El pasado jueves la coalición que hará gobierno en la Generalitat Valenciana, el PP con VOX, hizo públicos los 50 puntos principales que conformarán su gobierno. Aunque todavía no hay políticas concretas, los sindicatos y asociaciones muestran inquietud por lo que pueda ocurrir y por cómo les afectará.
Los puntos que más polémica han causado han sido la supresión de la figura de los asesores, la «libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas» y el «reforzamiento de la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza quitando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de los hijos». A todo ello se le añade la eliminación de la Oficina de Derechos Lingüísticos, una medida «urgente», según ha declarado Carlos Mazón, actual presidente de la Comunidad Valenciana, ya la que denomina «Oficina de Policía Lingüística».
Siguiendo esta línea, Mazón ha reivindicado las «señas de identidad valencianas» y no «las que se quieren imponer desde fuera», en referencia a Catalunya, y cargaba contra la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) por estar » haciendo demasiada política». Continuando con ese discurso, el pasado 14 de junio declaraba que lo que se pretendía era «eliminar cualquier política que incentiva la igualdad lingüística». Sin embargo, enfatizó en que el PP en materia lingüística pretende la «convivencia y la libertad», un discurso que ha repetido en varias ocasiones y que está incluido en los 50 puntos llamados.
¿Pero qué suponen realmente estos puntos? Según expone la Federación de Asociaciones por la Lengua – Escola Valenciana, «negar el aprendizaje del valenciano no sólo es perjudicial para los conocimientos del alumnado. Es negarles una oportunidad no sólo de aprender una segunda lengua, sino de facilitarles el aprendizaje de más lenguas». Además, explican que «es también negarles oportunidades a nivel social, cultural y laboral». Asimismo, afirman que eliminar la Oficina de Derechos Lingüísticos es «una declaración de intenciones que no deja lugar a dudas: el nuevo gobierno considera que las personas valencianohablantes somos ciudadanos y ciudadanas de segunda».
Posibles candidatos a la Consejería de Educación
Las negociaciones siguen en marcha. Hasta hace poco se había considerado la posibilidad de que Julia Llopis, reciente miembro de VOX, fuera la futura consejera de Educación. Ésta fue concejala de Acción Social y Educación en el PP de Alicante y la responsable de políticas como la multa a mendigos y prostitutas o el cierre de una escuela por peligro de derrumbe.
En ‘Diario de La Vega’ declaraba en mayo que «la imposición lingüística en los centros escolares con la excusa de potenciar y promover el valenciano como legua minoritaria – ellos la denominan minorizada, victimizándola – ha conseguido en los jóvenes y no tan jóvenes generar un rechazo a la riqueza cultural de nuestra comunidad autónoma». Igualmente afirmaba que «el requisito lingüístico, otra muestra más del totalitarismo del gobierno valenciano, es el máximo exponente de la intolerancia y el sectarismo de la administración educativa».
Estas declaraciones no difieren del documento electoral de VOX, que reza: «Garantizaremos que el español sea lengua vehicular en todas las etapas educativas, eliminaremos toda normativa que atente contra la igualdad educativa entre los menores en las escuelas y eliminaremos al valenciano como requisito en el acceso a plazas de profesorado y personal de administración».
Por otra parte, el documento electoral del PP pone de relevancia el equilibrio: «Garantizaremos el derecho a la educación en castellano, lengua oficial del Estado, así como en las demás lenguas cooficiales en las comunidades autónomas que estén reconocidas, bajo el principio de equilibrio y en todas las etapas educativas”.
Esta última parece que finalmente será la línea educativa en la Generalitat teniendo en cuenta las últimas declaraciones en las que nombraban que su partido se reservaba la Conselleria de Educación para “acabar con el proceso en la valenciana” de los colegios. Por el momento se desconoce la persona pensada para este sitio.
El futuro educativo en el País Valenciano: «Seguiremos defendiéndonos»
Marc Candela, responsable del sindicato STEPV, expone su preocupación ante la coalición y señala que seguirán intentando llegar a acuerdos. «Anteriormente con el PP firmamos muchos, pero con las declaraciones que han hecho estos días, especialmente las relacionadas con el tema de la lengua, no empezamos con el mejor pie», explica. Ante los puntos de gobierno, expone que desde el STEPV defienden la Oficina de los Derechos Lingüísticos», y remarca que existe una «cierta amenaza respecto a los asesores de plurilingüismo en los centros, algo que no acabamos de entender».
En cuanto a visión futura, subrayan que no saben en qué se van a traducir estos puntos, ya que no hay nada concretado. «Nosotros lo que podemos decir es que seguiremos defendiendo nuestra lengua y peleándonos para que el valenciano esté presente en centros educativos, y sea la lengua vehicular mayoritaria y principal». Por otra parte, Escola Valenciana clama por la defensa de los valencianos «de cualquier ataque o vulneración a los derechos fundamentales y la libertad individual».
Todo esto va acompañado del ya promulgado decreto de homologación del C1 de valenciano en educación, realizado por el Gobierno del Botánico, que dictamina que cualquier persona que haya superado Bachillerato con mínimo un 7 en la asignatura obtendrá este certificado sin prueba de nivel alguno. Esta medida que criticó STEPV, Escola Valenciana y El Tempir, supone «no tener en cuenta criterios educativos, pedagógicos, lingüísticos o sociolingüísticos». Igualmente consideran que «repercute negativamente en el prestigio social del valenciano y no contribuirá a su uso social, aspecto sobre el que es necesaria una intervención real y urgente para evitar el grave retroceso social de la lengua».
En suma, ambos coinciden en la necesidad de incentivar el habla valenciano, un trabajo que se consigue en las aulas, como afirma Candela, y también en el ámbito cultural y social, reincorporándolo para que esté presente en todos los niveles ; un objetivo que «ahora parece que se difuminará o incluso desaparecerá institucionalmente». Sin embargo, las organizaciones remarcan que seguirán trabajando para que no haya «ningún retroceso en todo lo conseguido», como proclama STEPV.
