No mires arriba o cómo la bajada de natalidad impactará en el sistema educativo

No hay (que sepamos) ningún cataclismo cósmico acercándose a la Tierra, pero la analogía parece, al menos en parte, razonablemente buena. La bajada de natalidad en España es un problema, en todo el país. Desde luego, afecta más a unas zonas que a otras, principalmente, al rural.

Lleva siendo un problema importante, el de la despoblación y el descenso de nacimientos, desde hace décadas pero no ha habido grandes políticas que hayan intentado revertir la curva, no al menos lo suficientemente efectivas.

A la larga será, según las predicciones del Instituto Nacional de Estadística, un problema serio. Al menos lo será para el sistema educativo. En la última década, la caída del número de alumnos, sobre todo el la educación infantil (todo llegará a la primaria y a la secundaria) ha sido de casi medio millón. El futuro depara una realidad todavía menos halagüeña.

A estas alturas, las administraciones educativas lo saben bien y han empezado a utilizar este motivo, la bajada de ratios, como palanca para realizar algunas medidas de planificación educativa. Principalmente para justificar el cierre de líneas, a veces de centros completos, por la bajada de natalidad.

No mires arriba

El informe de EsadeEcPol, titulado Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo realiza un análisis, con datos del INE, del futuro más o menos cercano de la natalidad para, plantear algunas posibilidades.

Sus autores plantean una dicotomía clara: no hacer nada al respecto de esta bajada del número de estudiantes e ir, poco a poco, cerrando líneas y centros, y, la otra, recopilar los datos disponibles y comenzar a planificar el sistema de otra manera para, en realidad, realizar cierres “quirúrgicos” de líneas y centros allá donde se decida para, de esta manera, reutilizar los fondos liberados en otros centros y otras políticas que puedan redistribuir los recursos, económicos, físicos y humanos, para mejorar el sistema en su conjunto.

Entre los datos que ofrecen en su documento, se encuentra un mapa en el que se puede ver cuál será la variación de alumnado entre este 2023 y el año 2037 (último de la proyección del INE) por provincias. Muy pocas de ellas ganan o mantienen su situación (Navarra, Murcia, Baleares…), mientras que la mayor parte perderán entre el 20 y más del 30 % de sus jóvenes menores de 15 años. De hecho, Zamora y Pontevedra pierden el 44 % de sus chicas y chicos.

Para ello, confía Lucas Gortázar, debería mantenerse una inversión por alumno, al menos, similar a la actual. Esto supondría que, en la bajada del número de alumnos, cada vez habrá más dinero para cada uno de ellos.

Confiesa el autor que, si por él fuera, estaría bien invertir un 5 % del PIB en educación, pero no cree que esto pueda llegar a hacerse y, de hecho, se remite al Plan de Estabilización enviado por el Ministerio de Hacienda a Bruselas en el que se habla de una inversión del 4,5 %. Una cifra que al investigador le parece razonable y que debiera mantenerse.

Bien es cierto que, efectivamente, el gasto medio por alumno ha tenido una línea ascendente desde hace 20 años, son la salvedad, no pequeña, de los años de la gran recesión que supusieron importantes recortes (cerca de 10.000 millones de euros, un punto porcentual del PIB aproximadamente). Tanto que después de 10 años todavía no se ha recuperado el nivel de inversión por estudiante.

El informe evita hablar de algunos puntos que parecen relevantes en toda esta discusión. En realidad, de uno, ¿dónde se cerrarán los centros?

El informe plantea, por ejemplo, la posibilidad de cerrar algunos centros que estén infrautilizados para poder concentrar más alumnado en otros garantizando, eso sí, la gratuidad del transporte escolar así como del comedor.
Esto invita a pensar en la escuela rural que es, en principio, la que tiene aulas más pequeñas en ratio y, por lo tanto, más caras.

El informe no lo dice con estas palabras y el propio Gortázar asegura que habría que tomar estas decisiones teniendo en cuenta cada situación, puesto que lo primero es garantizar el derecho a la educación. Desde luego, comenta, no pasaría por hacer pasar al alumnado dos horas diarias en un autobús para ir y volver del colegio o el instituto.

Daniel Turienzo, maestro e investigador, está realizando en estos momentos un estudio también relacionado con la bajada de la natalidad, sus efectos en el sistema educativo y las posibles medidas que se pueden llevar a cabo para aprovechar la situación.

Aunque coincide totalmente con el diagnóstico planteado por Gortázar y Galindo e, incluso, en algunas de las medidas que plantean, pone en foco en la necesidad de realizar una buena planificación que, primero, determine cómo de necesario es el cierre de líneas, por un lado y, por el otro, la elección de en qué red se realizan estos recortes.

De hecho, para este investigador, casi uno de los primeros pasos sería el de la modificación de la organización del sistema de conciertos, del que dice que “es una hipoteca para el sistema educativo”.

Señala Turienzo que las administraciones que quieren plantear una planificación de cierres de líneas y no quieren hacerlo sobre la pública, se encuentran con el impedimento que supone que los conciertos tengan una duración que, como mínimo es de cuatro años, pero puede ser de seis, ocho y hasta 10 años. Esto blinda tanto la situación que impide, a las administraciones que quieren, llevar los cierres a la concertada.

“La demanda de las familias no puede ser un vector con mucho peso en la decisión del cierre”, asegura, en referencia a la libertad de elección de centro que enarbolan sectores de la patronal de la concertada, los partidos conservadores y algunos sindicatos de la red privada sostenida con fondos públicos.

