Vicent Marzà (Castellón, 1983) es, desde hace casi dos años, el consejero de Educación del tripartito que gobierna en la Comunidad Valenciana. Se ha convertido en un referente por las políticas en relación a la lengua, las obras públicas en centros educativos, los conciertos escolares o la introducción de aulas de 2 años en colegios públicos.
También se ha ganado unas cuantas críticas y alguna que otra tirantez por parte de una comunidad educativa que en ocasiones esperaba más, y en otras, vive con la sensación de incertidumbre tras 20 años de un mismo gobierno.
¿Qué balance hace después de dos años?
Muy positivo. Estamos muy contentos de los cambios. Hemos seguido dentro de nuestros ejes de actuación: por un lado revertir los recortes de los últimos años, con la mirada puesta en reducir y no reproducir las desigualdades.
Destacaría medidas como el banco de libros; tenemos más de 300.000 familias que tienen acceso gratuito en la escolarización obligatoria. Hemos aumentado la oferta de las becas de comedor a 10.000 personas más y a 54.000 a las que les pagamos el menú entero. Hasta ahora no había nadie.
Por otro lado, hemos empezado, aunque tenemos que trabajar este año, a poner en contacto al profesorado para fomentar la innovación, la renovación pedagógica.
¿Y qué no ha salido tan bien?
En ese afán de cambiar tantas cosas, ha habido al final del curso pasado, por ejemplo, demasiado trabajo burocrático en los centros. Venimos a cambiarlo pero por el hecho de tener que revertir toda la estructura administrativa de 20 años, hizo que se acumulara demasiado trabajo en los centros. Trabajo que no era pedagógico. Se tuvo que trabajar en mucho papeleo .
Papeleo producido por las becas o los libros de texto…
Sí. Para que hubiera 10.000 familias más y 54.000 que cobraran entero, tuvimos que cambiar todas las bases y convocatorias e hizo que las becas se resolvieran más tarde. Eso hizo que a última hora los directores, las directoras de centro tuvieran que estar haciendo papeleo. Eso no nos gusta, porque lo que queremos es que se dediquen a tareas pedagógicas.
¿Cómo es su relación con la comunidad educativa?
Tenemos una relación bastante buena. Aunque, como no puede ser de otra manera, a veces hay discrepancias. Pero a nosotros nos gusta caminar de la mano y construir entre todas y todos.
Desde que hemos entrado nosotros, la mayoría de dictámenes del Consejo Escolar Valenciano salen, si no por unanimidad, casi. Y es porque hay un proceso participativo que incluso empieza antes de lo obligatorio legalmente.
Procesos como el del decreto de plurilingüismo en el que nos reunimos, uno a uno, con los actores para preguntarles qué querían, y tuvimos en cuenta lo que nos dijeron para el primer borrador. Eso nos ayuda a ir más de la mano de la comunidad educativa.
No quita que uno tiene la responsabilizar de tomas las decisiones, y lo vamos a hacer. Y lo seguiremos haciendo. Pero de la mano de la comunidad educativa siempre que se pueda.
¿Tiene esto que ver con la concertada después del revuelo con el decreto de concierto?
Hablaremos con quien sea, las veces que sea y, de verdad, que si vemos que se pueden mejorar nuestras aportaciones, incorporamos aportaciones; también, de la concertada. Pero el eje está claro, tenemos el defecto o no, de cumplir el programa electoral. Y tenemos muy claro que la relación entre la administración pública y los centros que se conciertan debía ser de total normalidad y ateniéndose a la legalidad y al principio de concertar cuando es necesario, y no al revés.
Ha habido interpretaciones diversas, sobre todo por parte de algunas empresas que hacen negocio con la educación y que querían seguir teniendo unos privilegios. Nosotros hemos dicho que privilegios no, que están lo derechos por encima y que la gestión eficiente de los recursos públicos pasa por concertar cuando es necesario. Y eso es lo que hemos hecho con la nueva regulación del concierto de Bachillerato.
¿Cómo funcionará?
