Siguiendo a Paulo Freire como profesorado debemos debatir los problemas de la democracia y transformarlos desde el compromiso responsable porque, como decía, no somos seres de adaptación, somos seres de transformación.
Resulta incomprensible que un partido que se describe como demócrata, pacte con la ultraderecha y sea quien propicie la entrada en los gobiernos autonómicos y municipales a un partido sexista, racista, lgtbifóbico y que, además, presume, en la teoría y en la práctica, de preferencias franquistas y/o falangistas. Si no lo remediamos, además, la ultraderecha entrará, de la mano del PP, en el gobierno estatal. Existe una línea que ningún partido democrático debe traspasar,;esa línea la marcan los Derechos Humanos. Parece que todo vale para el PP cuando de arramblar con votos se trata.
El voto ciudadano, debería ser, siempre, un voto informado. Votar sin conocer lo que se vota no nos convierte en menos cómplices del desmantelamiento de la democracia que persigue la ultraderecha. Lo que está ocurriendo desde que la ultraderecha ha entrado en el poder político debería ayudarnos en nuestra decisión.
El debate televisivo entre los candidatos de los dos partidos mayoritarios hubiera podido ser una ocasión magnífica para ayudar a la ciudadanía en su reflexión, pero se convirtió en una bronca entre dos señores, incapaces hasta de respetar el turno de habla, con una ausencia de acción de quiénes hubieran debido moderar, impasibles incluso ante la profusión de bulos esgrimidos por el candidato del PP. No se puede justificar la ausencia de verificación de datos (fact checking) para detectar errores y noticias falsas en el debate.
La ultraderecha ha demostrado una falta de formación y de sensibilidad cultural que no se puede justificar de ninguna manera
Desde que ha accedido al poder la ultraderecha ha demostrado una falta de formación y de sensibilidad cultural que no se puede justificar de ninguna manera. Al estilo trumpista (uno de sus modelos, junto con Bolsonaro, eso ya debería ponernos en alerta) han atacado la cultura de una manera irracional, devastadora y peligrosa. En diversos ayuntamientos la ultraderecha ha censurado obras de teatro, incluidas clásicos como Orlando de Virginia Woolf, y ha pretendido censurar al propio Lope de Vega en La villana de Getafe, con unos argumentos tan rancios y ausentes de cualquier sensibilidad cultural y de formación literaria que evidencian el peligro de que ocupen un espacio institucional que debería defender la cultura, patrimonio de toda la ciudadanía. Ya existía el precedente del dramaturgo Paco Bezerra, Premio Nacional de Literatura Dramática, cuando los Teatros del Canal, dependientes de la consejería que presidía Marta Rivera de la Cruz en Madrid, retiraban Muero porque no muero, obra para la que había obtenido varias subvenciones europeas. Le dijeron que por motivos económicos, pero Bezerra denunció que Vox había presionado para evitar que se representara la obra.
El investigador Peio H. Riaño nos recuerda que en julio de 1944 la dictadura franquista prohibió la distribución de 1.000 ejemplares de la obra Orlando de Woolf, importados desde Argentina en 1937, nueve años después de la publicación de Orlando, con traducción de Jorge Luis Borges y Leonor Acevedo. Hasta el año 1978 no se pudo publicar sin censura.
El periodista Federico Biestro destaca que la justificación de Vox, para pedir que se censure la obra de Lope de Vega en Getafe, es que la concejala de cultura la considera una «perversión», por sus «insinuaciones sexuales”. Ese es el argumento que formó parte de las normas de censura cinematográfica, publicadas en el BOE el 8 de marzo de 1963, una época del franquismo ya considerada «aperturista».
El tiempo retrocede, la cultura y la vida democrática también
El cine tampoco se escapa. La concejala de cultura de Vox del ayuntamiento de Bezana (Cantabria) ha censurado la película de animación infantil Lightyear (Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures) de la programación del cine de verano, con el consentimiento de la alcaldesa del PP, por una escena en la que dos mujeres se besan en los labios. Esto no es gratuito, obedece a la ideología de la ultraderecha que es la que se pretende imponer a toda la ciudadanía.
