¿Hasta cuándo dejaremos que los procesos de cambio de jornada perjudiquen a la escuela pública?

Desde finales de los años 80 del siglo pasado convivimos en nuestro país con los procesos de cambio hacia la jornada intensiva, mal llamada continua. En cada comunidad autónoma se ha vivido de una forma distinta. Unas pocas han resistido al empuje de los defensores de este tipo de jornada, manteniendo la partida; ahora, algunos países como Alemania, que están volviendo desde la continua hacia la partida, parece que les dan la razón en no haber sucumbido a las presiones para cambiar. Otras, adoptaron en sus centros la continua de forma prácticamente absoluta; alguna ya ha intentado plantearse la vuelta a la partida, como Canarias, pero las presiones sindicales les hicieron desistir, al menos de momento. También hay quien habiendo mantenido la partida en infantil y primaria, ha iniciado la vuelta a ella en la ESO, como Cataluña, que lo ha hecho en sus institutos escuela, y con la idea de extenderla a todos los IES. O, como Madrid, que apuesta por la partida solo para determinados institutos, imponiéndola en sus denominados bachilleratos de excelencia, argumentando que es un factor de calidad de enseñanza, a la vez que niega esa supuesta calidad al resto de institutos; y también en los centros de educación especial, ya que no pueden cambiar de jornada, al considerar inadecuada la continua para el alumnado que tiene necesidades específicas.

Las comunidades autónomas optaron por diferentes soluciones, pero algunas tomaron el peor camino: abrir procesos de cambio para que las comunidades educativas de los centros de primaria decidieran si mantenían la partida o adoptaban la continua. En muchos de ellos, año tras año se vota el cambio, y esto genera tensiones, enfrentamientos y comportamientos que, con frecuencia, se alejan de respetar los mínimos democráticos siempre exigibles. El proceso machaca las comunidades educativas con suma facilidad, y las relaciones internas se resienten; en ocasiones, las situaciones llegan a enfrentamientos físicos entre defensores de una y otra jornada.

Estas situaciones inaceptables son conocidas por las diferentes administraciones educativas, que hacen poco o nada por evitarlas. Es más, algunas se alimentan de ello para lograr varios de sus propósitos. Uno de estos es la división entre sectores y dentro de cada sector. Apuestan por permitirlas, e incluso fomentarlas, con decisiones muy cuestionables, porque les viene bien. Si tienen a las comunidades educativas enfrentadas, será difícil que se olviden de sus desencuentros con facilidad para unirse en la defensa de mejoras en la educación pública, que es lo que deberían hacer. Distraídos con lo accesorio, dejan aparcado lo verdaderamente importante.

Por otra parte, dado que la mayoría de las familias necesitan centros que ofrezcan amplios horarios de atención a los menores, cualquier paso en el sentido de que se cierren pronto llevará aparejado un goteo constante de alumnado desde la escuela pública hacia otra que mantenga estos horarios: la privada con o sin concierto. Y es que, quienes quieren beneficiar la extensión de la escuela privada concertada, el perjudicar a la pública con este asunto -o con cualquier otro- siempre les parecerá una vía perfecta. Claro que, también hay comunidades autónomas que no están quizás pensando en beneficiar lo privado, pero sí toman decisiones para conceder mejoras laborales a sectores determinados, olvidándose de que gestionan los asuntos públicos para garantizar el bien público, no el particular de un sector determinado, por muy importante que este sea en un ámbito concreto.

Después de más de tres décadas, podríamos haber aceptado ya muchas cosas

La más importante es que, con carácter general, la jornada partida se ajusta mejor a las necesidades del alumnado. Por más que los defensores de la continua hayan tratado de convencer sobre sus bondades, no han sido capaces de poner encima de la mesa ni un solo estudio riguroso que lo haya demostrado. Teniendo en cuenta su interés en encontrarlos, su inexistencia después de más de tres décadas debería llevar a comprender que su defensa hace aguas y que deberían asumir de una vez la realidad. Sin embargo, no es así.