A partir de ahora, cuando se termina el contrato, que es este año, no se renovarán de forma automática todos los conciertos. Se harán nuevos conciertos donde haga falta. Con unos criterios muy claros: centros que atienden a población en riesgo de exclusión, que innovan y tienen experiencias interesantes para el sistema, aquellos que son cooperativas, los que atienden a necesidades del barrio o de la zona de escolarización… tendrán preferencia en caso de que haya más centros que demanden concierto de los que se necesitan.
Según su mapa de conciertos, ¿Se reducirán los conciertos?
Alguno seguro. Después de tantos años de una visión totalmente opuesta a la nuestra, no se ha estado sistematizando, planificando, construyendo centros públicos. Y hay mucha necesidad de concertar porque no hay espacios. En la ciudad de Valencia hay más Bachillerato concertado que público. Y eso es consecuencia de 20 años de no planificar, de no construir, de no apostar por la pública. Tendremos que ser muy claros. Primero es el servicio de educación pública. Seguro que habrá sitios en los que el concierto va a tener que seguir.
Llegó muy beligerante contra la Lomce: ¿la da por amortizada?
La Lomce debería estar derogada ya. La situación actual, los equilibrios parlamentarios en Madrid, en las Cortes, hacen que se deba trabajar más para que se derogue. No hay que reformarla, no hay que dulcificarla, hay que derogarla, porque va en contra de las bases de lo que la comunidad educativa necesita. Dicho esto, tenemos la obligación de cumplirla mientras esté vigente.
En Valencia se había sobredesarrollado la Lomce. Hemos revertido todo eso y queremos ir a los mínimos que por imperativo legal debemos de cumplir.
¿Qué priorizaría en el Pacto Educativo? ¿Qué papel tendrán las CCAA?
Un papel preponderante. Tenemos la competencia en educación. Somos los territorios los que decidimos, y sostenemos con nuestros recursos qué planificación, de qué manera queremos que nuestros centros eduquen. Por eso creo que estaría bien que una ley educativa estatal fuera de mínimos, de forma que la educación se descentralice mucho más. Para nosotros, donde funciona mejor, es donde los centros y las comunidades educativas pueden decidir más. Por eso es por lo que vamos a luchar, es lo que queremos aportar a este debate.Sabemos que es complicado porque la visión central de este estado no ha cambiado.
¿Más allá de la CCAA, hacia el municipio?
Nos gustaría que fuera la comunidad educativa, los centros los que desarrollaran más. Trabajamos en ese sentido. Es un debate que vamos a abrir a través de una ley valenciana de educación. Vamos a empezar una gira por el País Valenciá reuniéndonos con las comunidades educativas para que nos digan qué es lo que les gustaría que estuviera en esa ley.
Los docentes y los centros tienen que adaptarse a la realidad de los niños y para eso necesitan mucha más libertad. Y el currículo, por ejemplo, debería ser una cuestión totalmente de mínimos y la parte importante, que se desarrollara en los centros.
El 9M hay huelga de educación con apoyo en Valencia y con un mensaje también para la conselleria: mejorar las plantillas. ¿Cómo está el asunto?
Estamos a favor de derogar la Lomce y, por lo tanto, quienes trabajen para ello nos tendrán a su lado. Lo que hemos hecho ha sido ampliar las plantillas; en los últimos 4 años el PP echó a la calle a más de 5.000 maestros y profesores, maestras y profesoras. Nosotros estamos en más de 3.000 personas contratadas más.
Necesitamos recuperar las plantillas, que haya más profesorado. Se ha reducido la ratio, se está sustituyendo en la mitad de tiempo que con el PP. Estamos trabajando para que haya mucha más estabilidad, más presencia de docentes.
Pero no habrá oposiciones en 2017…
Hemos dicho que hay que planificarlas bien. Es mejor que uno se presente sabiendo que hay muchas plazas y que puede organizar su vida y puede presentarse con más posibilidades y no sacar tres oposiciones, una cada año, con pocas plazas. Preferimos acumular plazas.
Teníamos previsto batallar para que desaparezca la tasa de reposición. Madrid tiene que entender que no se puede continuar recortando profesorado. Y la tasa de reposición lo que hace es restringir el acceso del profesorado.
