No dudo de que el Ministerio de Educación haya consultado con algunos sectores implicados. También sé que se han revisado y rechazado o aceptado enmiendas en el trámite legislativo. Diversas organizaciones y personas han dejado oír su voz; algunos medios de comunicación –no todos- han contribuido, de nuevo, a alimentar la confusión y la desinformación y las redes sociales, como les corresponde, se han llenado de opiniones, mentiras, tergiversaciones y diatribas con escaso fundamento y sin sonrojo alguno para quien las escribe.
En todo caso, es evidente que de nuevo se ha perdido una oportunidad para promover, alentar y organizar un gran debate social de calidad y con voluntad real de diálogo. Uno de los aspectos más controvertidos, no sé si el más importante, pero al que quiero referirme en estas líneas, es el de la enseñanza concertada.
En realidad, la ley no presenta grandes cambios respecto a lo que teníamos. Corrige, desde luego, algunos desajustes de la LOMCE, como la alusión a la “demanda social”, incorporados en su día sin consenso alguno y apoyados por algunas entidades y administraciones educativas conservadoras; apuesta con renovada intensidad por una distribución más equitativa del alumnado vulnerable en todos los centros sostenidos con fondos públicos y por el cumplimiento estricto de los criterios y procedimientos de escolarización; y reitera la gratuidad de las enseñanzas básicas y la voluntariedad de cualquier aportación de las familias para el sostenimiento de los proyectos o por la utilización de servicios y actividades complementarias. Aprovecha también para eliminar, de forma completamente innecesaria a mi modo de ver, la alusión a la complementariedad de las redes pública y concertada, establecida en la LOE de 2003.
A pesar de las evidencias, las reacciones al texto aprobado en el Congreso han sido en algunos casos, que no en todos, furibundas.
Por una parte, nos encontramos con que algunas entidades y patronales de la educación concertada confesional, en una plataforma supuestamente “plural” y asociada por lo general a las tesis de las formaciones políticas de la derecha, han arremetido con fuerza contra la ley, movilizando a determinados sectores de la comunicación, del profesorado, las familias e, incluso, del alumnado –algo que ya empieza a ser contestado dentro de los propios centros a los que representan–, reivindicando, a grandes rasgos, una vuelta a los supuestos en los que se basaba la LOMCE, entre ellos la alusión a la “demanda social” que, de forma un tanto alambicada, equiparan a una “libertad de elección de centro” que la actual ley no pone en cuestión.
La otra gran patronal de carácter estatal, UECOE, que aglutina a más de 600 cooperativas de enseñanza y entidades de economía social, ha puesto de relieve en sus comunicados, con menos beligerancia, los aspectos positivos de la ley y ha mostrado su contrariedad por algunos elementos, como la eliminación de la alusión a la complementariedad de las redes pública y concertada, que quedaba asentada en la LOE y que ciertamente a muchos nos parece que reflejaba mejor la relación entre ambas.
Los sindicatos de corte progresista –que defienden a las plantillas de la educación de titularidad pública y privada– y unos cuantos medios de comunicación, han tratado de poner algo de sensatez en este maremágnum de opiniones encontradas señalando, aunque tímidamente, los posibles puntos de encuentro y tratando de rebajar una tensión que tiene, desde mi punto de vista, poca razón de ser, salvo que responda a intereses muy distintos de los educativos.
En el lado opuesto, también se han dejado oír muchas voces que cuestionan la ley por lo contrario: por no acabar de una vez por todas con la enseñanza concertada –así, en general, sin necesidad de matices– o, al menos, por no ser tan restrictiva como les gustaría. Se han escrito artículos y opiniones que retoman, sin evidencias que lo sostengan, los argumentos más comunes: la concertada es un negocio; quien quiera educación privada que la pague; la concertada no educa, adoctrina y, por supuesto, es fuente de corruptelas. En el trasfondo, la idea de que prácticamente todos los males de la educación en nuestro país y, en concreto, los de la educación de gestión pública se deben a la existencia de los centros concertados y al “desvío” de fondos que se viene practicando desde hace años.
La oposición a la educación concertada ha llegado al pintoresco extremo de unir en un propósito común a la Confederación de Asociaciones de Familias, CEAPA, vinculada a la defensa de lo público, con la Asociación CICAE, en la que se integran un buen número de colegios privados. Al alimón, han encargado un estudio a una consultora externa, con una selección muestral y una metodología más que dudosas, para afirmar que los centros concertados abusan de la posibilidad de solicitar a las familias aportaciones o cuotas para el sostenimiento de sus proyectos. Sus conclusiones han dado lugar a titulares en prensa del tipo “No somos una ONG, somos una SL”, que con seguridad no suscribiría ni uno de cada mil centros concertados en nuestro país. Pero ahí queda eso.
Como ya he dicho, la posibilidad de un debate serio sobre esta cuestión, que viene siendo perentorio y que reclamamos desde hace tiempo, se ha esfumado de nuevo. Tal vez porque, en realidad, no interesa demasiado. No interesa a las administraciones educativas, que pueden seguir manteniendo la ficción de que es posible una educación concertada gratuita a pesar de la evidente falta de financiación en lo que respecta a buena parte de los gastos corrientes de un centro, pero sin duda a amortizaciones de edificios, alquileres, cánones por gestión, reparaciones de calado u obras extraordinarias y mejoras que revierten en la educación del alumnado. Posiblemente tampoco interesa a los centros, sean muchos o pocos, que son remisos a aplicar con rigor los criterios de escolarización en condiciones de equidad para todo el alumnado. Creo que tampoco es demandado por quienes tienen ya interiorizados sus inamovibles argumentos en contra de la enseñanza concertada y que no están dispuestos siquiera a plantear la posibilidad de que garantizar el derecho a la educación, que sin duda compete a los poderes públicos, pueda hacerse a través de un servicio prestado por una entidad de carácter privado, con los límites y condiciones que se determinen.
Con seguridad, todo lo apuntado en estas líneas puede ser también discutido y refutado. Nosotros seguiremos empeñados en alentar y participar en cualquier debate que nos permita avanzar de verdad y con el mayor grado posible de acuerdo en este controvertido tema.
