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La educación inclusiva es un mandato legal, no solo integrado en la Lomloe, sino tras la firma por parte de España de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, allá por 2008.
Más allá de los ríos de tinta que se han escrito sobre este tema y las diferencias y divergencias dentro de sector de las organizaciones de familias y personas con discapacidad, había un importante debe en relación a lo previsto por la ley educativa: la redacción y puesta en marcha de un Plan Estratégico que diera cumplimiento al mandato de la adicional 4ª de la Lomloe.
Este año se cumple el quinto aniversario desde la aprobación de la Lomloe, el ecuador del periodo previsto por dicha ley para tener listo el plan estratégico. No puede decirse que no se hayan dado pasos, pero estos parecen discretos y un tanto tímidos.
Fuentes del Ministerio aseguran que se han iniciado “los trabajos para elaborar un plan estratégico de educación inclusiva que garantice que se da una respuesta educativa a la diversidad del alumnado”.
Comienzo de la negociación
Del contenido nadie suelta prenda, ni propios ni extraños, aunque desde Educación se asegura que sus objetivos generales “buscan garantizar que todo el alumnado, sin excepción, tenga acceso a una educación que responda a sus necesidades individuales y que promueva su pleno desarrollo personal, académico y social”.
Estas mismas fuentes aseguran que se están realizando reuniones con representantes de las comunidades autónomas, así como con las “principales asociaciones y otros agentes implicado”, también con expertos, para desarrollar el contenido.
Cuando el Ministerio habla de principales asociaciones, y por lo que este periódico ha podido averiguar, se refiere al CERMI, en el que se engloban algunas organizaciones como Plena Inclusión o Down España. Fuera se ha quedado Solcom, al menos de momento, según estas mismas fuentes, a pesar de ser la organización que promovió la denuncia contra España ante la ONU por el incumplimiento, precisamente, de lo relativo a educación inclusiva que recoge la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Con nosotras no están hablando”, asegura Mar Álvarez, presidenta de Solcom. Califica de muy indignante haberse enterado por terceras fuentes y que “solo se cuente con una parte del sector”. Solcom, sin duda, es una de las organizaciones con mayor implicación y más críticas con las políticas del Estado Español. “Hay un claro retroceso en la Convención”, asegura Álvarez.
Desde el Ministerio aseguran que en próximas rondas de conversaciones se incluirá a otras organizaciones.
De lo poco que se sabe es que “el Plan incluye, entre otros temas, la formación permanente del profesorado, la colaboración entre los centros ordinarios y los centros de educación especial o la creación de entornos escolares accesibles y seguros para todo el alumnado”, según han explicado desde Educación.
«Se trata de tener un marco estratégico que se dirija a un sistema educativo inclusivo para el conjunto del alumnado»
Desde el CERMI, la responsable de temas educativos es Carmen Jáudenes, directora, a su vez, de Fiapas (Confederación Española de Personas Sordas), explica que entorno a Navidades, el CERMI fue convocado para explicarles el plan de trabajo, los objetivos del documento y los ámbitos en los que se trabajaría.
Sabe que con las CCAA se ha avanzado ya parte de ese trabajo, más que con las entidades, porque se comenzó con anterioridad. Jáudenes se congratula porque Educación haya comenzado los trabajos que, según cree, habrán terminado para finales de este año. “Se trata de tener un marco estratégico que se dirija a un sistema educativo inclusivo para el conjunto del alumnado”, dice.
Jáudenes cree que habrá debates de fondo “a los que no hemos llegado todavía” como cuestiones relacionadas con la formación, la toma de conciencia, los recursos, los apoyos necesarios. Elementos en los que habrá que contar con diferentes voces: administraciones, alumnado, familias, profesionales.
Hasta ahora, existe un documento inicial que ha salido de las reuniones de las administraciones educativas. No hay una puesta en común con las propuestas de las entidades.
