la mesa algunos de los problemas estructurales que ya arrastraba el colectivo, pero, además, confirman que la pandemia “ha acrecentado las barreras” existentes. “La falta de accesibilidad de la formación online fue una constante durante el confinamiento, poniendo en evidencia la escasez de recursos y adaptaciones que ya existía en la enseñanza presencial”, explica Marta Muñoz Sigüenza, asesora legal de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). “Con la vuelta a las aulas, la nueva normalidad coloca a estas alumnas y alumnos en una situación compleja en la que el uso de mascarillas y la distancia interpersonal dificultan aún más su acceso a los contenidos lectivos”, subraya la portavoz.
Durante el confinamiento, la continuidad de la formación dependió de las distintas sensibilidades y no de la legislación sobre inclusión educativa
A raíz del confinamiento de la pasada primavera, parte del alumnado sordo perdió a sus intérpretes de lengua de signos en medio del curso. En algunas comunidades autónomas donde el servicio está externalizado, como Madrid o Andalucía, los contratos se rompieron en marzo tras el cierre de los colegios, lo que dejó a los estudiantes sin servicio durante las clases online. El colectivo asegura que este hecho ha influido de forma muy negativa en el desarrollo y el aprendizaje de los menores sordos en los últimos meses, con un “desfase bastante pronunciado respecto al resto del alumnado sin discapacidad”, según argumentan desde la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FeSorCam). “Durante el confinamiento, la continuidad de la formación dependió de las distintas sensibilidades de los gobiernos autonómicos y del propio Ministerio de Educación, y no de lo contemplado en la legislación sobre inclusión educativa”, denuncia también la CNSE.
Mascarillas transparentes, ¿una solución?
El confinamiento y la suspensión de clases presenciales se convirtieron en un obstáculo importante para los alumnos y alumnas que no pudieron contar con un intérprete y para aquellos que ni siquiera tenían los medios necesarios para seguir las clases online, poniendo de relieve la brecha digital. Pero, en el caso de quienes reunían las condiciones para continuar el aprendizaje desde casa, hubo una ventaja: el intérprete, al estar también a distancia, podía hacer su trabajo sin mascarilla.
Este escenario ha cambiado desde septiembre, con la vuelta al cole. La mascarilla ha borrado, casi de forma literal, una de las principales fuentes de información de las personas sordas: la boca de sus interlocutores. “Al no contar con la lectura labial, como hasta ahora, de repente para nosotros las personas no tienen boca. Y ese era nuestro apoyo principal en la comunicación diaria”, destaca María Ángeles Muñoz. A su lado, su hija pequeña asiente. “En clase, ahora es todo un poco más difícil porque con las mascarillas se escucha menos. Cuando hay explicaciones, la profesora me pone el aparato para que escuche mejor, pero si mis compañeros hablan, el volumen aumenta y me duele la cabeza”, se queja.
El problema ha puesto sobre la mesa una de las posibles soluciones: el uso de mascarillas transparentes. Pero, de momento, en España no hay ningún modelo homologado, según subrayan desde la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes (FILSE). Su presidenta, Almudena Castells, trabaja como intérprete en centros educativos desde hace casi dos décadas. “Como colectivo, estamos preocupadas porque las mascarillas son una barrera más. El gesto, la expresión facial y la boca son un elemento muy importante en la lengua de signos. Y en el ámbito educativo hay un problema adicional: se trabajan continuamente conceptos y términos nuevos. Y eso requiere por nuestra parte mucha creatividad, flexibilidad y velocidad para ver continuamente cómo podemos trasmitir de forma que se entienda. No podemos olvidar que se trata de traducción simultánea”, asegura la profesional.
Este curso, Castells da servicio a dos alumnas de secundaria y bachillerato en el País Vasco. Lo primero que hizo al incorporarse a su puesto de trabajo en septiembre fue comprar una pequeña pizarra. “Ahora voy con ella a todas partes. Le doy muchas vueltas a las neuronas para tratar de suplir esa información de la lectura labial y, mientras signo, me muevo mucho en el espacio, procuro suplir esa falta de expresión facial con expresión corporal, deletreando muy despacio. Cuando eso no basta, cojo la pizarra y se la enseño a la alumna. Hacemos lo que podemos”, explica.
