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Un 53 % del claustro de los centros de máxima complejidad de Cataluña ha sido sustituido en cinco años, entre el período 2018-2025, una rotación que penaliza la estabilidad de la plantilla y de las políticas educativas.
Esta es una de las conclusiones de una encuesta realizada a 852 docentes y 68 entrevistas en profundidad presentada este martes por la Fundación Bofill. El estudio pone de manifiesto que el tiempo, la estabilidad y los instrumentos útiles de evaluación son necesarios para mejorar el aprendizaje y el bienestar del alumnado de los centros de máxima complejidad.
El 85 % de los encuestados pide plena autonomía para decidir métodos de enseñanza y criterios de evaluación con el fin de innovar y personalizar la enseñanza, pero esta petición choca con la elevada inestabilidad de los claustros.
Esta excesiva movilidad, indica el estudio, perjudica particularmente al alumnado de los centros vulnerables, a los profesionales de referencia y los apoyos estables, y al vínculo con la escuela y los estudios. Además, es en estos centros donde suele haber más alumnado nuevo una vez comenzado el curso, lo que se conoce como matrícula viva.
Justicia social
El catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y uno de los autores de las investigaciones, Toni Verger, ha indicado que “priorizar estos centros es una cuestión de eficacia, pero también de justicia social”. Verger ha destacado que el profesorado de los centros de mayor complejidad percibe tres veces más apoyo y colaboración entre compañeros que en el resto de centros, “un valor positivo que también hace pensar en todo lo que están supliendo estos profesionales”.
Por su parte, el director de la Fundación Bofill, Ismael Palacín, ha subrayado que “ni la pobreza, ni la matrícula viva, ni las complejidades son un problema ‘de los otros’”, ya que los centros de máxima complejidad suponen un 24 % en Cataluña, por lo cual “no son una excepción y merecen una prioridad”. “Sin una política pública comprometida, difícilmente estos centros podrán salir de la situación de aislamiento y no mejoraremos los indicadores del conjunto del sistema educativo”.
En este sentido, el estudio constata la apuesta de los centros más complejos por mejorar los aprendizajes pero, al mismo tiempo, demuestra los “límites” que sufren para hacerlo en condiciones. Como ejemplo, remarca que quieren utilizar las pruebas de competencias para mejorar resultados, pero disponen de menos tiempo y menos instrumentos que el resto de centros: un 60 % del profesorado de los centros complejos ve difícil aprovecharlas, mientras que en el resto el porcentaje baja hasta el 37,5 %.
El informe detecta que los centros de elevada complejidad acaban priorizando y centrándose en cuatro estrategias: escuelas “orientadas a la eficacia”, para obtener buenos resultados; “hiperactivas”, que apuestan por el bienestar emocional; “voluntaristas”, preocupadas sobre todo por la inclusión, y “resignadas”, que perciben muchas limitaciones y ponen el foco en las competencias más básicas.
Propuestas
A partir de la investigación, el informe plantea un decálogo de propuestas para consolidar los centros profesional y educativamente:
- Formación y reconocimiento. Incentivos de formación, reconocimiento, acompañamiento y desarrollo profesional, reduciendo la carga de horas lectivas.
- Menos horas de docencia. Reducción de una hora de la carga lectiva del profesorado en centros públicos de muy alta complejidad, que se puede dedicar a la preparación de actividades de aula e individualizadas y a la coordinación con profesionales docentes y no docentes.
- Facilitar el intercambio de experiencias y el trabajo desde el territorio. Promover la participación activa de los centros más vulnerables en redes de intercambio de experiencias y mejorar la coordinación con otras escuelas y agentes educativos de la zona educativa para dar una respuesta comunitaria a los retos educativos.
- Más apoyo de la inspección educativa. Que cada centro de alta y muy alta complejidad cuente el doble que el resto a la hora de establecer ratios de inspección. Un programa de formación para la inspección educativa sobre el apoyo a los centros.
- Financiación por fórmula. Incrementar los recursos y los profesionales docentes y no docentes de los centros más vulnerables. Disponer de mecanismos de diagnóstico más precisos con los que asignarlos en función de las necesidades educativas de los centros.
- Incrementar el apoyo administrativo. Dotar a los centros de alta y muy alta complejidad con media dotación más de apoyo administrativo para liberar a los equipos directivos y docentes de tareas de gestión.
- Instrumentos cualitativos de evaluación. Fomentar instrumentos cualitativos con feedback docente por parte de la inspección y otros agentes educativos, como la observación de aula, la evaluación entre iguales, la co-docencia, el seguimiento de portafolios o la autoevaluación.
- Consolidar las pruebas diagnósticas anuales a todo el alumnado de 4º de primaria y 2º de ESO. Para identificar al alumnado con carencias y facilitar una evaluación útil y formativa a los centros.
- Pruebas de competencias básicas cada dos años, al final de etapa y a una muestra representativa. Para reforzar su valor de monitorización del sistema y de recogida de información relevante para la mejora de las políticas educativas, minimizando la presión sobre los centros y el alumnado.
- Permitir que las pruebas internacionales puedan detectar las necesidades de los centros de elevada complejidad. En el caso de PISA, comportaría doblar la muestra actual de centros participantes, pasando de 51 a 100 centros en la edición 2025.