Debates de fondo
El mayor escollo, como se ha visto en los últimos años en el propio corazón del movimiento asociativo, tiene que ver con la misma definición de escuela inclusiva. Esto provoco duros enfrentamientos con la ministra, Isabel Celaá poco después de la aprobación de la Lomloe con la patronal y grupos de familias que se agruparon bajo el paraguas de ‘Inclusiva sí, especial también’, una plataforma que hoy día no parece estar en funcionamiento.
Defendían que la educación inclusiva también es la escolarización en centros de educación especial. La Convención y sus representantes son claros, la inclusión solo es posible en centros y aulas ordinarias, con el común del alumnado y los apoyos y recursos que sean necesarios para garantizar la escolarización, la participación y la calidad educativas.
Las implicaciones de esta discusión se traducen, entre otras muchas cosas, en la necesidad de un cambio en la mirada que se pone en las personas con discapacidad y, por otra, en los recursos que se ponen sobre la mesa para hacer efectiva la educación inclusiva.
Hace unos meses, Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad del Alto Comisionado de Naciones Unidas, se mostraba clara ante la pregunta ¿Qué es educación inclusiva?: “La Convención te dice que es educación en un aula regular, en donde todos los alumnos con y sin discapacidad puedan educarse”.
Jáudenes explica que, a pesar de las diferencias internas en el CERMI (por tipo de personas representadas e intereses, a veces, muy diferentes), están alineados con la Convención, pero hay que tener en cuenta que “la diversidad del alumnado es enorme y hay que buscar respuestas en los entornos inclusivos y con recursos que hagan posible esa educación”.
Ignacio Calderón, docente de la Universidad de Málaga y una de las voces más autorizadas en cuando a la educación inclusiva del país, explica que «vamos a peor». Desde su punto de vista ahora hay una mayor segregación «que cuando se aprueba la Lomloe o la Convención». Este experto cree que estamos en un momento en el que la gente cree que estamos mejor que hace años y, además, mucha gente opina que efectivamente, estas niñas y niños están mejor en centros o aulas específicas.
La epítome puede ser el ejemplo de hace unas semanas, cuando el Rey, Felipe VI, y la ministra, Pilar Alegría, entregaban Premio Princesa de Girona Escuela del Año 2023 a un centro de educación especial
Las tozudas cifras
“Desde que la educación inclusiva es un derecho humano fundamental, en España los centros y aulas han aumentado un 58 %”, explica Ignacio Calderón.
Este profesor ha hecho repaso de algunas de las cifras relativas a centros de educación especial y a las aulas especificas en centros ordinarios, “el gran caballo de Troya”, como las llama, dentro del sistema educativo. Unas aulas, además, que aumentan más en la red pública que en la concertada o privada.
Estas aulas, como las TEA, por ejemplo, también son señaladas por la Convención y su comisión de seguimiento, como parte de un sistema segregador. Calderón explica que mientas que desde la ratificación de la Convención los centros de educación especial prácticamente no han aumentado, ha habido un importante crecimiento de las unidades dedicadas al alumnado con necesidades. Tanto las de estos centros como las específicas en centros ordinarios.
El gran crecimiento en unidades se ha producido, ademas, principalmente tras la entrada en vigor de la Lomloe y ha servido para absorber a los miles de niños y niñas que han sido escolarizados en ellos. Aunque el crecimiento no ha sido homogéneo en todas las comunidades autónomas. Andalucía, Madrid y Canarias son las que han tenido curvas ascendentes más pronunciadas.
Otras han intentado el viaje inverso, como Cataluña, en donde hubo un notable descenso para, después, mantener un ritmo constante de escolarización. El nuevo decreto de escolarización parece haber tenido un impacto importante en la entrada de niñas y niños con necesidades en centros ordinarias, aunque su alcance parece limitado.
Todo esto ha venido acompañado, obviamente, por un aumento del capital invertido en sostener esta educación especial. Desde 2012 el aumento del presupuesto ha sido constante y rápido: 676 millones de euros hasta 2023.
