Los máximos responsables de CCOO, CSIF y UGT, Francisco García, Mario Gutiérrez y Maribel Loranca, han anunciado una protesta para el próximo 9 de febrero ante el Ministerio de Educación y FP en la que quieren, además, hacer llegar a la ministra, Pilar Alegría, una carta con una serie de reivindicadiones. La primera de ellas sería que lidere la situación para que las comunidades autónomas esperen a que se publique la modificación del sistema de acceso a la función pública.
El nuevo sistema, negociado por los sindicatos con el exministrode Función Pública, Miquel Iceta, pretendía que enter 2022 y 2024 la temporalidad en el sector público bajase hasta el 8%. En la educación se parte del 25,7%. El acuerdo, firmado el pasado verano, pasó a rango de ley aprobada en el Congreso y, en estos momentos, está pendiente la publicación de los desarrollos normativos.
Lo que supone, a grandes rasgos, la nueva normativa es que la experiencia laboral pasase de tener un 12% de peso en las pruebas, a un 28, al mismo tiempo que se marca que ninguna de las partes del concurso oposición fuera eliminatoria, lo que obligaría a ponderar todos los exámenes de cada persona. El objetivo era dar la mayor cantidad de oportunidades al personal interino para asegurar la plaza que ocupan frente a otros candidatos.
Las comunidades autónomas (hasta ahora han convocato ya Asturias, Navarra, Valencia, Baleares y Galicia y están a punto de hacerlo, según los sindicatos, La Rioja, Madrid, Aragón, Canarias, Murcia, Madrid, Andalucía y Cantabria), al menos, la mayor parte de ellas, han decidido adelantar las convocatorias habituales para poder saltarse la obligación de implementar el nuevo sistema.
Como dijo Francisco García (CCOO), el Ministerio está mirando para otro lado y las comunidades autónomas se están saltando la norma. Si las CCAA se siguen adelante con su decisión, estarán perjudicando a la mayoría de los opositores. Según los cálculos que han realizado los sindicatos, las convocatorias conocidas hasta ahora solo afectarían a la tasa de reposición, es decir, solo cubrirían las plazas de aquellas personas que se hayan jubilado. Esto serán 21.693 plazas. Si se hubieran esperado a contar con la nueva normativa, el total de plazas posibles para la oposición de este año habría sido de 46.500, aproximadamente, 24.800 más. Esto supondría bajar del 25,7% al 20,8%.
Mario Gutiérrez (CSIF) ha insistido en que esta situación, la de no ofertar plazas de estabilización supone un problema, además de para las y los aspirantes, para la calidad del sistema educativo, puesto que un 25% de todo el personal docente se mueve cada año y esto hace casi imposible el mantenimiento de proyectos a medio o largo plazo de programas de los centros educativos.
Gutiérrez también ha señalado otros problemas que se derivan de que las autonomías hayan decidido adelantarse al cambio de sistema de oposiciones. Tiene que ver con la ruptura de la equidad, de la igualdad del proceso en todo el Estado, al mismo tiempo que puede suponer un problea de seguridad jurídica que puede acabar con la impugnación de algunos de los procesos en ls tribunales.
Maribel Loranta (UGT) también ha criticado el hecho de que después de que los tres sindicatos hayan estado negociando con el Gobierno para la estabilización desde 2017. Una negociación que ahora las administraciones educativas están esquivando en gran medida a pesar de que el nuevo sistema negociado, a su entender, «no cierra la pobilidad a quien no tiene experiencia» laboral en un centro educativo. Cree que las comunidades autónomas y el Ministerio tienen «poco interés en abordar el problema» que afecta a la situación personal de miles de personas y a la calidad de la educación en su conjunto.
Uno de los problemas principales es que, según los cálculos de los sindicatos, es que para 2024, las CCAA deben convocar 125.000 plazas de estabilización para que la interinidad baje al 8%. Si en la convocatoria de este año no hay prácticamente ninguna de estas, las administraciones tendrán que hacer este esfuerzo en solo dos años, además de contar con las de reposición.
En cualquier caso, los representantes de los tres sindicatos han recordado que los acuerdos firmados con el Gobierno y que se han recogido de igual manera en la ley marcan una serie de contrapartidas para aquellas administraciones que no hayan hecho lo necesario para frenar la temporalidad en la función pública, incluida aquí, la docente. De hecho, Gutiérrez ha afirmado que si no se cumplen los acuerdos, más allá de que hubiese o no movilizaciones, estarán dispuestos a acudir a los tribunales para que se cumplan los acuerdos. Previo a esto, han hablado de la necesidad de que se convoque la mesa de seguimiento de los acuerdos
