Desde el día después de las elecciones autonómicas, la inquietud comenzó en ciertas comunidades autónomas en relación a la política lingüística desarrollada por los anteriores ejecutivos. Sobre todo, en la Comunidad Valenciana y en Baleares.
Los acuerdos de PP y Vox para alcanzar el gobierno en ambas, tienen al castellano como una de las puntas de lanza en un intento por «defender» al idioma frente a lo que creen que es un agravio comparativo constante por parte de quienes quieren utilizar, por un lado, el valenciano y, por otro, el balear en la escuela.
En el caso de Baleares la idea es volver a un modelo que se había dejado atrás hace dos legislaturas, el de la libre elección por parte de las familias de cuál es la lengua en la que se escolarizan sus hijas e hijos. Un modelo que a buena parte de la comunidad educativa le pareció un ataque y que ahora ven cómo sale de nuevo del cajón.
Tanto el PP como Vox, ahora, llevan en sus programas electorales la cuestión lingüística como mantra habitual. «Aseguraremos el derecho a ser educado en español», es lo que la formación de extrema derecha escribe en su programa de cara al próximo domingo.
Pero no solo es una declaración de intenciones. Se convierte casi en amenaza cuando el partido continúa asegurando que perseguirán a las autoridades que impidan el derecho a ser educado en dicha lengua. A esto se suma la promesa de implantación de una inspección educativa efectiva y «con poderes suficientes» entre los que se incluya «un duro régimen sancionador”.
El PP se muestra menos beligerante y hablan de «equilibrio lingüístico» y señalan que las diferentes lenguas cooficiales «tendrán la consideración de vehicular».
Como cabía de esperar, la Generalitat catalana ha respondido y lo hizo ayer en rueda de prensa la consellera de Educació, Anna Simón, para presentar un ‘Plan de fomento de la lengua catalana en los centros educativos 2023-2028’, como informa Ana Basanta.
La medida, ha dicho Simó, quiere “garantizar que la escuela catalana sea ejemplo de equidad, cohesión e inclusión social, e igualdad de oportunidades, con la lengua catalana como vehicular”. Con este objetivo, se despliega el proyecto de decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, que este lunes 17 de julio entra en trámite de información pública hasta el 15 de septiembre. Se trata de un decreto de Govern que, teniendo en cuenta las aportaciones que recibirá y el tiempo de tramitación previsto, se aprobaría en abril de 2024.
Ante lo que calificó como “la oleada reaccionaria de la ultraderecha», asumida por la derecha también, “no permitiremos el retroceso de los derechos lingüísticos en Catalunya porque están intrínsecamente ligados a los derechos sociales y al modelo de país que queremos. Hay un acuerdo social amplio que desde el Departament trabajaremos para mantener y para fortalecer”, ha añadido.
El ruido habitual en relación de las lenguas suele centrarse en el catalán desde hace décadas. A pesar de eso, en los últimos meses también ha habido ruido mediático, aunque mucho más reducido, en relación al cambio de ley de de Educación en Euskadi.
El nuevo texto legal, que entró en el Parlamento vasco en la primavera pasada, prevé que el euskera sea el eje de la escolarización. Faltan muchos detalles, pero la ley prevé que al terminar la educación primaria todo el alumnado alcance el nivel B1 en euskera y castellano y el nivel B2 al terminar la educación secundaria obligatoria.
Uno de los puntos que están pendientes del debate es qué ocurrirá con los modelos de escolarización actuales: A, B y D, es decir, modelo principalmente en castellano, mixto y en euskera, respectivamente. No aparecen descritos en el nuevo texto legal, aunque, según diferentes informaciones, desde el Ejecutivo de coalición entre PNV y PSE-PSOE, se asegura que se mantendrá como hasta ahora. Se ha renunciado al modelo de inmersión lingüística desarrollado en Catalunya, aunque, según el borrador de ley, los centros educativos tendrá que desarrollar un proyecto lingüístico para adaptarse a su realidad sociolingüística y conseguir los objetivos de titulación previstos para primaria y secundaria.
Garantías jurídicas en los centros
El Plan de fomento de la lengua catalana en los centros educativos 2023-2028 tiene diez medidas, algunas de las cuales ya están en marcha. La primera es aprobar y desplegar el proyecto de decreto de régimen lingüístico del sistema educativo, que quiere dar garantías jurídicas en los centros educativos y tiene que servir para desplegar el título II de la Ley de Educación de Catalunya (LEC) del 2009. Simó ha confiado en que salga un texto “robusto y consensuado”.
El proyecto de decreto pone énfasis en que hay que elaborar, aprobar, evaluar y revisar los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) y en que el responsable último de estos PLC es el Departamento, con la consellera al frente. Remarca el carácter vehicular del catalán, así como del aranés en el Arán, y quiere asegurar la acogida personalizada y en catalán del alumnado recién llegado.
En este sentido, el texto remarca el carácter compensatorio de las desigualdades de origen que tienen los aprendizajes lingüísticos, así como la adecuación del modelo lingüístico.
El proyecto de decreto también establece como requerimiento el nivel C2 de catalán para acceder en la función pública docente a partir del curso 2025-2026. Esto incluye todos los procesos de nueva incorporación y está previsto tratar con la mesa sindical qué ocurre con los docentes que están en activo actualmente.
Otras medidas
El resto de las medidas previstas en el plan presentado ayer pasan por facilitar más recursos de acogida para el alumnado que no habla el catalán; mejorar competencia oral del alumnado y la lingüística del profersorado; la formación lingüística de las familias; realizar modificaciones en los currículos del máster de secundaria; hacer el seguimiento de la competencia lingüística del alumnado y, finalmente, continuar y reimpulsar los planes educativos de entorno junto a los ayuntamientos.