Gortázar asegura que han evitado conscientemente el debate sobre la doble red educativa porque entienden que lo más importante en este momento es poder poner sobre la mesa la situación que se dará en el futuro y hacer una llamada de atención sobre las acciones que pueden llevarse a cabo para paliar los efectos que, entienden, serían muy negativos si no se hace hada al respecto.

Luz Martínez Seijo, secretaria de Educación del PSOE y portavoz en la Comisión de Educación concuerda con los dos expertos en que “la bajada de natalidad es una realidad”. Asegura que comprende lo que el informe plantea “desde un punto de vista economicista”, aunque cree que “falta una visión global del sistema educativo”.

Esta docentes de inglés en Castilla y León y diputada socialista cree peligroso para la escuela rural lo que se plantea en el informe y asegura que iría en contra de la política del gobierno de lucha contra la despoblación en el medio rural.

Seis medidas posibles

Más allá de dónde habría que recortar el sistema educativo, si en la pública o en la concertada, si en capitales más o menos pequeñas o en el rural, el informe sí deja claras hasta seis propuestas para poder reinvertir los fondos que quedarían sin utilizar tras el cierre de líneas y/o centros.

Medidas que pasan por mejorar las condiciones laborales del profesorado, mejora de la situación de los centros que enfrentan peores situaciones, bajadas de ratios más o menos quirúrgicas… En algunas de ellas, Turienzo está de acuerdo, al igual que Martínez Seijo. Sería el caso de la mejora de las condiciones laborales.

Esta mejora no tendría que pasar necesariamente por la subida de salarios que, como comenta el investigador, la OCDE vuelve a mostrar que están entre los más altos de la organización y de la UE. Pero sí podrían plantearse complementos diferentes para la acción directiva o reducción de horas lectivas. Además, los investigadores señalan que estas mejoras podrían pasar por establecer sistemas de evaluación docente o, por ejemplo, «la ampliación del tiempo de permanencia en la escuela para facilitar una ampliación del tiempo escolar».

Junto a esto, la tan demandada bajada de ratios. Pero una bajada que no sería homogénea. Se aprovecharía la reducción del número de niñas, niños y adolescentes (NNA) según fuera avanzando el descenso mientras se invierte en infraestructuras y profesorado en los centros más demandados. Al mismo tiempo, podrían contratarse otros profesionales para añadir una línea en ciertos centros (ponen de ejemplo lo ocurrido el curso posterior al confinamiento). Dejan sobre la mesa las preguntas de hasta dónde bajar esa ratio profesor- alumno, el tamaño del grupo clase y en qué contextos sería más efectivo.

Turienzo se muestra de acuerdo con que la bajada de ratios es posible, aunque no universal. Sí para contextos más desfavorecidos y lanza una posible cifra de grupos de 12 chicas y chicos. Desde luego, tiene claro que una bajada de dos estudiantes por clase no tendría mayor efecto.

Junto a la bajada de ratios y la mejora de las condiciones laborales, señalan la necesidad de ampliar el tiempo escolar. La idea sería replantear la jornada intensiva en los centros para que la permanencia aumentase. A esto, habría que poner en marcha «programas de refuerzo en horario lectivo y no lectivo mediante desdobles, tutorías individualizadas o en pequeños grupos, así como, en general, una mayor oferta de actividades extraescolares».

Otra de las medidas pasa por cambios en los centros educativos en cuanto a sus prácticas que pasasen por promocionar la colaboración entre docentes. Hablan los investigadores de la oportunidad que se abre con la Lomloe para prácticas de codocencia y organización por ámbitos de las materias. Entiende que al reducirse la natalidad podrían utilizarse de manera diferente las infraestructuras y los espacios de los centros.

Las dos últimas serían seguir con la ampliación de la oferta de 0-3 años así como de la formación profesional. Al poder reestructurar la educación primaria y la secundaria por el descenso de estudiantes en ambas, se podría hacer crecer el de estas dos etapas no obligatorias. Daniel Turienzo también comenta que una posibilidad para evitar los cierres de centros podría pasar por la escolarización de criaturas de 2 años en colegios de primaria y, por otra parte, abrir los IES a más FP.

Finalmente, Gortázar y Galindo hablan de la necesidad de poner en marcha políticas para luchar contra la segregación escolar. Comentan que el descenso de la natalidad puede llevar aparejado el aumento de la segregación. Para ello habría que reequilibrar la oferta según descienda la demanda. «Esto puede implicar mantener abiertas algunas líneas o escuelas que, por razones puramente económicas, habría que cerrar», finalizan.

Aquí Turienzo está de acuerdo con la necesidad de poner mucha atención con la planificación que realizan las administraciones públicas si se quieren poner en marcha medidas para contrarrestar la segregación escolar que se puede producir con la bajada de la natalidad y la desición de cerrar determinadas líneas o centros.

Por su parte, Martínez Seijo defiende que dese la Lomloe y el Ministerio de Educación y FP muchas de estas medidas ya se han puesto en marcha y solo queda que las administraciones autonómicas las desarrollen por completo.

Desde hace tres años el negacionismo se ha convertido en algo cotidiano. Se niega el cambio climático, la legitimidad de los gobiernos, el uso de las vacunas para la erradicación de las enfermedades. Pero el descenso de la natalidad es insistente en las estadísticas.

Ha llegado el momento de que las administraciones públicas tomen medidas para enfrentar una realidad existente ya en muchos territorio pero que no termina de llegar a la discusión pública.