La Plataforma Regional por la Escuela Pública de Madrid considera “imprescindible” la adopción de medidas inmediatas de prevención, higiene y salud de cara al curso 2021-22. Algo que, por el momento, el Gobierno de la Comunidad no ha considerado oportuno, optando por aplazar el inicio del programa escalonado de reducción de las ratios a 20 alumnos por aula al año académico 2022-23 y dejando, por tanto, vacío y desierto de medidas más allá de las higiénico-sanitarias (ventilación, distancia interpersonal, uso de mascarilla y gel hidroalcohólico…) el nuevo curso que comienza en septiembre.
El objetivo principal, tal y como reconoce la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Carmen Morillas, es “garantizar una atención individualizada y personalizada del alumnado, lo que implica necesariamente implementar la presencialidad de forma segura en todas las etapas educativas”.
Para ello resulta prioritario actuar de inmediato, mantener los más de 12.000 profesores de refuerzo covid e incorporar a los centros educativos más profesionales. No solamente docentes, sino también otros perfiles que en el contexto de pandemia en el que todavía nos encontramos se hacen más necesarios que nunca: equipos de Orientación, maestros de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad, Técnicos Especialistas III, integradores sociales, figuras de enfermería… Solo así, añade Morillas, es posible “paliar los efectos de la pandemia y las deficiencias del sistema educativo madrileño”.
La contratación de más docentes es, de acuerdo con Morillas, “la mejor manera de garantizar que los desdobles funcionen adecuadamente y la reducción de ratios se ejecute de inmediato”. Tal y como ha quedado de manifiesto durante la pandemia, estas medidas son beneficiosas tanto a nivel sanitario como pedagógico, al mejorar los resultados académicos y la convivencia escolar. Un problema que, en Madrid, tiene aún mayor relevancia que en el resto del Estado al tratarse de la comunidad autónoma con mayores ratios y con mayor segregación del alumnado y que se podría solventar mediante la inversión de los fondos europeos destinados para tal fin.
Entre las medidas propuestas por la plataforma destacan también la mejora de la comunicación con los servicios de Salud de la Consejería competente, el mantenimiento de la figura del coordinador covid en los centros educativos o la mayor inversión en herramientas digitales e infraestructuras educativas. Todas ellas, por supuesto, deben plantearse y ejecutarse teniendo muy en cuenta las consideraciones de toda la comunidad educativa.
En demanda de estas medidas, la Plataforma Regional por la Escuela Pública ha convocado concentraciones ante las direcciones de Área Territorial de Madrid Norte, Sur, Este y Oeste, así como ante la Consejería de Educación, el martes 22 de junio a las 18:30 horas. En palabras de la secretaria de Jurídica del Sindicato de Enseñanza de la CGT, Almudena Gómez, “la presión en la calle es la mejor forma de hacernos notar y que nuestras demandas, que ya vienen de lejos, sean por fin escuchadas”.
Polémica con el “Plan Iceta”
La pretendida reducción de las altas tasas de interinidad en España, que actualmente rozan el 30%, está generando un importante revuelo en el seno de los sindicatos de educación. El pasado 18 de junio, la Confederación Intersindical – STEs convocó una huelga de profesorado interino a nivel estatal al considerar el llamado “Plan Iceta” como una medida poco efectiva y que pone en riesgo el empleo de hasta 170.000 profesores.
Esta mañana se han pronunciado al respecto los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras. Ambas organizaciones coinciden en que el diagnóstico es acertado y que los altos índices de temporalidad en educación son un problema crónico que reduce la calidad del sistema educativo público. Sin embargo, muestran su desacuerdo en cuanto a la aplicación del “Plan Iceta”.
La secretaria de Enseñanza de UGT en Madrid, Teresa Jusdado, asegura que la aplicación de programa es “muy difícil de llevar a cabo en educación” y reclama una «adaptación específica para el sector». Por su parte, la portavoz de Educación de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, afirma que las negociaciones están “condenadas al fracaso” al tratarse de una propuesta “muy insuficiente”.
