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La LCU es fruto del consenso de distintos agentes sociales y supone cambiar —según el acuerdo antes de las enmiendas— y dar paso a la mediación para resolver los conflictos en vez de la sanción y permite una serie de garantías como poder apelar a un órgano superior y da más facilidades a la hora de manifestarse. Esto ya de por sí es un gran avance en la legislación porque deroga la legislación franquista del Reglamento de Disciplina Académica. No termina de responder todas las necesidades, pero es un avance importante y recoge una parte importante de las reivindicaciones históricas de las asociaciones estudiantiles.
La LOSU no da mayores facilidades para el acceso a la educación superior, aunque limita parcialmente la temporalidad, da más estabilidad y reduce la presencia de los profesores asociados y mejoraría las condiciones del PDI. Estos cambios, por mínimos que sean, son buenos.
Tanta polémica viene por algo. En la LCU actual hay una sensación de que los derechos estudiantiles son un juego para los intereses políticos, debido a las enmiendas. La consecuencia de esto es que no permite el desarrollo de un marco común y deja que cada universidad haga su reglamento. Es una traba para un cambio necesario en la educación superior y que retoma el modelo sancionador para resolver cualquier conflicto. En definitiva, rompe el consenso establecido y es una regresión a lo inicialmente planteado.
Y la pólvora estalló con la LOSU porque esta medida profundiza lo que se inició con el Plan Bolonia: poner la universidad española al servicio de grandes fondos y bancos. No entra las reivindicaciones como la primera matrícula gratuita, ni hay una mejora notable de las becas, reduce la representación estudiantil en los órganos decisorios y abre la posibilidad de buscar financiación mediante el patrocinio privado.
A cualquiera sorprendería que Castells, el mismo ministro que dijo recientemente que «La Universidad pública debe ser gratuita», plantee medidas que no vayan por ese objetivo o de su abrumadora actividad en este último año cuando en el anterior distintas asociaciones estudiantiles le criticaron su inactividad en los momentos que más se le requería por la pandemia. No es que en esta etapa como ministro se haya levantado con el pie derecho, hay algo más.
La razón de estas medidas hay que buscarlas en las ayudas de la COVID y en especial de las exigencias de Bruselas. Para recibir dichas ayudas, Bruselas exige un paquete de medidas que también afecta a la universidad. Si en las pensiones exige dar pasos para su privatización, en la educación superior exige una mayor entrada y dependencia de la universidad a los grandes fondos de inversión y bancos.
Si ya la situación actual podemos ver como por ejemplo el Banco Santander tiene una oficina en los campus universitarios y en los carnés universitarios está su logo como si fuese el dueño marcando su mercancía, con esta reforma se está diciendo: la universidad pública española está en venta, cómprenla. Se está forzando a que sean más dependientes de esos grandes fondos y bancos y todo lo que eso conlleva porque el cómo se impartirían las clases lo indicarían quienes financien la nueva universidad.
Si no se aplica estas medidas, Bruselas impediría que llegasen esas ayudas. En otras palabras, es un chantaje que nos ata: o aceptas mis condiciones o te hundes.
Por supuesto es necesario una reforma de la universidad, pero no todo vale. Solo se puede conseguir una educación nacional, científica, democrática y al servicio del pueblo cuando es la comunidad educativa en su conjunto quien marca su propio futuro.
Para conseguir esto es muy importante la unidad de toda la sociedad y que no nos líen. Al fin y al cabo, esta medida viene impuesta en beneficio del gran capital y necesitamos que estemos juntos para poder desactivar este chantaje.