Es la voluntad de este gobierno dar estabilidad a las plantillas, reducir la tasa de interinidad, que es elevadísima y hace que el proyecto pedagógico de muchos centros no pueda continuar en el tiempo, y convocar más plazas. Por eso este año no hay oposiciones, acumulamos las plazas para los siguientes y batallamos la tasa de reposición.
¿Qué valoración hace del programa experimental de infantil?
La valoración es positiva en tanto hay mucha demanda. Las familias, los centros y los municipios nos piden más oferta de 2 años. En cuanto a la valoración pedagógica, no podemos sacar conclusiones en año y medio. Los indicadores que tenemos son buenos, con la mirada puesta en aquello que decíamos al principio: reducir desigualdades.
Estamos haciendo una oferta que complementa lo existente y que hace que muchas personas que hasta ahora no podían llevar a sus hijos a una escuela a los 2 años puedan. Y en muchos casos está ayudando a visibilizar la necesidad de apoyo en las familias, en el ámbito social, más allá de lo educativo.
Son como máximos 18 alumnos con un maestro o maestra de infantil y un educador o educadora infantil. Con dos personas dentro del aula. Creemos que es un buen ejemplo de hacia dónde deberíamos ir.
Ha habido críticas por la entrada de niños tan pequeños en colegios…
Para nosotros, es importante la escolarización a los 2 años y los estudios que hemos podido leer,dicen que lo es. Pensamos que de 0-1 a 1-2 las familias deberían poder estar con los niños. Es un debate que debemos lanzar. No puede ser que tengamos los permisos que tenemos, que una familia que acaba de tener un bebé tenga que llevarlo a otro lugar y no poder estar con él.
Entiendo las críticas si uno piensa que en las aulas de 2 años se va a hacer lo mismo que en 1º de Primaria: sentar a los niños (que tampoco debería ser así) y hacer fichas. Pero no es el caso, no es nuestra mirada. Donde hemos visto que no se ha hecho una educación adecuada a los 2 años hemos dicho que hay que cambiar. Tienen que estar educándose conforme necesitan. Y es lo que estamos trabajando.
Sobre el plan de plurilingüismo, sólo hay una cosa en que coincide todo el mundo: lo complejo que es. ¿Por qué?
Porque la realidad es compleja y uno tiene que adaptarse. Siendo ambiciosos y potenciar lo que realmente sería óptimo. Les pedimos a las universidades que nos dijeran cómo enseñar las lenguas para que, aprovechando la riqueza de tener una lengua propia y otra que compartimos con el resto del estado, se aprendan más lenguas. Nos dijeron que teníamos que hacerlo de un modo que hemos integrado en el decreto: lo que llamamos los niveles avanzados. La realidad es que no podíamos aplicarlo al conjunto de centros porque no hay profesorado formado y, socialmente, en municipios e, incluso, en gobiernos de progreso, no querían que fuera así.
Decimos que hay que partir de la realidad formativa de los profesores para llegar donde queremos. Y para eso hay que acompañar. Hay que hacer formación específica: no es lo mismo el contexto de una gran ciudad que el de una población del norte del País Valenciano que del sur. Tenemos realidades sociolingüísticas muy diferentes. Y el decreto debeía adaptarse par que se dominen el inglés, el valenciano, el castellano y tener nociones de otra lengua.
Eso ahora no pasa. Y lo que hemos hecho ha sido doblar el presupuesto de formación del profesorado. Tenemos el doble de formadores y casi el doble de presupuesto para cursos, jornadas, formaciones, material… y hemos hecho un nuevo proyecto de formación de profesores que enseñarán Inglés o en inglés, para que puedan salir al extranjero. Vamos a poner más de 2 millones de euros.
¿Qué es lo más importante? Cómo enseñamos las lenguas. Y el decreto, a diferencia de otros, es que habla claramente de aprendizaje integrado de lenguas, de cómo podemos traspasar los conocimiento de una lengua a otra, cómo coordinarlos, cómo aprovechar esos aprendizajes. Nos vamos a centrar ahí.
Ha habido quejas de que en los niveles más bajos no sales con nivel de valenciano mínimo: ¿coincide?
