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Alerta de spoiler: no hay ninguna referencia a la revisión de las ratios de alumnos por aula o alumnos por profesor en las 67 páginas de documento con el que se cierra una colaboración de tres años entre las tres instituciones supranacionales y nacional cuyo objetivo es plantear un plan de acción para rebajar el abandono temprano (AET) hasta el objetivo europeo del 9 % para 2030. España está ahora en el 13,9 %.
La primera de las recomendaciones que hace el documento presentado por la OCDE, la Comisión Europea y el Ministerio es la creación de un índice de vulnerabilidad escolar, igual para todo el país y que sirviera para «identificar y asignar recursos a los centros educativos», reza el texto. El índice podría tener un componente igual para todos los territorios y otro que puedan manejar las comunidades autónomas según sus necesidades.
El plan de acción sugiere la posibilidad de realizar importantes reformas en la manera en la que el profesorado no solo es seleccionado para realizar los estudios conducentes a la profesión, sino también en su acceso a la función pública docente.
El papel del profesorado
Los autores del texto, según la información que han recogido después de hacer encuestas y grupos de discusión con diferentes actores del sistema educativo, han llegado a la conclusión de que es necesario revisar los procesos de contratación y selección de aspirantes para que puedan garantizarse sus habilidades y competencias en relación a la gestión de la diversidad.
Esto se concretaría en la reforma de los criterios de entrada a los estudios de educación, «siguiendo los ejemplos de Países Bajos y Finlandia», para que tuvieran en cuenta «las competencias socioemocionales» y así se reflejara «mejor la compleja naturaleza del ejercicio de la docencia», explica el texto.
De igual manera propone cambiar el acceso a la profesión para que las oposiciones dieran más peso a «la motivación, las habilidades socioemocionales y la actitud de los futuros docentes». Elena Arnal, una de las firmantes del texto y encargada de su presentación también ha hablado de la necesidad de que el prácticum tuviera más importancia y peso a la hora de acceder a la profesión y a la necesidad de una mejora de la formación, «sobre todo de los turores», para poder ser capaces de hacer una identificación temprana del alumnado que se encuentre en riesgo de abandono temprano.
El documento apunta también a la posibilidad de incentivar de alguna manera al profesorado que trabajase en los centros que se detecte que tienen necesidades con «el pago de retribuciones y la contratación de profesores sustitutos».
También se señala a las direcciones escolares y se pide que se revisen los criterios de contratación de las y los directores para que tengan más liderazgo educativo, «capacidad de innovación y conocimiento de los procesos administrativos y presupuestarios», ha explicado Arnal. Otro de los factores para mejorar las direcciones pasaría por aumentar las retribuciones («hacer un esfuerzo por mejorar el atractivo de los salarios», dice el texto) para que estas no afecten «negativamente a la oferta de candidatos y en la creación de una plantilla de liderazgo escolar de calidad».
En lo relativo al personal, también se pone el acento en «la cantidad y calidad de los profesionales especializados» que trabajan en centros educativos como trabajadores sociales, orientadores o psicólogos escolares. En este sentido se habla de lo que podría llamarse un mapeo de estos perfiles para conocer dónde están trabajando y estudiar la manera de mejorar la distribución por el territorio para mejorar su reparto a lo largo de la red de centros.
Índice de vulnerabilidad
Volviendo al inicio del plan propuesto, se hace necesario tener una base de datos homogénea de la que salga un índice de vulnerabilidad de centros educativos. Un índice con una parte común (para poder ser comparada con todo el país) y otra variable en función de las realidades autonómicas. Como insistiera Elena Arnal en la presentación, los centros educativos ya poseen una gran cantidad de información sobre la situación personal y social de su alumnado y habría que estudiar la manera de compartir esa información, siempre dentro de la protección de los datos personales.
Este índice tendría que actualizarse y suponer, en cualquier caso, la puesta en marcha de medidas concretas en los centros que se encontrasen en peores circunstancias. Todo ello con el objetivo primordial de la bajada del abandono escolar temprano. Gracias a la creación de este índice sería posible, entienden sus autores, crear un «marco regulatorio para el reparto de recursos educativos. Más recursos para los centros en peores circunstancias», explicaba Arnal.
