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La normativa que regula la inspección educativa que no está contenida en la Lomloe es un Real Decreto de 1995 que, aunque ha sufrido algunos cambios a lo largo de los años, no termina de responder a la realidad de un colectivo de 1.600 profesionales.
Las fuentes consultadas aseguran que el proyecto en el que se lleva negociando cerca de un año ha introducido algunas mejoras pero que, aún así, esperaban algunas más que, de momento, se han quedado en el cajón.
Para acceder al cuerpo hay que ser docente o haber ejercido la dirección durante ocho años. En el primero de los casos, ha de pasarse por un nuevo concurso oposición compuesto de tres pruebas diferentes. La primera, un examen sobre 50 temas. La segunda, una práctica sobre un supuesto que la persona aspirante ha de resolver. La tercera y última, la ponen las comunidades autónomas.
Es la primera en la que tanto Adide, asociación más representativa del cuerpo, como Usíe, sindicatos de inspectores, están de acuerdo en que hay que introducir cambios. Para ambas organizaciones debería ser una prueba tipo test en vez de la actual pregunta de desarrollo.
También exigen ambas organizaciones que la prueba sea más competencial y no tan memorística. «Acorde con los tiempos y que mira las competencias de los inspectores», explica Cristóbal Barea, presidente de Adide.
Aumento de nivel
Otro de los escollos que las organizaciones profesionales querrían superar tiene que ver con el nivel de quienes trabajan en la inspección. Actualmente están en el nivel 26, junto a, por ejemplo, catedráticos de instituto.
Por debajo, el profesorado de secundaria con un nivel 24 y, más abajo, en el 21, maestras y maestros. Como explica Jesús Marrodán, presidente de USIE, su objetivo, también el de Adide, es que se reconozca a la inspección como el nivel más alto del profesorado y que su nivel sea el 28, no el 26.
Marrodán defiende que no quieren ir en detrimento de las y los compañeros, «también somos docentes», explica y, de hecho, aboga porque se equiparen los cuerpos de primaria y secundaria en el nivel 24. «Esa diferencia antes podía tener sentido, pero ahora, ambos tienen estudios de grado y solo les diferencia un año de máster».
Barea recuerda que en el texto actual se dice que el de inspección es el más elevado de la carrera docente «pero no lo concreta», asegura. «Creemos que debe reflejarse en el nivel económico, como mínimo en el nivel 28».
Justifican ambos esta medida en diferentes motivos. Barea, por ejemplo, habla de que ellos ya son funcionarios y han de pasar una nueva oposición para acceder a la inspección, por ejemplo. Marrodán también habla de que tienen unas responsabilidades mayores puesto que, por ejemplo, entre sus competencias está la de la escolarización o la de abrir expedientes a otros docentes.
El texto ya pasó por el Consejo Escolar del Estado el pasado verano y hace unos días se estudió en la mesa secrorial con los sindicatos. Todavía le quedan varias etapas hasta su aprobación definitiva como el paso por el Consejo de Estado o el Congreso y ambas organizaciones esperan que todavía puedan hacerse cambios para mejorar la normativa.
1.600 inspectores para 30.000 centros
La inspección educativa está conformada por 1.600 profesionales que tiene que evaluar y fiscalizar el funcionamiento de más de 30.000 centros educativos. Trabajan con todos los establecimientos, desde infantil hasta la formación profesional o las escuelas oficiales de idiomas. Cualesquiera menos las universidades.
Esto deja una ratio media de 20 centros por cada profesional, aunque, como explica Barea, las diferencias autonómicas son grandes. Desde Andalucía en donde hay quienes tienen entre 30 y 35 centros a su cargo a otras en las que hay menos de esos 20 por inspector. «Esta situación influye mucho en el trabajo que se desarrolla», justifica Barea.
«Cuando la gente dice eso de que dónde estamos… lo entiendo», explica Madorrán quien cuenta que en muchos casos «estamos en el despacho haciendo papeleo». Este inspector comenta que a las y los directores, muchas veces, ha de explicarles que la burocracia también es un problema para él y sus colegas. Cada documento que se prepara en los centros ha de pasar la revisión de la inspección educativa.
Esta situación, la de las ratios, explica Madorrán, obliga que «nos centremos en lo más relevante: escolarización, búsqueda de recursos de educación especial, atender a las reclamaciones de las familias, realizar informes de cupos…».
A la cuestión de las ratios también se unen, desde el punto de vista del responsable de USIE el porcentaje de inspectores accidentales. No es que sean interinos, pero han de renovar el puesto cada año a la espera de que la administración autonómica de turno saque oposiciones.
Esta situación es tremendamente diferente según las comunidades y va desde la práctica inexistencia en Galicia a estar muy por encima del 60 % en Castilla y León, por ejemplo.
Para Marrodán, la estabilización de la plantilla es básica para, entre otras cosas, mantener la independencia de las y los inspectores con respecto a la Administración educativa. Para Barea, desde Adide, este no es el problema. La «accidentalidad» no debería repercutir en la independencia del inspector en tanto en cuanto es funcionario público de carrera y tiene asegurado su trabajo.
En cualquier caso, ambos responsables coinciden en la importancia de que se reduzcan determinados porcentajes de temporalidad entre los profesionales.