Cierto es que han cambiado sus argumentos. Por ejemplo, al principio se empeñaban en demostrar que los beneficios educativos eran innegables; la mayoría abandonó esos argumentos tiempo atrás, incluso luchando para que no fuera necesario ponerlos por escrito, eliminando requisitos como planes de mejora y extensión de la jornada, para no quedar en evidencia con tanta facilidad. Más tarde, se centraron en defender la necesidad de tener mejores horarios; por un lado, para supuestamente coordinarse mejor; por otro, para tener más tiempo diario de atención a las familias. Lo primero se olvidó rápido, porque ahora se suele defender lo contrario: que se coordinan mejor reuniéndose por la mañana dentro del horario lectivo, que fuera de éste.

Lo segundo también ha tenido cambios. La atención a las familias hace tiempo que ha salido de los horarios de tarde en la mayoría de los centros que mantienen la jornada partida, para llevarlos a la mañana como en secundaria, y ahora se vende como una ventaja para las familias que se ubiquen de 14 a 15h al pasar a la continua. Estrategia pura: primero se empeoraron las condiciones pasando el horario de atención que se encontraba después de las 16h a la mañana, y ahora se ofrece pasarlo a la 14h como ventaja. Resultado: con esa forma de proceder se adelantó de las 16 a las 14h. No se mejoró, se empeoró. Y eso que aún irá a peor, porque cuando la jornada continua esté mayoritariamente extendida y no se necesite hablar de ventaja al ponerla a las 14h, ese horario de atención volverá a la mañana, como en los IES, y círculo cerrado. Después se escuchan quejas sobre que las familias no acuden a las tutorías. Se recoge lo que se siembra.

Con el paso de los años, estos procesos se han ido viciando, llegando a encontrarnos con actuaciones inaceptables de todo tipo: manipulaciones constantes en las votaciones, llevándolas a cabo de múltiples maneras; presiones por parte de quienes quieren imponer un cambio de jornada, difícilmente compatibles con nuestro Estado de derecho; informaciones sesgadas, y a menudo directamente falsas; falta absoluta de respeto a las normas que regulan los procesos; y un sinfín de procederes absolutamente censurables, que alargarían este escrito en demasía.

En este contexto, un docente o una madre o padre que defiendan abiertamente la jornada partida sufren situaciones de acoso personal que no se deben consentir por más tiempo. La inmensa mayoría de los docentes que prefieren la jornada partida guardan silencio en sus claustros y centros educativos, por miedo a las enemistades que esto les provocará. Las madres y padres que también la prefieren, en el mejor de los casos reciben mensajes claros de que deben guardar silencio para no “manipular” a quienes deben decidir “en libertad”, y limitarse a observar cómo la otra parte no hace nada de lo que les exigen. Es un proceso absolutamente antidemocrático, en cuanto a los comportamientos individuales y grupales se refiere. Habitualmente no se intenta convencer a quien defiende la jornada partida; se le intenta vencer, incluso si ello lleva a tener que aplastar sus derechos.

Sí, lo sé, decir todo lo anterior provocará que haya quien se manifieste airadamente en las redes sociales, e intente desacreditar lo dicho. Lo asumo. Lo tengo tan claro como que saben que llevo razón porque todo es cierto, así como que he sido generoso con lo poco que he relatado sobre todo lo que ocurre habitualmente en los centros. Pero yo estoy convencido de que ha llegado el momento de levantar la voz con este asunto y decir que ¡basta ya!, y acepto soportar estas reacciones como algo inevitable en la sociedad actual. Así que, lo diré en formato pregunta: ¿nos ponemos a pensar de una vez por todas en los derechos prioritarios del alumnado, o lo dejamos para quienes estén aquí en el siglo XXII?

Es curioso que sobre este asunto sí exista consenso político y no se escuche

Vivimos en una sociedad en la que es prácticamente imposible encontrar consensos entre las diferentes formaciones políticas respecto de un asunto concreto que hayan sometido a debate. Pero, sobre la jornada escolar sí lo tenemos, aunque pase desapercibido porque la memoria es corta y el interés por recordarlo no existe en la mayoría, para permanecer en esa zona de confort que logra el indiferente, el auto censurado, el silencioso para no significarse; o para que nada estropee una defensa corporativa o individual.

