Los padres de Kira López, la alumna de 15 años que se quitó la vida en mayo del pasado año tras ser víctima de acoso escolar en un centro concertado de Barcelona, han presentado hoy en el Congreso de los Diputados 230.000 firmas para reclamar una ley específica que sirva como marco estatal en la lucha contra el bullying. El padre de Kira, José Manuel López Viñuela, dijo a las puertas de la Cámara Baja que la futura normativa debería contemplar, como punto destacado, responsabilidades penales en casos especialmente trágicos como el de su hija. “Si un docente o alguien del equipo directivo ha sido avisado por los padres de que se maltrata a sus hijos, y el caso tiene consecuencias graves sin que nadie haya actuado, el centro tiene que tener algún tipo de consecuencia penal”, declaró.
La campaña de recogida de firmas, canalizada a través de la plataforma Change.org, se inició hace meses bajo el nombre No es cosa de niños. Ha contado con el apoyo de personalidades como Inés Arrimadas, que conocía personalmente a la adolescente (la líder de Ciudadanos tiene familia en el mismo barrio donde viven los padres de Kira) y salió a la Carrera de San Jerónimo para explicitar su solidaridad. También estuvieron presentes en la entrega de firmas —coincidente con el Día Internacional contra la Violencia, el Acoso Escolar y el Ciberacoso— otras políticas como Rita Maestre e Inés Sabanés, ambas diputadas de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.
El padre de la menor señaló que los protocolos actuales para prevenir y actuar contra el acoso escolar en España resultan insuficientes. Sobre todo, apuntó, “porque depende mucho de la voluntad del centro si se aplican o no, en especial entre los colegios privados”, que, añadió, “muchas veces priman su reputación a la seguridad de los niños”.
Los progenitores de Kira, que estuvieron acompañados por otros familiares de víctimas de acoso escolar, confían en que la clase política tome conciencia sobre la dimensión del problema y apueste por un “cambio estrucutural”. Otros aspectos que, en su opinión, debería recoger una ley anti bullying son la reparación de daños o más medios para que los centros puedan realizar un seguimiento personalizado de casos graves, sobre todo con el fin de detectar tendencias suicidas entre las víctimas. “Se habla de invertir 20 millones de euros contra el acoso escolar. Con 34.000 centros en España, cada uno tocaría a 600 euros, poco más que calderilla”, lamentó López Viñuela.
Tras depositar en el registro del Congreso las 230.000 firmas, los padres de Kira se dirigieron al Ministerio de Educación, donde fueron recibidos por el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar. Antes, López Viñuela dejó claro que no tiene dudas de que lo que empujó a su hija a suicidarse fueron las terribles experiencias vividas en el colegio. “No es justo”, remató visiblemente emocionado.
