Hace unos días otro informe, en esta ocasión de EsadeEcPol, hacía un repaso de la caída de la natalidad y su efecto en el sistema educativo, principalmente, en los próximos años. No entraba en la peliaguda cuestión de la doble red educativa. Una zona en la que, sin embargo, la Federación de Enseñanza de CCOO sí ha querido entrar para certificar las grandes diferencias que se están ya viviendo desde hace algunos cursos entre la red concertada y la pública.
Según los datos oficiales que han utilizado, centrados en centros que impacten educación infantil (segundo ciclo) y primaria desde el curso 2017-2018 hasta el pasado 2022-2023, la educación pública, en el cómputo del país, ha perdido 202.094 estudiantes. La concertada, 102.265. Dos cifras que, de alguna manera, reflejan la representación de ambas redes en el país, dos tercios la pública, uno la concertada.
El agravio comparativo que denuncian desde el sindicato es el que se ha producido en el cierre de unidades en ambas redes. Mientras que en la pública se han perdido 3.490 en estos años, en la concertada se han cerrado, tan solo 72. De esta manera, porcentualmente, pública y concertada han perdido más o menos la misma cantidad de estudiantes (7,06 y 7,45 % respectivamente), cuando se miran las unidades cerradas, para la pública han supuesto el 2,51 % y para la concertada, el 0,13 %.
Las diferencias territoriales son muy importantes, tanto en lo relacionado con la desaparición del alumnado como de las unidades. También sobre las redes.
Los casos más destacados son los de Andalucía, Canarias, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y La Rioja. En estas seis comunidades el número de estudiantes de la concertada ha disminuido, mientras que el de las unidades crecía. Junto a estas autonomías, destacan también Castilla-La Mancha y las dos ciudades autónomas. Estos tres territorios pierden el 9.82, el 12.79 y el 6.05 de su alumnado de la concertada, pero las unidades no varían.
En contraposición, en cuanto a la red pública, hasta ocho aumentan sus unidades, cosa que no puede equilibrar el descenso en las otras nueve.
En el siguiente gráfico pueden verse las diferencias entre ambas redes en las comunidades que han decidido apostar por aumentar las unidades concertadas independientemente de la variación en el número de niñas y niños escolarizados.
Las explicaciones para este fenómeno suelen encontrarse, efectivamente, en la disminución de la natalidad y los efectos que ya se notan en los sistemas educativos de las diversas comunidades autónomas. Pero como denuncian desde CCOO, tanto su secretario general, Francisco García, como su secretario de Enseñanza Pública, Héctor Adsuar, algunas administraciones están castigando a la pública en comparación con la concertada.
Por eso han exigido algunos cambios para poder hacer frente a esta situación. Durante la presentación del informe han evitado hacer mención de medidas relacionadas con la red concertada para centrarse en las acciones que las comunidades podrían llevar a cabo para, al menos, no perjudicar a la pública.
Para ambos responsables, la clave para por aprovechar la caída del número de niñas y niños en las escuelas para hacer una bajada de ratios que permita una mejor y mayor atención a la diversidad. Adsuar ha asegurado que, aparejado a la bajada del número general de estudiantes, ha habido un aumento importante de niñas y niños con necesidades específicas de apoyo educativo y que este colectivo, en cerca de un 80 % de los casos se encuentra matriculados en centros públicos.
Por este motivo, desde la Federación de Enseñanza defienden que la bajada de ratio se realiza no de manera general, sino en relación al alumnado Acneae matriculado, así como otros perfiles no englobados en este grupo, como chicas y chicos con dislexia, discalculia, retrasos madurativos, quienes tengan desventajas sociales con desfase, con desconocimiento de la lengua o de incorporación tardía.
Esta situación es la que les lleva a demandar un aumento en la contratación, no no solo de unos 33.000 docentes más, sino de perfiles de PT y AL, que cifran en 21.7000 más; así como en refuerzos de los servicios de orientación de los colegios con otros 10.000 efectivos más. El sindicato plantea, además, un plan plurianual, de cinco años, tras el cual se hayan contratado hasta 85.000 profesionales.
También defienden que se haga una contratación de más de 19.000 especialistas que hagan las labores de coordinación de bienestar y convivencia que recoge la Lopivi. Que se cargue con esta tarea a cualquier docente o a alguien del equipo directivo, comentaba Adsuar «no es invertir en bienestar y convivencia. Para hacerlo, en todos los centros, añadir persona a tiempo completo».