También se entiende como necesario unificar las definiciones de absentismo escolar, de alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo y de alumnado con necesidades educativas especiales, puesto que hay divergencias entre las comunidades autónomas. Una vez unificados podrían utilizarse en el índice de vulnerabilidad.
Apoyo al alumnado
La tercera recomendación tiene que ver con las acciones encaminadas a apoyar al alumnado. Entre estas medidas estaría la de dotar con subvenciones a los centros vulnerables para que puedan realizar medidas de apoyo. También ponen la mirada en la disminución de la repetición como factor que influye en el AET, por lo que defienden otras maneras de evaluar y calificar para evitar esta repetición.
La «cultura de la repetición», que se ha señalado en varias ocasiones en la presentación, efectivamente, está en el punto de mira. Se propone la puesta en marcha de una campaña de comunicación para concienciar de los riesgos e inconvenientes sociales y personales que trae aparejada la repetición.
En este sentido también se habla de la necesidad de revisar la política de elección de centro tanto en la pública como en la concertada para que el alumnado vulnerable estuviera equilibradamente repartido en ambas redes. Tal vez con reservas de plaza o con sistemas de sorteo para la asignación de plaza en los centros en los que haya una alta demanda. Es «preciso limitar la capacidad de los centros públicos y concertados para seleccionar a los alumnos». También que se tenga en cuenta la matrícula viva y la posibilidad de que haya oficinas en las localidades para que las familias obtengan la información necesaria para pedir plazas.
En este apartado también se apunta al refuerzo de la orientación educativa y profesional en los centros educativos. De nuevo se habla de subvenciones a los centros vulnerables que se podrían usar para garantizar tener personal suficiente en función de sus necesidades.
Al mismo tiempo se apunta a la posibilidad de incluir asignaturas en la ESO relacionadas con el trabajo, algunas posibles estancias en empresa o acciones similares para que chicas y chicos tuvieran una información más cercada del mundo laboral.
Flexibilidad curricular
El informe felicita, de alguna manera, por el hecho de que la Lomloe suponga una mayor flexibilidad curricular que pueda ayudar al alumnado a conseguir sus objetivos educativos. Señala la ventaja del aprendizaje competencial como una clave para responder a las diferentes necesidades del alumnado.
También se ve un punto importante la nueva ley de FP. Se alienta a que se desarrolle una campaña nacional de concienciación sobre la calidad y pertinencia de estos estudios. De la misma manera se propone la puesta en marcha de incentivos fiscales para animar a las empresas a participar, aumentar la flexibilidad en el grado medio y a que se anime al estudiantado que ha abandonado a buscar escuelas de segunda oportunidad o centros de educación de personas adultas para retomar los estudios.
Intercambio de datos
Dado el trabajo conjunto que se ha venido realizando en los últimos años entre los organismos internacionales, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, se pone sobre la mesa la necesidad de que estos dos últimos continúen con la colaboración e intercambio de información.
También se ve la necesidad de apostar por la evaluación de las políticas educativas que se ponen en marcha. Una iniciativa poco común en España. Compartir conocimientos y buenas prácticas entre administraciones de diferentes niveles en relación a autoevaluación y sobre evaluaciones externas para que se pueda garantizar la eficacia de las diferentes medidas llevadas a cabo.
El documento habla de la posibilidad de que la inspección educativa realice ciertos trabajos de supervisión en los centros dentro del índice de vulnerabilidad para detectar problemas y buenas prácticas que tener en cuenta en su caso.
Sobre la evaluación de políticas, el documento explicita que: «Deberían promoverse sistemáticamente las evaluaciones previas o la realización de estudios piloto para valorar soluciones y posibles modificaciones antes de decidir sobre su implantación».
También se habla de seguimientos longitudinales de los alumnos en riesgo de abandono desde la educación primaria hasta la ESO para poder responder cuestiones importantes como cuándo abandonan o qué factores influyen en esta situación.
El informe íntegro está disponible en el siguiente enlace: https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dfc2b891-e621-40e3-babf-6a8aea316173/aet—informe-final-con-portadas.pdf