Pues bien, yo quiero recordarlo en este momento. El 10 de octubre de 2013 se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (número 339 de la X Legislatura) las conclusiones del trabajo de la Subcomisión para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad, y en ellas se puede leer: “En cuanto a los horarios escolares, la jornada continua no se considera adecuada ni para la conciliación, ni para la igualdad de género, ni para atender las necesidades de los menores. Es necesario adaptar tanto los horarios, como las vacaciones y el resto del calendario escolar a las jornadas de trabajo. Se propone, que los escolares empiecen un poco más tarde y se establezca la jornada partida. La oferta de servicios complementarios o extraescolares, las aulas matinales y los comedores escolares son igualmente claves para la conciliación”. Fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Sí, por unanimidad. Y si esto fue así, deberíamos meditar sobre por qué una década después seguimos con jornada continua en muchas comunidades autónomas, otras siguen permitiendo que se imponga paulatinamente, y algunas han desistido de sus intenciones de recuperar la partida, aun considerando que mantener la continua no era la mejor opción.

También llama la atención que partidos políticos, cuyos representantes aprobaron estas conclusiones, legislen en comunidades autónomas, cuando las gobiernan, en sentido opuesto a lo que supuestamente opinan y firman. No me sorprende a estas alturas que haya personas que sean capaces de defender una cosa cuando no tienen responsabilidades de gobierno, pero practiquen lo contrario cuando sí las tienen; pero yo creo que la coherencia en la vida es una de las pocas cosas que nos podemos permitir con independencia de nuestro nivel económico, porque los principios se tienen o se obvian en todas las capas sociales. Y, en la política, que en nuestro país tiene a nuestros representantes de niveles estatales y autonómicos bien pagados para que no se vean en la necesidad de vender sus principios por falta de ingresos, permitiéndoles vivir sin privaciones básicas, su coherencia no solo es deseable sino exigible.

No es tan difícil encontrar una solución para este asunto, pero supone invertir más dinero público

En fin, que el escenario en el que nos desenvolvemos sobre el tema de la jornada escolar no es muy positivo, pero debería serlo. Y no es tan complicado, si dejamos a un lado del debate nuestro interés particular y ponemos en primer lugar el interés prioritario de los menores, obligado por ley, aunque se nos olvide con facilidad, y lo articulemos de forma que intentemos no lesionar derechos del resto de sectores.

En este sentido, como se ha llegado al consenso sobre que la jornada continua no es buena para el alumnado, desterremos esta jornada de cara a configurar sus horarios lectivos y regresemos a la partida. Así mismo, como es legítimo que el sector docente quiera mejorar sus condiciones laborales, separemos la jornada escolar del alumnado de la laboral de los docentes, y ambas del horario de apertura de los centros educativos. Y, como las familias necesitan horarios amplios de apertura de estos, busquemos la forma de conseguirlos sin perjudicar ni al alumnado, ni a los docentes, ni al resto del personal de los centros. ¿Es difícil? No, ese necesario existe; pero se necesitan dos cosas: valentía a la hora de legislar; e inversión pública suficiente para poder llevarlo a cabo.

¿Inversión por qué? Porque la solución pasa, entre otras cosas, por: reestructurar el calendario escolar y el horario lectivo diario; cambiar la relación del horario lectivo del alumnado entre obligatorio, opcional, y complementario; el de los docentes entre horario lectivo, complementario y de libre disposición; aumentar las plantillas docentes; modificar el formato de tutorías y la función de docente tutor; e incorporar otras figuras profesionales en los centros educativos.

Todo lo anterior no se puede hacer a coste cero, como demasiados cambios legislativos se empeñan en realizar diferentes gobiernos. No basta con publicar en los boletines oficiales los cambios que queremos implementar en educación, además se debe dotar de financiación suficiente estas medidas porque, de lo contrario, nunca se plasmarán en los centros educativos. Esta realidad no es nueva, llevamos siglos así, pero seguimos sin querer aprender.