La defensa de la identidad sexual diversa es un tema que atañe a toda la sociedad, a toda la ciudadanía, porque hablamos de un derecho humano
El Día del Orgullo, por primera vez desde 2015, la bandera arco iris no colgó en las Cortes Valencianas. La razón es que, gracias al PP, había sido elegida presidenta de las Cortes la señora Llanos Massó, dirigente antiabortista, que fue miembro de la plataforma Hazte Oír y que apoya la adopción del denominado “pin parental”, es contraria a los derechos del colectivo LGTBIQ+. El señor Abascal dijo que no celebraba el Día del Orgullo porque era heterosexual. Este es el nivel. No parecen haber entendido que la defensa de la identidad sexual diversa es un tema que atañe a toda la sociedad, a toda la ciudadanía, porque hablamos de un derecho humano.
La defensa de la igualdad también se encuentra en peligro. Básicamente se quiere acabar con todo el trabajo de tres décadas que ha favorecido la igualdad y ha permitido avanzar contra la violencia de género (VdG). Ni tan siquiera, como debe hacer la política que toma decisiones informadas desde la ciencia, se ha considerado que la investigación nacional e internacional en VdG ya ha demostrado que va más allá del entorno familiar y que, por ejemplo, se puede producir en relaciones esporádicas.
Negar la violencia de género en toda su extensión, intentar desmantelar todo aquello creado para combatirla, significa favorecerla. Además, quieren suprimir toda la legislación y las estructuras que han ayudado a mejorar la igualdad y, entre las medidas que sugiere su programa, se incluye su voluntad de suprimir el Ministerio de Igualdad. No olvidemos que el señor José María Llanos, diputado por Vox en las Cortes valencianas, a mediados de junio afirmó que “la violencia de género no existe, la violencia machista no existe”, poco después matizaba: “Me gustaría rectificar y condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, lo que niego es la existencia de la violencia de género”, incidiendo en el negacionismo de su partido. ¿De verdad todas las mujeres del PP están de acuerdo con lo que ha implicado el pacto con la ultraderecha? ¿no quieren una vida mejor para sus hijas, sus nietas, sus sobrinas, para todas las niñas y mujeres? ¿quieren colaborar a desmantelar todo aquello que ha mejorado la vida de las mujeres, de todas las mujeres?
La recuperación de la memoria histórica es otro de los temas que la ultraderecha pretende desmantelar. Como evidencia Enrique Díez (2020), el 17 de abril de 1998 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos recordaba: «el “derecho a saber”, en tanto que derecho colectivo, implica el derecho inalienable a conocer la verdad de lo que ocurrió y el “deber de recordar”». Díez argumenta está carencia educativa en su libro La asignatura pendiente. La memoria histórica democrática en los libros de texto escolares (Plaza y Valdés, 2020). Uno de los 50 puntos del acuerdo firmado PP y la ultraderecha para hacer presidente de la Generalitat a Carlos Mazón es la derogación de las normas que “atacan la reconciliación en los asuntos históricos”. Malos tiempos para la verdad, la justicia y la reparación.
La inclusión cultural la sustituye la ultraderecha por el racismo más cruel. En febrero de 2022 uno de los diputados de la ultraderecha expresó en el Congreso: “Ser español es mucho más que tener un papel, tener el DNI no significa ser español”. Los carteles, la propaganda y el discurso de la ultraderecha muestran claramente su racismo y su xenofobia, en su discurso que vincula inmigración y delincuencia, sin argumentario alguno. Por otro lado, la falta de rigor científico y sus discursos plagados de fake news, inciden en temas tan importantes como la negación del cambio climático.
En su programa la ultraderecha plantea, además, independientemente del proceso legal existente, acabar con las autonomías y, hasta que ese momento llegue, limitar las competencias autonómicas en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia. También pretenden suprimir todos los “organismos ideológicos” y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos. La alternativa se retrata por si sola.
Dentro de este desmantelamiento proponen acabar con el “apartheid lingüístico”. Ya tenemos muestras de cómo van a hacerlo. En todo el estado se han producido también acciones políticas municipales contra las diversas lenguas del Estado; es el caso, por ejemplo, de la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, ultraderechista que declaró en una entrevista radiofónica que «si se podía» se evitaría contratar artistas que se expresasen en bable. Tuvo que dar marcha atrás ante las protestas de artistas locales y la Academia de la Llingua.