La profesional remarca que las mascarillas transparentes pueden ser de gran ayuda especialmente cuando la competencia en lengua de signos es menor. “Hay muchas personas sordas que se ayudan de la lectura labial y ahora mismo están muy perdidas”, recuerda Castells. “Pero nos preocupa el tema de las homologaciones, de garantizar la salud tanto de los profesionales como de los alumnos. Tenemos que ver cómo equilibramos la protección de la salud y la accesibilidad”, reflexiona.
Quiero que mis compañeros aprendan lengua de signos
Desde FeSorCam van más allá y apuestan por otras soluciones complementarias, como el uso de las nuevas tecnologías en el aula, el subtitulado o los contenidos visuales. “El desarrollo tecnológico ha supuesto un antes y después para la accesibilidad comunicativa de las personas sordas”, aseguran, aunque ponen el foco también en la brecha digital y la situación de las familias más vulnerables, que no pueden hacer frente al coste de los dispositivos tecnológicos.
Educación inclusiva de calidad
Erika lo tiene claro cuando se le pregunta qué le gustaría cambiar en su colegio: “Quiero que mis compañeros aprendan lengua de signos. Algunas de mis amigas saben un poco, pero deletreando, y no es igual”. La accesibilidad en el aula no solo es importante a la hora de aprender y asimilar conceptos por parte del profesor, sino también de mantener la comunicación con los compañeros.
Si no existe, se crea una situación “cruel” para los alumnos y alumnas, según subrayan desde la CNSE, ya que “les coloca en una situación de aislamiento y de soledad”. “Sin una educación inclusiva de calidad, los alumnos sordos están y estarán siempre en desventaja”.
El colectivo pide también que, tanto si la educación es presencial como si es online, se garantice “de una vez por todas” que el alumnado sordo, “independientemente de dónde resida”, tenga a su disposición todos los recursos humanos y materiales necesarios para evitar situaciones de discriminación, “que solo causan ansiedad y desmotivación” y que “inciden negativamente en su desarrollo humano y profesional”.
Recuerdan, además, que existen recursos que pueden minimizar las dificultades derivadas de las recomendaciones sanitarias. “Sin embargo, parece que en ciertos ámbitos se ha optado por lo más sencillo: relegar a estos estudiantes y a los propios profesionales sordos que trabajan en este ámbito al aislamiento comunicativo”, explica su portavoz.
En medio del creciente número de contagios por COVID-19, inquieta también la posible vuelta a un confinamiento “duro”, similar al de marzo, que podría suponer el regreso a la modalidad de educación online. “Una alternativa para la que reclamamos el mantenimiento de la figura del intérprete y de los asesores sordos especialistas en lengua de signos y todos aquellos profesionales que sean necesarios, además de contar con material online accesible en lengua de signos y con subtitulado”, reclama el colectivo.
Intérpretes y precarización
Solo en ocho de las 17 comunidades autónomas españolas (y en una parte de Baleares), los intérpretes de lengua de signos están contratados por la administración pública. En el resto, esa contratación está externalizada, es decir, se realiza a través de empresas adjudicatarias. Una de estas regiones es Madrid, donde el servicio sale a concurso público y se adjudica a la empresa o entidad que presente una oferta más ventajosa o “más barata”, según denuncian desde FeSorCam, quienes también critican que, después de la rescisión del contrato de estos servicios el pasado marzo, tras la declaración del Estado de alarma, la incorporación de los intérpretes en el inicio de este curso fue “paulatino y tardío”.
La organización considera que el medio millar de profesionales que trabaja en centros educativos en Madrid no es suficiente para cubrir la demanda en la región ya que, en la mayoría de los casos, los alumnos no cuentan con intérprete en la totalidad de su jornada educativa y hay que “hacer una planificación previa del alumnado y de las asignaturas con mayor carga retórica para que la pérdida de materia sea la menor posible”. Esta situación se repite en otras comunidades autónomas.
Los propios intérpretes denuncian que la precariedad que ahoga al gremio afecta a la calidad del servicio y, por tanto, al acceso de los alumnos sordos a la educación. “Cuando reivindicamos unas condiciones de trabajo dignas es porque, en caso de no tenerlas, la calidad del servicio no es buena. Si no puedes prepararte la clase, si no puedes coordinarte con el profesorado o si no se te considera personal dentro del proceso educativo, no se puede hacer el trabajo de forma que el alumnado realmente acceda al contenido que se está dando en clase. Y ahí se está vulnerando su derecho a acceder a la educación”, asegura Castells desde FILSE.