Lo que hacemos es que todos empiezan en un nivel y van avanzando. Estamos diciéndoles a los centros que nuestra opción, claramente, está en los niveles más avanzados. Aquel que venga de una situación equivalente a un básico y quiere apostar por niveles avanzados, va a ser preferente en la acción de la Consellería: en formación, incluso fuera de la escuela, dinamizando a la comunidad educativa para que entiendan qué está pasando en ese centro… Por eso hemos creado la figura de asesores de plurilingüismo que acompañan a las comunidades educativas en este proceso y que hay más en donde hay más necesidad de acompañamiento.
¿Qué pasa si un centro quiere tener como lengua vehicular el castellano?
Es que no estamos escogiendo. Hemos roto con el sistema pasado. Tenemos un mismo programa plurilingüe que avanza a medida que avanzas en el dominio efectivo de las tres lenguas. No vehiculas en una u otra. Para nosotros es importante que este proceso, y estamos seguros de que será progresivo, pero ha venido para asentarse. Para cambiar una realidad: que no se dominaban las tres lenguas. No puedes encontrar a nadie que no habla castellano, puedes encontrara a miles que no hablan valenciano, y puedes encontrar a casi todos que no sepan inglés. Para revertir eso hemos hecho el decreto con diferentes niveles y acompañamiento. El día 15 de marzo votan y veremos cuántos de ellos avanzan. Pensamos que habrá un buen resultado.
Un elemento que tal vez ha pasado por alto es el tiempo reservado para la comunicación oral.
Todo el mundo ha escuchado eso de: tantas horas de inglés y nadie lo entiende. No sabes ni hablar ni lo entiendes. Tenemos que poner el foco en cómo enseñamos.
Creamos un espacio, no una asignatura que se evalúe, dentro del horario que se trabajará la comunicación oral. Estamos seguros de que ayudará a tener otra mirada al aprendizaje de las lenguas. Uno debe aprender a comunicarse y a entender lo que le dicen.
Otro de los asuntos son las infraestructuras. ¿En qué punto se encuentra?
Este es otro de los momentos complicados de la gestión. Nos encontramos centros íntegramente en barracones cuando llegamos. El objetivo es que estén construidos o construyéndose antes del final de la legislatura. Estamos apostando bastante. Hicimos una planificación de infraestructuras. Hasta ahora no respondía a una necesidad la construcción de escuelas, si no al grado de amistad del consejero o consejera con el alcalde o alcaldesa. Y ha habido, presuntamente, indicios de que ha servido para otras cosas. como financiar partidos y no tanto para que los niños pudieran ir a la escuela.
¿Qué hemos hecho? Crear más de 35 plazas de arquitectos y arquitectos técnicos ingenieros, de servicio de contratación que no existían en esta casa porque estaba todo privatizado, para poder construir y licitar nosotros.
¿Qué resultados tenemos? Significativamente diferentes. El PP construía alrededor de 5 centros al año. Nosotros estamos ya en 30 en marcha. Hemos más que duplicado el presupuesto de infraestructuras. Estamos en 135 millones para este año. Estamos, sobre todo, planificando de forma ordenada.
¿El Vicent Marzà maestro, ¿aprobaría al Marzà consejero?
(Risas) Sí, aprobar aprobaría, pero seguiría exigiendo, claro; y es lo que se tiene que hacer. Yo le diría al consejero que está progresando adecuadamente, pero todavía tiene cosas que hay que mejorar mucho.
Cuando uno está en un centro educativo no sabe todos los problemas administrativos que hay, y es normal, no tiene por qué saberlos. Pero siendo conscientes de todos los avances que ha habido, yo estaría contento. Seguiría luchando para que hubiera más. Es lo que estamos haciendo. Sigo pensando lo mismo y, por eso, conmigo soy muy autoexigente. Y con todo el equipo.
¿Lo hemos hecho bien? Sí. ¿Hay cosas que mejorar? Claro. Queremos llegar más lejos. Creo que de triunfalismos ya se vivió demasiado, y nos llevó donde nos llevó. Somos personas humildes y lo que queremos es avanzar y que todo funcione.