En territorio valenciano se han producido cancelaciones de conciertos en catalán. Esta es la “defensa de las señas de identidad” valenciana que van a promover, ajenas al rigor científico, a la sensibilidad cultural y artística, desmantelando la industria cultural, lo que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras. En Borriana, el concejal de cultura de ultraderecha ha vetado las revistas escritas en valenciano de la biblioteca, incluidas revistas infantiles como Cavall Fort en la que han colaborado escritoras y escritores, ilustradoras e ilustradores o artistas plásticos relevantes, de la talla de Salvador Espriu, Mari Aurèlia Campany, Pere Calders, Montserrat Roig, Carmen Solé, Joan Miró o Antoni Tàpies. La valencianofobia de esta acción demuestra que la estulticia no tiene límite.
La ciudadanía valenciana, gracias al líder del PP, Carlos Mazón, tenemos un conseller de Cultura que se declara franquista
Carlos Flores, excandidato del partido de extrema derecha Fuerza Nueva en 1982, condenado por violencia machista en 2002, será el número uno de Vox por València en el Congreso de los Diputados gracias al pacto con el PP. Este señor declaró que Ovidi Montllor debe tener entre 10 y 15 seguidores. Ovidi Montllor forma parte de nuestra identidad valenciana por derecho propio. Fue un reconocido músico, que formó parte de la Nova Cançó, con catorce álbumes en su discografía. Además, fue un excelente actor que hizo su primera película con José Luis Borau y actuó en unas cincuenta bajo la dirección de Imanol Uribe, Carles Mira, Jaime de Armiñán o José Luis Cuerda, entre otros. Desde el año 2006 el Col.lectiu Ovidi Montllor, denostado por el ultraderechista, concede los Premios Ovidi Montllor a artistas valencianos-as que han publicado música en valenciano; a artistas con una aportación significativa a la música en valenciano y, a aquellas personas, medios o entidades destacadas en su promoción. El señor Flores, omitiendo todo esto y con su comentario, evidencia cómo entiende la cultura.
La ciudadanía valenciana, gracias al líder del PP, Carlos Mazón, tenemos un conseller de Cultura que se declara franquista, de profesión torero, y muestra en su cuenta de Facebook su duda entre diversos nombres para su caballo, entre los que incluye Caudillo o Duce.
¿De verdad quieren votar a una ultraderecha radical, neoliberal y ultraconservadora, con un discurso de odio hacia todo lo que consideran diferente? Que en las instituciones que deberían ser las garantes de la democracia se hayan introducido discursos como los que la ultraderecha ha defendido, debería hacernos pensar en votar, y en votar informadamente.
Apoyar a la ultraderecha no es ninguna tontería. El 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul Von Hindenburg nombró canciller de Alemania a Adolf Hitler, el líder del Partido Nazi. Él y su partido llegaron al poder a través de los procesos políticos legales de Alemania. Desde ese lugar destruyó la democracia.
En el acto “Viva 22” que Vox celebró con sus simpatizantes, actuó un grupo musical que cantó “Vamos a volver al 36”. Una exaltación del franquismo que en otros países europeos estaría penada. No queremos volver a un periodo en el que, por ejemplo, la educación de las mujeres impulsada por la falangista Sección Femenina se inspiró en la educación femenina nazi y en la fascista italiana, como ya ha demostrado la investigación educativa documentadísima de Begoña Barrera (Alianza, 2019).
Desde la educación debemos reconsiderar muchas cosas para educar a una ciudadanía ética y responsable, que distinga y rechace los mensajes de odio
Los datos del Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2022, presentado por el Ministerio del Interior, muestran que aquel año se investigaron un total de 1.869 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 3,7 % respecto a 2021. Los delitos de odio por racismo y xenofobia (755 hechos), son los más numerosos y suponen el 43,5 % de total de las denuncias. Le siguen los cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (459 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan aquellos vinculados al ámbito de las ideologías (245 hechos). En cuanto a la variación interanual, los delitos de odio por discriminación por razón de sexo y género son los que sufren un mayor incremento, un 76,6 % más que en 2021. Además, suben un 70 % los por aporofobia, y se incrementan un 22,2 % aquellos relacionados con el antigitanismo. Faltan los que no se denunciaron, los que se desconocen. El incremento en los porcentajes no es gratuito. Desde la educación debemos reconsiderar muchas cosas para educar a una ciudadanía ética y responsable, que distinga y rechace los mensajes de odio de todo tipo.
El catedrático de historia Contemporánea de la Universitat de València, Joan del Alcàzar, nos animaba hace poco a votar, unidos y unidas, el 23J con rebeldía democrática, para no dejar que vuelva a ganar el miedo, para no volver al pasado. Tiene toda la razón.
