Mónica Sumay es la madre de una joven con discapacidad intelectual. Hace unos años se hizo famosa, con apariciones en televisión, después de comenzar una pelea de años contra la Xunta de Galicia para que su hija siguiera escolarizada en un centro ordinaria como lo estuvo hasta sus 15 años. En aquel curso, obtuvo un dictamen de escolarización que apuntaba a quela niña tuviera que ir a un centro de educación especial. Mónica no estuvo de acuerdo, y después de cinco meses consiguió que un juez devolviese a la niña a su colegio.
Tras este caso, relata, fue una de las personas que montó la asociación SOLCOM. «Quería devolver la ayuda que había recibido», relata, mediante la asociación. Fuera del ámbito de las familias de niñas y niños, de personas con discapacidad, es posible que no tenga mucha publicidad. Pero ha sido la «causante» del informe de Naciones Unidas sobre la sistemática vulneración que España hace en relación a la escolarización en el sistema ordinario de educación de personas con diversidad funcional.
Fue en 2014 cuando la organización decidió que dado el volumen de casos que estaban manejando por todo el país, era buen momento de denunciar al Estado por esta dejación de sus responsabilidades. «Debería suponer (el dictamen de la ONU) unos importantes cambios normativos, así como una importante inversión», espera Mónica.
En 2006 se firmó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Texto que España ratificó dos años después y que hoy por hoy sigue sin tener un desarrollo legislativo, y menos aún real. En 2011 el comité que vela por el cumplimiento de la Convención, recibió a una delegación española. Ya en su informe avisó a España de que era responsabilida de la administración el que los centros educativos tuvieran los apoyos necesarios para hacer posible la educación inclusiva de todo el alumnado. Poco o nada se ha llegado a realizar desde entonces.
Esa denuncia, la presentada por SOLCOM en 2014, es una de las solo seis que se han aceptado por parte de la Comisión. Es la única, hasta ahora, relacionada con la educación, según cuenta Mónica Sumay. Para ella, hechos como estos tendrán repercusiones mayores que las sentencias que venimos viendo en relación con la escolarización inclusiva en los últimos años.
Hace dos años, de hecho, ya el Comité emitió un informe en el que se hablaba de la necesidad de los ajustes razonables para las escuelas ordinarias. Un informe que ha acabado pesando en sentencias como la del Tribunal Supremo de hace unos meses. También en otras habidas en La Rioja o Galicia, por ejemplo.
Entre las muchas cosas que afirma el informe de la ONU, una de las más sonrojantes y contundentes es que: «El Comité destaca que la denegación de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad puede producirse deliberadamente, es decir, con la intención del Estado parte de cometer tales actos, o como resultado de leyes o políticas discriminatorias, con dicho propósito o sin él».
Cambios legislativos
Parece claro que el Estado, tanto en el Gobierno central como en los autonómicos, ha de reflejar lo que ratificó en la Convención. Hasta ahora, poco ha sido el traslado que se ha hecho en la normativa. El Comité de Naciones Unidas recoge en su informe que en 2017 ha habido algunos cambios en los decretos autonómicos en relación a la escuela inclusiva.
Para Sumay, sin embargo, «los nuevos decretos refuerzan ahora las aulas específicas dentro de los centros ordinarios», incidiendo en la integración, no en la inclusión. Critica esta madre y activista que, además, estas aulas se convierten en el lugar en el que los menores con diversidad funcional acaban pasando la mayor parte del tiempo que están en los centros educativos. Se convierten en una forma de segregación.
A esto se suma algo que también constata la ONU y es el hecho de que el sistema de evaluación y desición en torno a la escolarización hace mucho hincapié en lo sanitario. «Un sistema educativo que continua excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general».
Sumay, como tantas otras personas y organizaciones que trabajan con el sector de la discapacidad, reclaman un importante esfuerzo en la formación inicial y continua del profesorado, piedra de toque para cambiar la situación actual. En este sentido, la ONU constata que «la inclusión se entiende entre una gran mayoría del personal docente como un principio, una tendencia o un método pedagógico y no como un derecho». De ahí la importancia de la formación.
Segregación a pesar de todo
El Comité de la ONU viajó en 2017 a España para visitar centros educativos, hacer 165 entrevista y visitar diferentes comunidades autónomas para poder elaborar su informe tras la denuncia.
El texto no hace demasiadas concesiones y además de asegurar que una vez que un menor es sacado del sistema ordinario es prácticamente imposible que regrese a pesar de que haya revisiones posteriores de su caso, también resalta que la inclusión no se está garantizando en todos los ámbitos de la vida escolar.
Por ejemplo, pone el dedo sobre cuestiones como el transporte escolar o el comedor. Tiempos y espacios en los que en muchos casos, las personas con necesidades especiales están separadas del resto de compañeros y compañeras. O que los comités de evaluación de cada alumno hacen recomendaciones que «no incluyen medidas en relación al desarrollo y la adaptación del currículo para ajustarlo a progresos individuales del alumno en el aula ordinaria», por ejemplo.
La mayor parte del alumnado que acaba yendo a un centro de educación especial, según el Comité, se compone de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, con trastornos del espectro autista, hiperactividad y décifit de atención o con discapacidad múltiple. Y cuando no acaban en uno de estos centros, lo hacen en «proyectos que los separan de sus compañeros, con escasas oportunidades de salir de este sistema que los segrega de la sociedad», asegura el texto.
El gobierno aseguró a la ONU que el 99,6% de los niños con necesidades están en centros ordinarios, pero el «Comité observó que estas cifras disimulan un patrón de casos» en los que se segrega, en un sistema que «asume que la educación de ciertos alumnos con determinadas discapacidades solamente es posible en centros de educación segregada».
«El Gobierno, claro, habla de que el 99% de los menores con discapacidad están en el sistema ordinario, pero la realidad de las aulas en muy diferentes», afirma Sumay. «Falta voluntad política, no hablo de partidos porque la discriminación está en todos los ámbitos».
Naciones Unidas, de hecho, ejemplifica esta segregación dentro de los centros ordinarios asegurando, por ejemplo, que las estadísticas, en Cataluña dicen «el 88% de los alumnos con discapacidad pasaría el 100% del tiempo en un centro de educación especial; el 6% más de un 50%; el 4% menos del 50%; y tan solo el 2% pasaría el 100% del tiempo en un centro ordinario».
Y a pesar de que se han detectado algunos centros con «proyectos muy alentadores» son «de frágil sostenibilidad», «el sistema de exclusión discriminatoria se perpetúa».
